El portavoz presidencial Jorge Richter afirmó este sábado que la exsenadora Jeanine Áñez tomó el poder de forma violenta en 2019 y como consecuencia de un acuerdo político-cívico que fue gestado en una reunión extra legislativa en la Universidad Católica Boliviana (UCB).
Señaló que el entorno de la exmandataria de facto pretende cambiar la historia por una “gesta histórica”, pese a que hay una sentencia del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción Primero de La Paz, del 10 de junio de 2022, que la condenó a 10 años de cárcel por autoproclamarse como presidenta cometiendo incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
“Es imposible que podamos negar que la señora fue presidenta, solamente ellos están obviando un elemento fundamental: fue presidenta, pero de facto. Fue una presidenta que llega al poder a través de la toma compleja, pero violenta del poder”, afirmó el portavoz en el programa de análisis político Taypi de la radio Kawsachun Coca.
“En estos días desde el entorno de la señora Áñez han utilizado una palabra que lo llaman la verdad material y con mucho entusiasmo dicen que la señora Áñez fue presidenta, efectivamente fue presidenta, pero fue presidenta de facto”, insistió, al aseverar que la exsenadora no cuenta con ningún documento que la acredite como presidenta constitucional de Bolivia, porque no juró al cargo como mandan los preceptos constitucionales ante la mirada de ningún sector que pueda tener la validez señalada en la Constitución.
Richter recordó que Áñez tomó el poder como consecuencia de un acuerdo político-cívico celebrado en ambientes de la Universidad Católica Boliviana.
“Se hizo de la Presidencia del Senado en una sesión sin quórum y siendo de la minoría, cuando no lo permite el reglamento de debates, para luego declararse en una sesión legislativa sin quórum presidenta de Bolivia. El gobierno de Áñez dejó las masacres de Senkata y Sacaba y la violación de la Carta Magna”, afirmó.
Los hechos
Tras el periodo de golpes de Estado militares que concluyó en 1982, Bolivia vivió un ciclo democrático ininterrumpido hasta el 12 de noviembre de 2019, cuando se produjo una ruptura constitucional.
Después de la dimisión de Evo Morales, luego de la sugerencia de las Fuerzas Armadas, el 10 de noviembre de 2019, la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Áñez, se proclamó presidenta del Estado ante una Asamblea Legislativa que no formó el quórum reglamentario.
El artículo 169 de la Constitución de 2009 señala que “en caso de impedimento o ausencia definitiva” del presidente, “será reemplazado en el cargo” por el vicepresidente y, a falta de este, por el presidente del Senado y, a falta de este, por el de la Cámara de Diputados. “En este último caso, se convocarán a nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días”.
Cadena de renuncias
Tal como se refirió anteriormente, con la renuncia de Evo Morales a la presidencia, el 10 de noviembre de 2019, se desencadenaron una serie de renuncias de las personas consideradas para asumir la presidencia de acuerdo con la cadena de sucesión presidencial.
Para elegir presidente del Senado, paso previo para la designación del presidente provisorio de Bolivia, se debe contar con un quórum de la mitad más uno de los 36 senadores, es decir, 19 legisladores, de acuerdo con su reglamento interno.
El mismo reglamento tiene normas que, de un lado, atribuyen a la segunda vicepresidenta reemplazar a la presidenta y a la primera vicepresidenta cuando ambas se hallen ausentes y, de otro, define que corresponde la presidencia de la Cámara al bloque de la mayoría, en ese entonces el MAS-IPSP.
Asume la presidencia
El 12 de noviembre de 2019, en reunión del Senado sin el quórum previsto en reglamento, Áñez se proclamó como presidenta de la Cámara de Senadores, en sucesión por vacancia de los cargos de presidente y primer vicepresidente, refiere el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Luego, también sin el quórum requerido, en el recinto de la Asamblea Legislativa, Áñez se declaró presidenta interina del Estado Plurinacional de Bolivia.
Tras ello y con una biblia en las manos, Áñez ingresó a Palacio Quemado y el jefe de la Casa Militar le puso la banda presidencial y le entregó el bastón de mando.
El 8 de junio de 2021, Áñez reveló en su declaración ante la Fiscalía que fue Ricardo Paz, asesor del expresidente Carlos Mesa, quien le ofreció asumir la presidencia y que esa posibilidad se la consideraba en la reunión que se realizó desde el 10 de noviembre de 2019 en la Universidad Católica Boliviana.
Si bien Áñez debía llamar a elecciones en un “máximo de noventa días”, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que estaba presidido por su delegado Salvador Romero, aplazó en al menos cuatro oportunidades la fecha de los comicios. Inicialmente estaba prevista para el 3 de mayo de 2020, pero se la reprogramó para el 17 de ese mes.
Pandemia
Añez y su gobierno decretaron una cuarentena total como respuesta a la pandemia del Covid-19, lo que derivó en un nuevo aplazamiento de las justas para el 6 de septiembre.
Al final se la programó para el 18 de octubre de 2020, de forma definitiva, gracias a la presión de los sectores sociales con protestas como el Cabildo del millón que se realizó el 28 de julio de 2020.
En esos comicios los candidatos del MAS-IPSP, Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, lograron el 55,11% de respaldo electoral mayoritario, resultado que expulsó al régimen de facto y devolvió al país al cauce democrático.
ABI
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