Analistas y opositores calificaron como “inviable” la propuesta de elaborar una ley corta para elegir de manera interina a las próximas autoridades del Órgano Judicial. Aseguran que la única forma de elegir a los magistrados es vía preselección en la Asamblea Legislativa y voto popular.
“Es absolutamente inviable. La Constitución es muy clara, la elección de los magistrados se realiza previa precalificación en la Asamblea Legislativa con dos tercios. Luego se envía al Órgano Electoral. No cabe ninguna ley transitoria ni nada”, declaró, por ejemplo, el abogado constitucionalista Carlos Borth.
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Renán Cabezas, propuso elaborar una ley corta o transitoria para elegir de manera interina a las autoridades del Órgano Judicial, debido a que el partido oficialista no cuenta con dos tercios en la Asamblea Legislativa y prevé que la oposición bloqueará la selección de postulantes a esos altos cargos que deben ir a la elección en octubre de este año.
“Probablemente –agregó el constitucionalista- se trate de una estratagema burda para influir en las bancadas de oposición e intentar forzar la unidad de la bancada del MAS anticipándose a los sucesos. Lo cierto es que deben esperar a que salga la convocatoria, que se presenten los aspirantes y que suceda lo que deba en la Asamblea”.
Adicionalmente, Borth mencionó que en esta gestación se propone un proyecto de ley para delegar la atribución de la preselección a una comisión ciudadana pasando, precisamente, por los problemas que se detectaron en las elecciones judiciales anteriores de 2017 y 2011. “Todos sabemos que la bancada del MAS no cuenta con dos tercios y, adicionalmente, se encuentra dividida”, agregó.
La senadora por Comunidad Ciudadana (CC), Cecilia Requena, espera que se confirme la presentación el anteproyecto de ley ante la Asamblea. “Suponiendo que haya la intención de que un proyecto de ley genere la posibilidad de que el ejecutivo elija de forma interina a los magistrados estamos hablando de un triple problema. Primero, de inconstitucionalidad; segundo, una especie de golpe al poder Judicial de parte del Ejecutivo; y tercero, una incapacidad dramática de generar acuerdos en torno a asuntos fundamentales para el desarrollo del país”, declaró. La legisladora aseguró que la Constitución “es muy clara”: “Los magistrados deben ser elegidos a través de una elección popular, en ningún caso a través de un dedazo o decretazo presidencial. Es una medida que le impide a este país generar acuerdos y el Gobierno es incapaz de generar estos acuerdos, se va por la vía del decretazo y muestra la importancia que tiene el Poder Ejecutivo de controlar el Poder Judicial y es nefasto para este país”.
Requena dijo que presentaron propuestas para mejorar las dos elecciones de magistrados pasadas a las que calificó como “un fracaso” porque “funcionó mal” el proceso de selección y pre selección a través de la Asamblea. “No se pudo liberar el condicionamiento político partidario cuando debería primar el mérito y la capacidad de las personas que van a ser los jueces supremos en este país”. El diputado Cabezas precisó que las elecciones deben llevarse si o si este año, porque así lo establece la Constitución. Para tal efecto, la Asamblea debe seleccionar con dos tercios de votación a los postulantes que irán a las elecciones judiciales y la población elegirá a quiénes ocuparán los altos cargos en el Consejo de la Magistratura, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional.
“Y si no hacemos dos tercios para elegir a los postulantes tenemos que buscar un mecanismo, una salvedad y posiblemente tengamos que hacer una ley corta o una ley transitoria para elegir a las máximas autoridades del Órgano Judicial de forma interina, en cuento y tanto la ALP no elija a los postulantes por dos tercios”, explicó Cabezas.
Mientras tanto, la iniciativa de reformar la constitución a través de la recolección de firmas continúa, pero para Borth los plazos no cuadran. “La iniciativa apunta a una reforma a la Constitución mediante la iniciativa ciudadana y para ello hay que convocar a un referendo. La recolección de firmas es para registrar el apoyo ciudadano a la iniciativa y convocatoria a referendo. Lamentablemente, pareciera que el calendario y prospectiva temporal de esta vía parece estar desfasada. Todo apunta a ubicar el referendo sobre la necesidad de la reforma por octubre o noviembre, mientras que el calendario de las elecciones judiciales pueden adelantarse un tanto más”, consideró.
Página Siete
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