La decisión del gobierno de permitir que los civiles porten armas para la defensa personal podría provocar un aumento del contrabando de armas traumáticas y municiones desde Colombia, según los expertos.
Equipos no letales están disponibles libremente en Colombia y han tenido una gran demanda en los últimos años desde Ecuador. A menudo, se introducen de contrabando a través de cruces fronterizos no autorizados o se ocultan en vehículos ligeros. No existen restricciones y requisitos para exhibir y vender estas armas en los almacenes de Ipiales en Ecuador y Pasto en Colombia, ambas ciudades fronterizas.
Autoridades de la Brigada Andes, asentada en Tulcán, que controlan armas y explosivos, dijeron al diario El Universo que estos equipos estarían siendo suministrados a grupos criminales que operan en Guayaquil y en las costas de Ecuador. Los expertos dicen que el impacto de un arma de fogueo también puede provocar heridas incluso mortales. Las pistolas o rifles de asalto serían ingresados de contrabando y revendidos en el mercado negro cuando ingresan a territorio ecuatoriano, vendidos a valores que superarían el triple de su precio original.
En Colombia, un arma de fogueo cuesta entre USD 200 y USD 300, dependiendo de la marca, dijo al diario El Universo Pablo Yacelga, comandante subrogante de la subzona de Policía Carchi. Ese precio sube cuando se ingresa ilegalmente estas armas al país. El funcionario explicó que la policía ha intensificado los operativos en la frontera para evitar el ingreso de estas mercancías. Al llegar a Guayaquil, pueden alcanzar entre USD 500 y USD 700, aunque este valor suele ser mucho más alto.
Desde 2020, a pesar de la pandemia, el contrabando de armas se ha incrementado y es objeto de operativos de vigilancia de la Policía Nacional, del Ejército y del personal de las Aduanas en la frontera norte.
Solo en las provincias norteñas de Carchi e Imbabura, durante los últimos seis meses, fueron incautadas 68 armas letales, 32 armas no letales, 1.933 municiones letales de diversos calibres y 1.014 municiones no letales según el Centro de Control de Armas. Estos pertrechos, junto con 158 accesorios se acopiaron en el depósito de municiones del Fuerte Militar Mayor Galo Molina de Tulcán, y posteriormente fueron trasladados al depósito de municiones bajo las Fuerzas Armadas en Pichincha para su destrucción.
Algunas de estas armas también fueron proporcionadas voluntariamente por personas las personas naturales que no presentaron los documentos que demuestren su posesión durante los operativos de control.
Las Fuerzas Armadas, a través de sus unidades militares, realizan operativos de incautación, decomiso y destrucción de armas de fuego y municiones registradas ilegalmente en las tres provincias del norte, Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Sin embargo, según fuentes de seguridad, muchas de estas armas, tras filtrarse de los controles fronterizos, van a parar a la región más insegura del país, la zona 8, compuesta por los cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón, donde se registran la mayor cantidad de muertes violentas por habitantes del país.
Otras voces en Colombia se han manifestado en contra del libre porte de armas regulado. Fernando Posada, columnista del diario El Tiempo de Colombia, dijo en su cuenta de Twitter que “Ecuador legaliza el porte de armas y algunos en Colombia piden lo mismo. Es una pésima política que ha demostrado no reducir la inseguridad, y en cambio sí crea muchas nuevas violencias. No caigamos en esa demagogia: una sociedad armada se convierte en una espiral incontrolable”.
Otra voz es la de Gilberto Tobón Sanín, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, quien también se manifestó en su cuenta de Twitter en los siguiente términos: “ya muchos están hablando de legalizar el porte de armas en Colombia, un país que: Registró 13 mil homicidios en 2022; Más del 50% de los homicidios se deben a intolerancia; Tiene uno de los peores sistemas educativos de la región. ¿Qué podría salir mal?”.
infobae.com
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