Muy a pesar de conseguir con esfuerzo y trabajo las acreditaciones (estándares internacionales) de tres hospitales, la suspenden eventualmente con fines políticos
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La reforma a la salud en la capital de Colombia, fue aprobada por el Concejo de Bogotá y en cuestión de días la capital del país ya contaba con un nuevo sistema que reorganizó a los 22 hospitales públicos en 4 subredes: Norte (Usaquén, Chapinero, Suba, Engativá y Simón Bolívar); Suroccidente (Hospital Pablo VI de Bosa, Kennedy, Sur y Tintal); Centro Oriente (Rafael Uribe, San Cristóbal, Centro Oriente, San Blas, La Victoria y Santa Clara); y Sur (Usme, Nazareth, Vista Hermosa, Tunjuelito, Meissen y el Tunal).
Cada red cuenta con un gerente y agrupa hospitales de baja y alta complejidad, es decir, se convierte en una red especializada que evita que, por ejemplo, un usuario que viva en el sur tenga que ir hasta un hospital del norte para obtener la atención que necesita.
En estos últimos días, los escándalos en lo que tiene que ver con la salud en la capital de Colombia no se han hecho esperar, al parecer, por algunos actos de “corrupción” que involucran al secretario de salud de Bogotá, Alejandro Gómez López, la denuncia consiste en los sobrecostos en un contrato de la Secretaría de Salud. La entidad habría estado comprando teléfonos de oficina por un valor de 3,5 millones de pesos ( US $833) cada uno para las subredes de la ciudad, a través de un contrato celebrado entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y Comfinagros S.A.
El valor en total habría sido de 1.774.454.730 millones de pesos (US $422.489) cuando su valor comercial apenas supera los 100.138.500 millones (US $23.842). “Estos teléfonos en el mercado, con la misma referencia, cuestan $ 196.350 (US $47) señor secretario, de la misma marca y referencia que compró el Fondo Financiero Distrital de Salud”, dijo una concejal haciendo el respectivo control político. Esto quiere decir que el sobrecosto fue de 1.672 %.
Por esas mimas costumbres se destituyo a Roberto Ferreira Dias funcionario del ministerio de salud del Brasil que cobraba un dólar por cada vacuna anticovid comprada, quizás una menor causa como la de Colombia, en Brasil fue detectado y destituido al instante , mientras que en el caso de Bogotá, aun permanece en el cargo y haciéndole la vida imposible a algunas subalternas.
En Bogotá la gerente Claudia Ardila de la Subred Centro Oriente, la han apartado de su cargo para investigarla tres veces desde su posesión, será una persecución laboral, se preguntan algunos medios locales en Colombia, con ese número de veces distante del cargo, las autoridades correspondientes no han encontrado anomalía en su desempeño.
La gerente de la Subred Oriente Claudia Ardila con la alcaldesa de Bogotá Claudia López – Imagen Conexión Capital
Las razones pueden ser varias, pero autoridades del gremio y concejales coinciden en una: la pugna entre su gerente, Claudia Ardila, y el secretario de salud de Bogotá Alejandro Gómez, el del escándalo de los teléfonos e implementos de oficinas.
Es tanto la maledicencia del secretario de salud que llegó a tal punto que 4.500 empleos y un millón 700 mil pacientes, estuvieron en riesgo por la decisión que tomo de dilatar una adición presupuestal, totalmente necesaria en su momento para la operatividad, tanto del personal medico como de los pacientes, esto bajo el argumento lacónico de salvaguardar los recursos para evitar “malos manejos, debido a la inapropiada gestión de la gerente Claudia Ardila”.
Con gran entusiasmo, la gerente de la Subred Centro Oriente de Bogotá Doctora Claudia Ardila, comparte el logro obtenido en la acreditación por el INCONTEC de tres de sus hospitales a su cargo, igualmente el premio a la transparencia otorgada por la Veeduría Distrital, por dos años consecutivos (2020-2021) hecho totalmente omitido por la alcaldía y secretaria distrital de salud.
¿Sera una persecución Política?
De todas maneras las decisiones tomadas por la gerente suspendida Claudia Ardila, al parecer no han gustado a la Alcaldía. Lo cierto de esta historia que parece volver a enfrentarse a los retos políticos y técnicos, pero lo que no cuadra es que la gerente Ardila, ha demostrado sus capacidades, una de ellas es la certificación de tres de sus hospitales a su cargo, ellos son: Santa Clara y Jorge Eliécer Gaitán, así como el Centro de Salud Olaya Herrera, esa certificación con sello de calidad ICONTEC, por prestar un óptimo servicio de salud en Bogotá, los colocan en estándares internacionales.
Pero, el anuncio de esta excelente noticia fue realizado por el secretario de salud Gómez López, sin darle crédito alguno a la que realmente trabajó para este fin, es decir la gerente suspendida Ardila.
Estos enfrentamientos no vienen desde ahora, se ha caldeando cuando la alcaldesa le pidió la renuncia y Ardila se opuso, indicando que llevaba 30 años en la entidad y que estaba realizando un plan de mejoramientos en la institución de salud, lo cual puede ser verificable.
Indagando sobre el contrato que tiene actualmente la funcionaria suspendida, nos enteramos que es a término fijo y declararla insubsistente no es sencillo. Seguidamente, investigamos los procesos que llevan los organismos especializados de control, y no han encontrado elementos facticos e indubitables para removerla de su cargo definitivamente. Algunos afirman que se ha vuelto incómoda para la administración que preside la alcaldesa Claudia López, porque se negó a cumplir requerimientos de orden político.
¡Le niegan la entrada para su propia defensa!
Al acudir a una de tantas diligencia que se requiere para su defensa, la citada funcionaria no le permitieron la entrada a la entidad que ella hace unos días era la gerente, supimos que el señor Juan Carlos Cárdenas, que funge como Director Administrativo de la Subred, impartió la orden de no dejarla entrar sin su autorización. No permitirle el ingreso a las unidades de las Subred, cuando es citada por los entes de control para ejercer el derecho de la defensa, es un mal presagio, con esto también se le impide este derecho, lo que revela una actitud de persecución por parte de la administración encargada.
hay que tener en cuenta también que como ciudadana tiene el derecho a ingresar a la sedes de cualquier entidad publica, sobre todo cuando de ello depende la concreción de un derecho fundamental.
Esto comprueba una vez mas que la persecución existente de hacerle la vida imposible para defenderse y ejercer sus funciones, se esta llevando a cabo.
El tema está afectando el servicio de salud por la intermitencia de cambios constates de gerentes encargados, esa actitud le valió un jalón de orejas de la Supersalud (órgano de control en Colombia) a la alcaldía de Bogotá, que solicitó de esta manera no poner en riesgo la salud pública.
A pesar que el presidente de la Republica Gustavo Petro, ha dicho que no existiría más contrato por prestación de servicios en Colombia, es decir; contratos a tres y cuatro meses, eso lo estan haciendo en la Subred, contratos a 4 meses y permanecen en la incertidumbre, si los van a volver a contratar o no. Esto se simplifica que los médicos y personal administrativo acudan a los políticos amigos de la alcaldía, para que vuelvan y los contraten, volviendo así, las costumbres clientelistas del pasado, y que en el presente con este nuevo Gobierno Nacional, quieren hacer extensivo a las alcaldías que contraten a los funcionarios a términos indefinidos.
De todos modos el Distrito tiene que ponerle punto final a esta inestabilidad de las más de un millón 700 personas que acuden a esta Subred a recibir los servicios de salud.
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