Imagen Presidencia de Colombia.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, respaldó las medidas impuestas por la Procuraduría a dos congresistas del Pacto Histórico, lo cual motivó al presidente a denunciar un “golpe blando” contra su gobierno. En respuesta, la coalición anunció que solicitará medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En su declaración, Almagro no mencionó a Colombia, ni al presidente Gustavo Petro ni a la procuradora general Margarita Cabello, pero expresó su respaldo a la postura del presidente Petro al afirmar que “los mandatos constitucionales de autoridades electas solamente pueden ser interrumpidos en función de sentencias de jueces penales”. Además, agregó que esta postura está respaldada por los tratados internacionales de Derechos Humanos, especialmente la Convención Americana de Derechos Humanos, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La posición de Almagro coincide con la postura de Petro, quien acusó a la Procuraduría de llevar a cabo un “golpe blando” al suspender al senador Álex Flórez por ocho meses y llamar a juicio disciplinario al senador Wilson Arias, ambos pertenecientes al Pacto Histórico.
Petro argumenta que la procuraduría está ignorando el fallo de la Corte IDH que determina que el Ministerio Público no es la entidad encargada de sancionar a los funcionarios elegidos por voto popular. A través de Twitter, Petro le dijo a la procuradora Cabello que “no se atribuya funciones que no tiene” y que la entidad que dirige “no es un poder independiente de los órganos administrativos”. Asimismo, enfatizó que la procuradora está prohibida de suspender derechos políticos, haciendo referencia tanto a la constitución colombiana como a la convención americana.
Almagro respaldó estas afirmaciones al mencionar que “la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos refleja lo establecido en el artículo 23 de la Convención, que establece parámetros para el ejercicio de los derechos políticos”. Además, enfatizó la importancia de que los órganos del Estado, aparte de los jueces penales, se abstengan de llevar a cabo acciones que vayan en contra de este principio, ya que esto afecta el funcionamiento democrático y el Estado de Derecho.
En respuesta a la actuación de la Procuraduría, la bancada del Pacto Histórico anunció que solicitará medidas cautelares a la CIDH para proteger sus derechos políticos. En una carta, expresaron su descontento con la Procuraduría, acusándola de actuar en contravención de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la jurisprudencia del Consejo de Estado. Además, criticaron directamente a la procuradora Cabello, señalando que no brinda garantías.
