La crisis para el régimen empezó el 5 de abril, con el motín en Turi y que continuó con la salida del exvicepresidente de la cárcel de Cotopaxi.
Representantes del Gobierno de Gillermo Lasso se reunieron ayer, 12 de abril del 2022, con periodistas de 30 medios por casi tres horas. En principio, la cita se dio a puerta cerrada,pero luego fue difundida por varios comunicadores en redes sociales.
El encuentro estuvo encabezado por los ministros de Gobierno, Francisco Jiménez, y del Interior, Patricio Carrillo. También asistió el consejero Diego Ordóñez, el equipo de comunicación Gubernamental, el secretario Eduardo Bonilla y el asesor Roberto Izurieta.
El tema que dominó el encuentro fue la salida del exvicepresidente, Jorge Glas, de la cárcel de Cotopaxi. La crisis para el Gobierno -así la calificaron los ministros-, empezó el 5 de abril, con el motín en Turi y continuó con el habeas corpus concedido a Glas.
Los funcionarios reconocieron que durante este tiempo han reaccionado ante los hechos. En cuanto a la masacre ocurrida en la cárcel de Turi, en Azuay, se decidió trasladar a los cabecillas a otros centros penitenciarios.
En el caso de Glas, los funcionarios informaron que ya tienen una estrategia para revertir su salida de la cárcel, ya que consideran que el proceso bajo el cual se concedió el habeas corpus no estuvo apegado a las leyes.
Las autoridades del Gobierno rechazaron los rumores sobre un supuesto pacto con el correísmo. “No existe, no existió y no existirá”, dijo Eduardo Bonilla.
Ordóñez agregó que, a pesar de estos sucesos, hay un clima de estabilidad política en el país. “La crisis de la Asamblea, por ejemplo, no pasó a la calle”.
El camino trazado
Jorge Glas tiene dos sentencias ejecutoriadas. La primera se definió en 2017 por asociación ilícita y está relacionada por actos de corrupción en la trama de Odebrecht, con una pena privativa de seis años. La segunda es por cohecho. En esa causa fue condenado a ocho años más de cárcel en 2020. Además, en 2021 fue condenado como coautor del delito de peculado por el caso Singue, que está en apelación.
Hasta antes de que se le concediera el habeas corpus llevaba cuatro años recluido en la cárcel de Latacunga. Ahora, para revertir esa decisión, los representantes del Gobierno quieren dar varios pasos en firme. En inicio, planean pedir medidas sustitutivas como la colocación de grillete electrónico, la vigilancia policial y la presentación diaria en un juzgado.
Al mismo tiempo, se apuesta a la apelación a la orden de liberación por anomalías en el proceso. Eso conllevaría a que el exvicepresidente correísta regrese a la cárcel de Latacunga. “Lo lógico sería que se revierta la decisión que tomó el Juez de Manglaralto y eso supondría que el sentenciado Jorge Glas regrese a la cárcel de Cotopaxi”, dijo Jiménez. El funcionario recalcó que el Gobierno deja a la Justicia que actúe con libertad y apegada a la legislación sobre el tema.
La tercera parte de la estrategia es que la Dirección de Patrocinio del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), institución que es parte procesal en el caso, sea la encargada de contestar la sentencia, que recién fue notificada el 11 de abril de 2022, a las 18:00. Hay 72 horas para presentar la apelación formal. Con esto queda fuera el primer abogado que actuó por la SNAI, Alexis Oviedo Vásconez.
Finalmente, se analizan los argumentos para impulsar una queja ante el Consejo de la Judicatura en contra del juez Diego Javier Moscoso, por supuestas irregularidades en el proceso.
La Procuraduría General del Estado también apeló. Marco Proaño y Juan Izquierdo, ambos delegados del Procurador Íñigo Salvador, ya entregaron la petición.
Hasta tanto, el exvicepresidente tiene vigilancia policial permanente, pero desde fuera de la urbanización en la que vive. Según el acta de la audiencia, su domicilio está ubicado en el “Km. 14,5 de la Vía a la Costa. En la urbanización Vía al Sol, Manzana 578, Solar 4”, en Guayaquil. Migración también está alerta, pues Glas no está libre. Se le concedió una figura alternativa para que se presente ante la Justicia cada semana y tampoco puede salir del país.
Plazo para resolver apelación
El recurso de apelación es el único camino y el más idóneo para que Glas retorne al Centro de Rehabilitación Social Regional Cotopaxi, de donde salió gracias al fallo de Moscoso, juez de la Unidad Multicompetente de Manglaralto, que acogió su solicitud de habeas corpus.
Así lo considera el abogado penalista Paúl Ocaña, quien señaló que si los jueces de la corte provincial revocan o declaran nulo lo actuado por Moscoso, inmediatamente se ordenará el regreso de Glas a prisión.
Argumentó que para que el recurso de apelación surta efecto, el ministerio de Gobierno y la SNAI deberían argumentar que no existe ningún riesgo a la integridad física, psicológica o sexual del Glas.
También se debe tomar en cuenta la normativa que señala que podrá ordenarse medidas alternativas a la privación de la libertad, siempre y cuando se compruebe la existencia de tratos crueles e inhumanos.
Con estos elementos, el SNAI debería argumentar la solicitud de apelación. “Esto, al parecer, no se incluyó en la primera instancia”, expresó el jurista.
El procedimiento
De acuerdo con lo que determina el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, una vez presentado el recurso de apelación, irá a un proceso de sorteo en una de las salas de la corte provincial.
En este instante la sala tiene dos opciones: resolver en función de lo que consta en autos para lo cual tiene un plazo de ocho días término (sin contar sábado y domingo) desde que recibe, pero si se señala fecha y hora, correrán ocho días a partir del día de la audiencia.
Sentencia ejecutoriada
Mario Borja, abogado penalista, dijo que se debería incorporar el argumento de que no se podía aceptar el habeas corpus a una sentencia que fue emitida por la Corte Nacional de Justicia en 2017 y que está plenamente ejecutoriada.
Consideró que frente a la eventualidad de que los jueces de la corte provincial inadmitan la apelación y avalen lo actuado por el Juez, el SNAI también podría invocar el recurso extraordinario de protección ante la Corte Constitucional como mecanismo de última instancia.
Amicus Curiae
La Fiscalía y la Procuraduría alistan la presentación de un recurso de Amicus Curiae ante el juez para exponerle que la sentencia dictada era incorrecta.
El abogado Mario Borja opinó que esta figura la interpondrán como “terceros interesados que hacen valer sus derechos porque se sienten afectados”, pero en la práctica no generará un efecto que permita el regreso de Jorge Glas a prisión.
Fuentes del SNAI informaron que habría funcionarios de esa institución que estarían dudando en firmar el documento con el que se apelará la sentencia, pues estarían a la espera de ciertas exigencias del Gobierno en torno a que dentro de las medidas sustitutivas se incluya la presentación regular de Glas en un juzgado, y el uso de grillete electrónico.
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