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Dom. Jun 30th, 2024
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La Cámara de Senadores estudia hoy el veto del Ejecutivo al proyecto que indemniza con 940 millones de dólares a los supuestos trabajadores de la empresa contratista que construyó Itaipú. La extensa lista de beneficiarios incluía a Hugo Velázquez, quien tras la difusión del caso renunció por vergüenza.

En el punto siete del orden del día figura el decreto 7940, por el cual se objeta totalmente el proyecto de ley que establece el pago de una compensación histórica a los extrabajadores, constructores de la usina, montaje y puesta en servicio de las unidades generadoras de Itaipú, contratados directos de empresas contratistas y subcontratistas de obras, locadores y sublocadores de servicios y de los convenios de salud y de educación de la margen derecha.

En su rechazo, a solicitud del propio directorio de Itaipú, el Ejecutivo argumentó que tanto los mecanismos de pago como los montos reclamados son inviables y no corresponden, ya que los extrabajadores pertenecían a empresas contratistas de Itaipú, es decir, no tuvieron relación laboral directa con la entidad.

Los 940 millones que pretenden distribuirse entre 15.000 personas, obligarían a suspender transferencias al Estado Paraguay, inversiones sociales y otros ítems.

Las notas reversales firmadas en el año 2000 por Paraguay y Brasil, deslindan responsabilidad de Itaipú de las compensaciones para obreros de empresas contratistas y subcontratistas.

La lista de beneficiarios generó dudas desde el principio, por la aparición de nombres como el del vicepresidente Hugo Velázquez, quien tras ser descubierto, dijo no entender cómo se lo incluyó y finalmente solicitó ser excluido.

El veto del Ejecutivo tendrá sanción automática este domingo 4 de diciembre, fecha en que se cumple el plazo de 60 días corridos para que el Legislativo se expida. De no hacerlo, se entenderá que prestó su acuerdo a lo resuelto por la Presidencia. 

Para poder rechazar el veto y ratificarse en su sanción inicial, la Cámara Alta requiere de una mayoría absoluta de 23 votos, según lo establece la Constitución Nacional.

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