Bolivia fue cuestionada por al menos cinco organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales sobre la administración de justicia y señalaron la urgencia de una reforma con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos. Todas coincidieron en la falta de independencia, en los vicios de corrupción y la inaccesibilidad.
La Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó su preocupación ante las reiteradas denuncias sobre la falta de independencia en la administración de justicia en el país, así como la prevalencia de desafíos estructurales en el sistema judicial. Recordó al Gobierno que la independencia de todo órgano que realice funciones de carácter jurisdiccional es indispensable para el cumplimiento de las normas del debido proceso. Su ausencia afecta el acceso a la justicia y fomenta la desconfianza de la ciudadanía en el sistema de administración de justicia, en general.
El activista en derechos humanos Franco Albarracín destacó que la CIDH reiteró su llamado al Estado de Bolivia a tomar las medidas necesarias para garantizar la independencia e imparcialidad del sistema de justicia en el país, mediante una reforma estructural, fundada en el principio de acceso a la justicia de las víctimas y a una reparación oportuna y adecuada.
Por su parte, las Naciones Unidas, a través del Comité de Derechos Humanos (CDH), en su cuarto informe sobre Bolivia realizado en marzo de 2022, expresó su preocupación por la situación del sistema de administración de justicia. “A pesar de las medidas adoptadas, la cobertura geográfica de los servicios de justicia continuó siendo inadecuada y se habrían continuado observando casos de injerencia política y corrupción en el Poder Judicial y en el Ministerio Público afectando su independencia”, indicó en una parte del informe.
Uno de los documentos más contundes para el abogado Ramiro Orías es el del relator García Sayán, pues en este expresa una alta preocupación por el amedrentamiento sistemático a jueces, por la presión del Ministerio de Gobierno, por la corrupción e impunidad del sistema y por la extorsión de jueces, fiscales y autoridades penitenciarias.
“También escuché sobre el impacto de la corrupción en el sistema de justicia, y la profunda desconfianza que existe en la justicia boliviana. Escuché testimonios de personas que han sido extorsionadas por jueces, fiscales y autoridades penitenciarias para facilitar procesos o cursar órdenes. Estos testimonios no son denunciados públicamente por las victimas por temor”, señaló el relator en el informe.
Sobre la independencia judicial, García Sayán se refirió a “la importancia de contar con una sólida carrera judicial y un presupuesto adecuado para la tarea que tiene el Órgano Judicial. Esto implica una modernización de la estructura y de la gestión del mismo, para evitar duplicación de funciones y abordar las dificultades actuales en ejecución de presupuesto. La falta de una carrera judicial es un aspecto crítico que atenta contra la calidad del sistema judicial y su independencia. Eso debilita los procesos de perfeccionamiento y especialización y genera un cuadro de precariedad en quienes desempeñan funciones judiciales y en la Fiscalía”.
Albarracín mencionó que organizaciones no gubernamentales, como Human Right Watch también emitieron recomendaciones y se refirieron a reformar el sistema de justicia de Bolivia para garantizar su independencia. “El objetivo debe ser garantizar la independencia, la imparcialidad y la integridad judicial”, indicaron.
En octubre de 2022, World Justice Project en su informe dio cuenta que el puntaje general del Estado de Derecho en Bolivia disminuyó 3,0%, por lo que ocupa el puesto 130 de 140 países del mundo.
Entre la tendencia más importante observada está la corrupción y la falta de justicia.
Amnistía Internacional también se pronunció sobre la justicia y Bolivia. Dijo que el sistema de justicia es utilizado para la persecución política de opositores, defensores de derechos humanos y periodistas, principalmente.
Los Tiempos
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