La ONU advirtió que se han presentado ataques y amenazas contra la Institución de Derechos Humanos.
El Uruguay fue incluido en una lista de nueve países latinoamericanos en los cuales se han presentado ataques contra sus respectivas instituciones de defensa de los derechos humanos, según se lee en un informe emitido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humano (ACNUDH).
Según ACNUDH, se ha constatado un creciente número “de amenazas, ataques e intentos de socavar y deslegitimar las instituciones nacionales de derechos humanos (…) por parte de gobiernos y otras personas de poder”, tal como se lee en documento firmado por Michelle Bachelet, alta comisionada de ACNUDH.
El ente internacional, adscrito a las Naciones Unidas, “ha recibido un número creciente de denuncias de INDH (Defensorías del Pueblo, Procuradurías para la Defensa de los Derechos Humanos, Oficinas del Ombudsperson) de la región, que han sido acosadas y amenazadas por gobiernos, parlamentarios, funcionarios, grupos de autodefensa y otros, simplemente por hacer su labor y cumplir con su mandato”.
En el caso de Uruguay, se registraron declaraciones públicas que desacreditan la labor de la Institución de Derechos Humanos. La lista la completan Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y México.
“La labor de las instituciones nacionales de derechos humanos independientes es crucial para cualquier sociedad”, añadió Bachelet. Y prosiguió: “Sin embargo, sólo pueden cumplir su mandato de proteger y promover los derechos humanos si son capaces de operar sin interferencias indebidas de gobiernos y otros, y son capaces de mantener su independencia. De lo contrario, perderán su credibilidad y legitimidad a los ojos de las personas a las que deben servir”.
Concluyó estableciendo que tanto la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo como sus equivalentes en los otros países trabajan de forma estrecha con su oficina y con los mecanismos de DDHH de la ONU, y “no deben enfrentarse a ninguna forma de abuso o interferencia, y especialmente, presión política”. Asimismo, instó a los gobiernos en cuestión a cumplir sus responsabilidades de respetar y proteger la independencia de los organismos.
Fuente: lr21.com.uy
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