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El libro de visitas del Ministerio de la Protección y el testimonio de varios ex funcionarios de esa cartera se están convirtiendo en el punto de partida de un nuevo capítulo en el escándalo de la salud.
Ambas evidencias dejan al descubierto los nombres de al menos una docena de políticos que fungieron como ‘lobistas’ para que el sistema les reconociera millonarias reclamaciones -cuestionadas por su legalidad- que hacían IPS y EPS del país. Hoy, se investiga el origen de ese padrinazgo y cómo algunos buscaron favorecer a operadores que son indagados por supuestos nexos paramilitares.
El desfile de políticos se inició en el 2008, cuando el Minprotección conceptuó que el Fosyga no debía seguir pagando millonarias reclamaciones por las llamadas ‘brigadas de salud’ en las que las prestadoras del servicio decían socorrer a víctimas del invierno. en ese entonces, la cartera quería recuperar 3.000 millones que ya se habían desembolsados por esos supuestos servicios.
Tras ese concepto, cerca de 90 mil millones quedaron congelados y fue cuando arrancó el lobby. La primera en abogar por dos IPS -Brigamed y Asmetsalud- fue Elizabeth Martínez, la secretaria de la Comisión III de la Cámara, en donde se gestionan todos los asuntos de la salud.
“Me encontré con un señor que veía en el Congreso y que me dijo que le ayudara para que pagaran. Me dijo que era dueño de medio sector de salud de la costa y amigo de un representante. No me acuerdo de los nombres”, le dijo a EL TIEMPO (medio de comunicación Colombiano), y admitió que le pidió a Luisa Bellini, directora de Financiamiento de Minprotección de la época, que los ayudara. Pero su gestión fue infructuosa.
Días después llegó a la Supersalud el entonces representante Alfredo Cuello, en compañía de su pariente Esteban Cuello -que era contralor delegado para el sector social-. Dos testigos aseguran que mediaron por esas IPS y que de ello puede dar fe el ex súper Mario Mejía. Aunque Cuello admitió la visita, asegura que fue “para gestionar temas de la región”.
Lo concreto es que en la lista de ‘padrinos’ también está el ex congresista Jaime Restrepo (Exdirector de Colciencias), quien admitió que unas IPS le solicitaron abogar por los pagos: “En el Ministerio dijeron que las IPS no tenían cómo sustentar los servicios y ahí terminó mi intervención”, dijo Restrepo.
Otro de los mencionados es el representante en su época, Elías Raad, médico y fundador de Asmedas en Magangué, quien no contestó los mensajes.
Finalmente, los Excongresistas Nancy Patricia Gutiérrez y Fernando Tamayo negaron haber hecho lobby a favor de alguna EPS, aunque Gutiérrez dijo que le pidió al Gobierno que revisara en general el tema de los recobros al Fosyga.
La Procuraduría y la Supersalud investigaron a EPS por nexos con los ex congresistas Álvaro García Romero y Luis Alberto Gil, procesados por ‘parapolítica’.
De la Defensoría a Saludcoop
De la Defensoría del Pueblo también se recibieron mensajes en los que se cuestionaban las investigaciones y medidas que el Gobierno Nacional estaba tomando en contra de EPS, específicamente de Saludcoop.
Uno de ellos quedó plasmado en una carta, de mayo del 2004, en la que el secretario general de la Defensoría, Darío Mejía, llamó la atención sobre las medidas contra Saludcoop y le pidió precisar al Minprotección a qué recursos iba a tener acceso esa EPS. Ahora, se sabe que Mejía terminó trabajando en Saludcoop.
¿Rastros ‘paras’?
La Procuraduría y la Fiscalía rastrearon en su época presuntos vínculos de ‘parapolíticos’ con empresas del sector de la salud. Se investigó si el ex congresista Álvaro García, condenado por la Corte, tenía vínculos con hospitales en Bolívar. Se indagó, además, la supuesta injerencia de Luis Alberto Gil en empresas del sector en Santander.
Asimismo, la Superintendencia de Salud intenta confirmar o descartar las denuncias sobre supuestos vínculos de la EPS Emdisalud, intervenida a finales del 2010, con grupos al margen de la ley en los Montes de María.
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