En general las paraguayos están en contra de la ley ??pyraweb?? por afectar a la intimidad personal

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La semana pasada se postergó hasta el 12 de este mes la ley conocida como “pyraweb” que plantea la retención de datos de los usuarios por parte de las operadoras de telefonía móvil e internet.

5Días PY

El motivo por el cual los senadores quieren aprobar el proyecto es “que, ante el desarrollo y masificación en la utilización de medios informáticos y tecnologías de la información (internet) no solamente para intercambio de información, relaciones sociales y comunicaciones sino muy por el contrario para actuar al margen de la ley con nuevas formas delictuales, surgiendo así nuevos hechos punibles de carácter no sólo local, sino transnacional; quedando de esta manera abiertas las puertas a la realización de conductas antijurídicas que ponen en peligro diversos bienes jurídicos protegidos por el Estado”.

Pero no toda la ciudadanía tiene la misma visión; en general se muestra contraria a lo que dicen los senadores según un relevamiento de datos del diario 5días.

“Yo no quiero que guarden mis datos, eso va en contra de mi privacidad” es la frase más común entre los opositores, mientras que desde el otro lado se encuentran los que están a favor que citan que “no oculto nada, las empresas ya saben lo que hago y si es para ayudar a la justicia, que sea bien recibido”.

Esta ley se aplicará a todos los datos de tráfico generados, con la utilización de las redes de internet.

La propuesta legislativa para que las operadoras de internet conserven los datos de tráfico es “una medida desproporcionada” manifestó la organización de alcance latinoamericano “Derechos Digitales”, según publicó IP Paraguay.

Según la organización, que menciona un precedente sentado en 2006 por el Tribunal de Justicia Europeo cuando estudió la legalidad de este tipo de medidas, una ley de retención de datos no es compatible con el principio de proporcionalidad ya que representa “una norma desmedida para el objetivo perseguido y constituye una injerencia desproporcionada al derecho a la vida privada de los usuarios”, pese a que su finalidad es legítima.

Los parlamentarios Óscar Tuma (ANR-Capital), y Dany Durand (ANR-Capital), indicaron su postura a favor de la iniciativa, a fin de dotar a la Fiscalía de herramientas y así facilitar el esclarecimiento de casos e investigaciones.

El diputado Víctor Ríos, por su parte, expresó que ‘‘el artículo 33 de nuestra Constitución es claro y la diferencia entre lo que hoy se discute, es que los datos obtenidos por los que hoy nos controlan, no pueden ser utilizados durante un juicio. No se puede legalizar algo que desde todo punto de vista choca contra el sentido’’.

La obligación de conservar los datos de tráfico de las comunicaciones son doce meses computados desde que se produjo la comunicación.