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El abogado Miguel Ángel del Río ha expuesto ante la comunidad internacional la grave situación de corrupción que está ocurriendo en la Fiscalía de Barranquilla, Colombia. En una denuncia reveladora, se ha detallado cómo se están llevando a cabo despojos de tierras en la capital del departamento de Atlántico, surgiendo a numerosos propietarios.
Uno de los afectados por este problema es Abelardo Cure, quien ha sufrido la pérdida de más de 600 hectáreas de tierra, con un valor estimado en más de $600.000 millones de pesos colombianos. Este caso forma parte de lo que se ha denominado el “cartel del robo de tierras”.
Según las declaraciones de Cure, todo comenzó en el año 2012 tras el fallecimiento de su padre, Elmer Cure. Un año después, personas llegaron a la finca Santa Helena presentando escrituras que afirmaban ser los nuevos propietarios de 223 hectáreas de tierra. Cure asegura que estas escrituras eran falsas.
“Algunos hombres aparecieron diciendo que mi padre les había vendido la finca… Él nunca vendía nada, quería dejarlo todo a sus hijos. La gente que llegó a la finca estaba armada”, afirmó Abelardo Cure durante una entrevista con W Radio.
Además, Cure dijo que en la Notaría se dio cuenta de que la escritura del terreno pertenecía a un matrimonio y que había pagos de impuestos y hacienda correspondientes a dos escrituras diferentes, pertenecientes a dos propiedades distintas, pero con el mismo número.
Según la denuncia de Abelardo Cure, las tierras que le fueron arrebatadas fueron vendidas a María Patricia Hernández Jácome, jueza segunda penal del circuito, a la defensora del pueblo Yaneth Ortiz de Manotas ya su hija Carol Manotas, quien, según Cure, trabaja en la Fiscalía de patrimonio económico de Barranquilla.
Por su parte, Miguel Ángel del Río, abogado defensor de Abelardo Cure, ha afirmado que “la Fiscalía de Barranquilla es una cueva de ladrones, con algunas excepciones seguramente, pero nada funciona si no es con corrupción… Tenemos información de que al parecer un magistrado también ha comprado tierras despojadas”.
Del Río explicó el modus operandi de este robo de tierras en Atlántico, que involucra el uso de notarías falsas, y destacó que cada lote está bajo la jurisdicción de una Fiscalía diferente, lo que dificulta las investigaciones.
Ante esta situación, el abogado anunció que prometerá una denuncia a nivel internacional para solicitar una investigación exhaustiva del caso y pedir el nombramiento de una procuraduría especial que supervise dicha investigación.
El abogado también detectó que ha tenido contacto con “otras familias que han vivido exactamente la misma situación, es decir, complicidades entre notarios, fiscales, oficina de instrumentos públicos, empresarios y delincuencia organizada, con el objetivo de apoderarse de los bienes de muchos ciudadanos “.
Por último, reveló que: “Es una práctica sistemática en el departamento del Atlántico, específicamente Soledad, Tubará, Puerto Colombia y Barranquilla. Una mafia que necesariamente hay que destapar”.
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