Civiles y militares se aprovechan de la situación para inducir a menores de edad a tener relacione sexuales a cambio de comida, a veces por el equivalente a dos dólares o una dosis de pegamento químico que ellas inhalan para ahuyentar el hambre.
Imagen Univisión
La llaman la 40. Es una calle de bares y negocios donde se mezcla el olor a pescado y a cerveza. Está situada en un rincón ribereño de la amazónica ciudad de San José del Guaviare, al suroriente de Colombia, cabecera de una de las regiones de mayor producción de coca del país.
Al final de la cuadra, en un agitado muelle sobre el majestuoso río Guaviare, recalan canoas y lanchas llenas de pescados enormes.
A pesar de la violencia innata del negocio de la cocaína, la ciudad de 45 mil habitantes es hoy un tranquilo refugio de colonizadores que llegaron de diferentes partes del país en los años sesenta a tumbar selva, patrocinados por un gobierno central dispuesto a ampliar la frontera agrícola del país.
Para muchas niñas indígenas de las comunidades vecinas, la 40 es más bien un precipicio.
Aquí sucumbió de física hambre su infancia inocente. Niñas de 7 a 15 años de las etnias milenarias nukak y jiw canjean sus cuerpos en este lugar por pan, guarapo, a veces por el equivalente a dos dólares o una dosis de pegante químico que inhalan para despistar el hambre. Le dicen Bóxer por su marca comercial.
Sus casos son estadísticas anónimas de un creciente e incontrolable drama en esta zona del país: la violación de menores indígenas por hombres blancos de la ciudad o militares apostados en batallones cercanos a sus asentamientos.
La seccional del Guaviare del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) recibe cuatro denuncias de abusos sexuales de menores a la semana, según su director Joaquín Mendieta. El 20 por ciento de los embarazos de menores de edad del hospital principal de la ciudad son de indígenas, de acuerdo con estadísticas entregadas a Univision por la Secretaría de Salud del departamento.
A cinco horas de camino destapado desde San José de Guaviare, la vereda de Charras se sumó recientemente al mapa de los abusos sexuales de los militares de la zona. En este lugar una indígena nukak de 15 años fue raptada de un baño público por varios soldados. Ocurrió en agosto de 2019. De acuerdo con la revista Raya que tuvo acceso al testimonio de la menor, los uniformados la encerraron en un lugar donde dormían y allí la violaron durante cuatro días sin recibir alimentos. La adolescente logró escapar.
Al año siguiente del episodio, el jefe del ejército general Eduardo Zapateiro reconoció que esa institución estaba investigando a 118 de sus miembros involucrados en abusos y violaciones sexuales en varias regiones del país incluido el Guaviare.
“Esto nos obliga a revisarnos interiormente’’, reconoció el general.
El Ejército Nacional de Colombia respondió a Univision que el Batallón de Infantería N.° 19 de la Vigésima Segunda Brigada de Selva, “en su momento abrió una indagación disciplinaria que fue verificada’’. En cuanto a la investigación de carácter penal, “los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía 2 local, de San José del Guaviare”.
La situación de los abusos se da en medio de una crisis alimenticia de las comunidades indígenas cercanas a la ciudad.
“Siempre aguantamos hambre’’, nos dijo Joaquín Nijbe jefe de la comunidad nukak. “No es hoy, son todos los días […] ni cazar, ni pescar ni recolectar, no tenemos espacio para tener cultivos’’, agregó.
En un asentamiento jiw hablamos con uno de los últimos cazadores que quedan en la comunidad. Armado con su arco y flechas empezaba una jornada de tres horas a pie en busca de algún parche de selva. Su asentamiento indígena está rodeado de grandes haciendas y un batallón del ejército.
El asedio a las menores parece tan rampante en la ciudad que un aviso oficial en uno de los bares de la 40 recuerda a los clientes que es delito violar a un menor. La cantina que sigue despliega otro afiche que invita a beber cerveza para ahorrar agua. Más adelante un comerciante de pescado colgó un cuadro de la Virgen María.
Algunas veces por temor de denunciar, los habitantes acuden al grafiti como uno desplegado en una estación de transporte en el que se acusa a un hombre a quien se refieren como capitán de “dopar’’ a las niñas indígenas con guarapo para violarlas.
Campos minados
La mayoría de las niñas indígenas en las calles no dominan el español. Saben pedir pan y gaseosa. Los hombres que las abordan se refieren a los encuentros sexuales con ellas como “makusear’’ que viene de nukak makú, el nombre completo de la tribu indígena nómada a la que pertenecen algunas de las víctimas.
Los nukak ahora son sedentarios a la fuerza en tierras ajenas. Dejaron de cazar y de recolectar miel. Desde que entraron en contacto con la civilización en 1981, han visto su población reducirse a la mitad como consecuencia de enfermedades y de la desaparición de la selva, su principal fuente de sustento. Los bosques tropicales fueron derribados para dar paso a los cultivos de coca o ganadería extensiva.
Lo que antes era un corredor ilimitado de la selva amazónica, tierra libre para la caza y la pesca, se convirtió en un campo minado.
Los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia (FARC) y luego los grupos paramilitares empezaron a reclutar forzosamente a sus adolescentes y niños y a llevarse a sus mujeres. Otros miembros de la comunidad fueron desaparecidos. Desde 1988, señala un informe del proceso de paz de Colombia, “cada vez que los nukak intentaban retornar a su territorio, eran víctimas de reclutamiento forzado, señalamientos, asesinatos colectivos, amenazas, hostigamiento, confinamiento y violencia sexual’’. Los nukak son considerados como desplazados por la ley colombiana.
Los otros niños “en situación de calle’’, la expresión burocrática del desamparo infantil, son de etnia Jiw, (se pronuncia jiu en español) que ha sido declarada en peligro de exterminación cultural y física en sentencias de tribunales colombianos desde 2009.
María Eugenia Rivera, quien está en contacto a diario con niñas indígenas que estudian y se alimentan en su casa taller, está convencida de que la crisis es una secuela del choque de las comunidades indígenas con una región que perdió sus valores bajo el resplandor de las bonanzas cocaleras.
“Cuando ellos [los nukak] comienzan a salir y se encuentran con nuestra realidad, seres que venían totalmente desprovistos, no conocían nada sobre nuestro territorio, venían desnudos incluso, entonces con sus hombres, mujeres, niños, niñas, pues lo que se encontraron fue fuerte’’, comentó Rivera.
Sin embargo, para Marta Cecilia Romero, secretaria de Salud del departamento la responsabilidad es principalmente de los padres. “Ellos no cuidan a los niños… sus padres no los están protegiendo’’, le dijo Romero a Univision Investiga. “Es una cultura, es la cosmovisión de ellos’’.
Un informe de 36 páginas de ICBF conocido por Univision Investiga
que no circuló entre los medios de comunicación advierte que los niños y niñas sujetos del estudio “se hicieron adolescentes en las calles y que muchas niñas son explotadas sexualmente y les debemos garantizar un real proceso administrativo de derechos’’.
Lo ha visto todo
William González, dueño de un negocio de venta de pescado en el corazón de la 40, dice que lo ha visto todo y que nada ha cambiado. Desde su negocio ha sido testigo de diversas formas de inducción que utilizan los victimarios para llevarse a las menores.
“Lo que está pasando es triste. Es claro, están metidos en la vaina de la droga, en la prostitución, niñas que en realidad diez, 11 años ya están prostituidas’’, señaló.
Según González hay dos clases de depredadores sexuales, “los cuchos blancos’’, hombres mayores que se las llevan a cualquier rincón oscuro de la ciudad a cambio del equivalente de dos dólares y jóvenes “bien organizados’’ que las recogen en motocicletas.
Los deambulantes nocturnos de San José del Guaviare que conocen la cartografía secreta de los sitios que los blancos utilizan para llevarse a las indígenas nos señalaron uno de ellos, una casa aparentemente abandonada al final del malecón que bordea el río. Otro de los sitios críticos era la Casa Indígena que el gobierno municipal ordenó derrumbar dos días después de nuestro arribo a la ciudad.
Algunos niños jiw le contaron a los investigadores del estudio del ICBF de 2019 que en la Casa Indígena podían “dormir, consumir, tener relaciones sexuales en los corredores’’ y “hay un hombre mala gente que cobra dinero’’.
En un baño abandonado a espalda de la casa, “los niños y niñas menores de siete años se reúnen en este sitio para absorber bóxer y allí se quedan dormidos’’, señala el informe .
Los cuchos se mezclan con indígenas adultos en alguno de los tres bares de la calle 40 para beber un jugo fermentado de caña de azúcar de fabricación casera conocido como guarapo. La bebida es muy barata. Por cincuenta centavos de dólar cuatro clientes pueden tomarse dos vasos, según los comensales que entrevistamos en uno de los expendios.
Mientras sus padres guarapean las niñas se pasean por la calle. Al atardecer de un día de semana, en medio de una estruendosa competencia de corridos mexicanos, salsa y baladas que salían de los parlantes de las cantinas, vimos a algunas de ellas bebiendo cerveza en compañía de jóvenes blancos.
“¿Qué hacen los cuchos?, se pregunta González, y él mismo se responde: “ Pues emborrachan a los indígenas adultos para poder llevarse a las chinas (niñas)’’.
Bóxer vs. hambre
La mayoría de las menores prefieren inhalar pegante que tomar guarapo, según el comerciante de pescado. El pegante está a la venta al público en ferreterías y muchos de los vendedores saben que los pequeños frascos de plástico con dosis personales terminarán en las narices de los menores.
POR::GERARDO REYES
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