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Dom. Jun 30th, 2024
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 El Ejecutivo sancionó en tiempo récord la Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo No Remunerado en el Hogar. La norma entrará en vigencia una vez que se publique en el Registro Oficial, lo cual se prevé que ocurra el lunes. 
 
El presidente Rafael Correa dio ayer, 17 de abril del 2015, el ejecútese al proyecto que plantea cambios en materia laboral y en el sector de la seguridad social. “¡Ya es Ley de La República! A celebrar con más ganas este 1 de Mayo #DíaDelTrabajo”, escribió ayer el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, en su cuenta de Twitter. 
 
Aunque el Ejecutivo tenía 30 días para pronunciarse sobre el proyecto, que se aprobó el martes pasado en la Asamblea, le tomó menos de tres días allanarse a los textos. 
 
JUBILACIÓN SIN APORTE DEL ESTADO
 
El tema más polémico de la Ley es la supresión del aporte fijo del 40% que realizaba el Estado para el pago de pensiones y que, una vez entre en vigencia, se reemplazará por una garantía del Estado de entregar recursos “cuando haga falta”. 
 
Para el experto en temas de seguridad social, Marco Proaño Maya, la reforma obedece a la crisis fiscal por la que pasa las finanzas públicas. “El peso de la crisis fiscal de hoy caerá en los jóvenes afiliados, que vivirán a futuro la descapitalización del fondo de pensiones del IESS por la falta de esta importante contribución”, dijo el experto al recalcar que se deja en incertidumbre a las nuevas generaciones. 
 
La asambleísta Mae Montaño (CREO) dijo que su bloque presentará una acción de inconstitucionalidad de la Ley, algo que también analiza el asambleísta Luis Fernando Torres (PSC). 
 
El presidente del IESS, Richard Espinosa, negó que se deba a una necesidad fiscal y atribuyó la reforma a la liquidez del ente, que tendrá superávit de USD 509 millones. Pero la experta Carmen Corral cree que, sin el 40%, el IESS podría verse en la necesidad de utilizar sus reservas con el grave riesgo de que se agoten en el mediano y largo plazos. 
 
La coordinadora del Alianza País, Alexandra Ocles, dijo que ha sido una Ley muy discutida que tiene beneficios importantes, cuya vigencia permite el acceso de sectores vulnerables al sistema de seguridad social. La Ley mensualiza los décimos a voluntad del trabajador, incorpora 1,5 millones de amas de casa al IESS, pone límites a las utilidades, entre otros. Punto de vista Gabriel Recalde, Director del Centro de Estudios de Política Laboral. 
 
Desahucio se paga al renunciar Los trabajadores que tienen actualmente contratos a plazo fijo deben conocer que esta figura se mantendrá hasta fin de año en los términos que existen actualmente. 
 
La transitoria segunda de la Ley aprobada por el Ejecutivo dice que todos los contratos de plazo fijo o de enganche continuarán vigentes hasta el 1 de enero del 2016. También se introduce un nuevo tipo de contrato, denominado por obra o servicio determinado dentro del giro de negocio, el cual podrá ser utilizado, por ejemplo, por los trabajadores del sector de la construcción. 
 
Se permite mensualizar los décimos, a menos que el trabajador pida que se acumulen. Estos décimos no son susceptibles de descuentos por el IESS ni pagan Impuesto a la Renta. También, el trabajador tiene derecho a recibir la bonificación por desahucio cuando termine su relación laboral, incluso, cuando esa terminación laboral sea de mutuo acuerdo entre las partes. 
 
Gabriel Riera, titular de la Aso. de Jubilados Batalla de Tarqui. ‘El incremento debe revisarse’ No permitiremos que nos perjudiquen porque la nueva Ley cambia el incremento de pensiones, que es inconstitucional porque no es solidario. 
 
En el nuevo esquema, gane más o gane menos un jubilado el incremento no será más allá de la inflación. Antes había una escala de hasta el 16%, a menos pensión más alza. No porque haya un desajuste fiscal nosotros vamos a sufrir las consecuencias. 
 
La eliminación del 40% de aporte estatal para pensiones impacta en quienes se jubilen a futuro. Esa es una batalla que tienen que hacer los afiliados activos, ahora no van a impactar en los pensionistas actuales, que recibiremos las pensiones completas. Si se bajaran, yo seré el primero en hacer una protesta. 
 
Resta esperar qué medidas tome el Consejo Directivo para atender este tema, pero algo importante es que no se modifica el cálculo de las pensiones, que es según los cinco mejores años. Eso se mantiene en la Ley. 
 
Richard Martínez, presidente de la Cámara de Industrias y Producción. ‘Serán necesarios reglamentos’ Lo importante es preguntarse si estas medidas van a promover la generación de empleo y los impactos en el empleo inadecuado. 
 
En términos de aplicación, las empresas no tienen otra opción que cumplir con la Ley. Pero es necesario que exista una reglamentación ordenada. En los temas que más vamos a estar pendientes, por ejemplo, es en el de brechas salariales donde es necesario el reglamento. 
 
Genera preocupación el tema del bono por desahucio en caso de renuncia porque esto no estaba previsto, no se debatió en el análisis del proyecto. 
 
El impacto va a ser diferente según la empresa. Por ejemplo, en el sector agrícola e industrial hay alta rotación de personal, no porque los empresarios terminemos la relación laboral, sino porque la gente sale ya que así es la dinámica del negocio. En este caso a las empresas les va a representar un costo bastante alto el pago de estos montos y va a generarse un impacto económico.
 
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