La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) iniciará el próximo año el primer estudio para conocer la cantidad real del cultivo de marihuana en cada departamento del país. Señalan la necesidad de contar con datos sustentables para plantear políticas públicas y atacar el problema de fondo.
El ministro de la Senad, Luis Rojas, confirmó que para el 2015 se tendrán los equipos necesarios para determinar cuál es la extensión real del cultivo de marihuana en cada departamento del país. Dijo que es la primera vez que se invertirá en un estudio similar.
“Todo lo que se dijo históricamente sobre la cantidad de hectáreas y el impacto social es mentira, no se tiene soporte técnico con el que se pueda sustentar esa afirmación”, indicó.
El ministro dejó en claro que la problemática de la marihuana es compleja porque ya dejó de ser un cultivo de subsistencia y pasó a ser rentable porque se obtiene mayores recursos en comparación con las plantaciones tradicionales.
Rojas resaltó que se deben generar estrategias para atacar el problema de fondo y no solo en la erradicación de las plantaciones de marihuana.
“En el 2011 teníamos 721 hectáreas de marihuana erradicada. En el 2014 tenemos más de 2.000 hectáreas. Creíamos que se iba a resolver con la erradicación, pero fue un error porque solo generaba desabastecimiento y aquellos cuyas plantaciones no fueron afectadas colocaron sus productos a mejor precio”, afirmó a la 780 AM.
Sostuvo que hay poblaciones cuyas economías dependen exclusivamente de la plantación de esta droga para su posterior comercialización.
Dijo que tampoco pasa mucho por la ausencia del Estado porque hay zonas con caminos, agua potable, electricidad, pero de igual manera existen centros de acopio del estupefaciente.
“Necesitamos datos sustentables que digan cuál es la cantidad de marihuana, el tipo, el impacto social que genera porque cuando destruimos plantaciones aumentan los asaltos violentos. Se arma un problema social y la solución de fondo no podemos obviar”, aseguró.
El tema narcotráfico cobró nuevamente fuerza tras el asesinato del periodista Pablo Medina y su asistente Antonia Almada, en la localidad de Villa Ygatimí, departamento de Canindeyú. El intendente de Ypejhú está sindicado como el autor moral del crimen y está vinculado al tráfico de drogas.
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