Reglamento para abortos por violación fue aprobado - Prensa Mercosur El diario online del MERCOSUR

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LEGISLACIÓN. Antes de despenalizar el aborto por violación, en Ecuador el aborto era legal solo en casos de mujeres con discapacidad intelectual. — Antes de despenalizar el aborto por violación, en Ecuador el aborto era legal solo en casos de mujeres con discapacidad intelectual.

El reglamento estipula los plazos gestacionales en los que mujeres y niñas agredidas sexualmente pueden recurrir al aborto.

Tras un receso de cera de una hora, la Asamblea Nacional dio paso al reglamento del aborto por violación este 17 de febrero de 2022. Esto ocurrió casi dos meses después del plazo que la Corte Constitucional había establecido en la sentencia en la que despenalizó esta causal del aborto.

Plazos

El tiempo gestacional para acceder a un aborto era uno de los principales nudos críticos de la norma. El reglamento que consiguió 75 votos y así fue aprobado señala que se permite que una mujer víctima de violencia sexual se practique un aborto hasta las 12 semanas para quienes tienen más de 18 años y 18 semanas para las niñas, adolescentes y mujeres que viven en la ruralidad y en las nacionalidades indígenas.

Consentimiento informado

El inciso 6 del artículo 23 fue cambiado durante el tiempo de receso y pasó de decir que: “las niñas y adolescentes podrán consentir en forma autónoma respecto a someterse a la interrupción voluntaria del embarazo. Su representante legal o cuidador o cuidadora, según sea el caso, podrá acompañar a la niña o adolescente en la adopción de su decisión. En caso de que el representante legal o cuidador de la persona gestante que desee interrumpir su embarazo sea la persona que ejerce violencia en su contra, o cuando exista conflicto de interés, podrá acompañarla cualquier otra persona que ejerza formal o informalmente roles de cuidado respecto a ella”.

Lo que se agregó fue: “la víctima de violación, en caso de que no tenga la compañía de su representante legal o una persona de confianza, podrá acceder al apoyo de una psicóloga, trabajadora social o representante de la Defensoría del Pueblo”.