La Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) desconoció el mandato presidencial de la expresidenta Jeanine Añez y dispuso la devolución de tres proposiciones acusatorias para juicio de responsabilidades al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El presidente de esa instancia, senador Luis Adolfo Flores (MAS), señaló que no hay pruebas suficientes que acrediten la condición de mandataria de Añez.
“Se ha aprobado por mayoría de la Comisión remitir la documentación para que argumenten, para que suplan, para que puedan complementar pruebas suficientes para aprobar o no esta Comisión un juicio de responsabilidades, al ser insuficiente las pruebas, estamos remitiendo nuevamente al TSJ”, manifestó Flores.
Las proposiciones acusatorias devueltas al TSJ son los siguientes:
1. El caso Crédito del FMI (Fondo Monetario Internacional) en contra de Áñez, el exministro de Economía, José Luis Parada, y el expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Guillermo Aponte, todos ellos apuntados por delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
2. El caso Fundempresa en la que acusa a la expresidenta Áñez y los exministros de Desarrollo Productivo, José Abel Martínez y Adhemar Guzmán, por los delitos de uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes y conducta antieconómica.
3. El caso de vulneración de derechos durante la pandemia, en la que Añez es sindicada por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes, delitos contra la libertad de prensa y atentados contra la libertad de trabajo.
Flores explicó que esos tres requerimientos acusatorios fueron analizados y devueltos al TSJ por inexistencia de pruebas que respalden que Jeanine Áñez haya sido designada presidenta constitucional en 2019.
“Al no haber el Ministerio Público acreditado la condición de presidenta del Estado Plurinacional de la ciudadana Jeanine Añez, como tampoco se ha pronunciado sobre este aspecto la Comisión Mixta del Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, o sea esta Comisión, no puede cubrir la ausencia identificada”, refirió.
Dijo que la Comisión no es una entidad investigativa y no puede completar las pruebas faltantes del Ministerio Público, por lo que esa ausencia imposibilita seguir con el trámite para juicio de responsabilidades.
El senador explicó que la Sala Penal del TSJ tiene el control jurisdiccional de estos casos y debe pedir al Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, pronunciarse sobre estas observaciones, fundamentalmente sobre la legalidad y legitimidad del mandato de Añez.
“Porque no existe prueba y fundamentación alguna en la documentación que tenemos en este momento”, reiteró.
hoybolivia.com
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