¿Ecuador realmente puede mirarse en el espejo de El Salvador y Bukele? - Prensa Mercosur El diario online del MERCOSUR

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Analistas internacionales, incluidos salvadoreños, advierten de que son realidades distintas. Instan a reducir el desempleo y la inseguridad.

La delincuencia ya no es un fenómeno local, sino global. Tampoco es un problema que solo se circunscribe a un determinado país de la región. La inseguridad ha marcado a todo el globo terráqueo, afectando el diario vivir de la población.

Esta semana, la firma CID Gallup -que se dedica a la investigación de mercados y realiza encuestas de opinión pública- difundió un ranquin, a través de sus plataformas digitales, del nivel de aprobación de 13 presidentes de América Latina. Según la consultora, el listado es el resultado de un sondeo en el que participaron como mínimo 1.200 ciudadanos de cada uno de los países estudiados y con quienes se comunicaron por vía telefonía o de manera presencial.

El ranquin es liderado por el salvadoreño Nayib Bukele, con un 90%; seguido del mexicano Andrés López Obrador, con un 75%; y del costarricense Rodrigo Chávez, con un 71%. Al final de la lista, con un 15% de aprobación, se encuentra el ecuatoriano Guillermo Lasso.

Si bien se debe tener en cuenta la orientación y trayectoria que tiene la encuestadora en América Latina, menciona la investigadora colombiana, especialista en derecho internacional y docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Ivonne Téllez, tampoco se puede desconocer que el “fenómeno Bukele”, como el “modelo exitoso en el manejo de la seguridad”, se está extendiendo cada vez más no solo en Latinoamérica, sino también en el Caribe. Esto, debido a que la inseguridad ha sido un tema común y prioritario en la agenda de nuestros países.

No obstante, la criminalidad de El Salvador era muchísima más grave y sostenida en comparación que la de Ecuador, debido a que, durante décadas, ese país tuvo entre 70 a 100 muertos por cada 100.000 habitantes, por lo que sus índices eran los más altos del hemisferio occidental, recalca Pablo Ospina, antropólogo, experto en política y docente del Área de Estudios Sociales y Globales en la Universidad Andina Simón Bolívar. Según el catedrático esto se debió a que la economía de este país dependía exclusivamente de las remesas enviadas por sus migrantes, lo que genera pocas alternativas y facilita el reclutamiento de personas para las pandillas.

De acuerdo con datos de la organización sin fines de lucro InSight Crime, El Salvador es uno de los países, en 2022, con menos tasas de homicidios en América Latina. Al contrario de Ecuador que, en ese mismo año, registró 25,9 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. La organización no evidencia las cifras de Perú, Argentina y Bolivia, ya que según indican, los gobiernos no han divulgado sus datos oficiales.

Para Claudio Elórtegui Gómez, comunicador político chileno y rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, después de la pandemia es que se ha observado una fuerte articulación del crimen organizado en la región, la cual está incidiendo en los procesos electorales que antes no se ejecutaban bajo este contexto. A esto suma la preocupación ciudadana percibida en múltiples encuestas. Ambas situaciones, indica, están influyendo en el planteamiento de las estrategias políticas de los candidatos, ya que aquellos personajes que se adecuan a esta temática y a su vez muestran un liderazgo de la clásica figura de la mano dura o que estén en contra de la inseguridad son los que más fuerza y legitimidad ganan.

Ante esta circunstancia, la investigadora Téllez teme a que los presidenciales ecuatorianos tomen ese modelo como una referencia de gobierno, debido a que el país comparte el escenario de inseguridad. Pero se debe tener claro que esta situación en cada país de la región tiene un origen distinto, ya que el problema de la narcocriminalidad en El Salvador, con las Maras, no es igual al que se tiene en Colombia, en Argentina o en Brasil; “son escenarios distintos, en contextos distintos y que no pueden atacarse de la misma manera”.

Este tipo de modelo, por ejemplo, no es aplicable con la realidad de su país, sostiene Andrea Samaniego, politóloga y docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, ya que los carteles de la droga no solo se dedican al trasiego de esta, sino que también están envueltos en múltiples negocios, como venta de armas, de personas y tienen presencia transnacional, “es mucho más complejo”; además, “¿a quién vamos a detener, a los que mueven la droga y la mercancía o a los que lavan dinero o a los que los apoyan en las comunidades?”, cuestiona.

Sin embargo, la “importación del modelo Bukele” -el cual es muy mediático- y aplicarlo en Chile o en Ecuador no es sencillo, dice Elórtegui, ya que cada nación tiene un nivel distinto de recursos y un tipo de legislación, de parlamentos y de instituciones diferentes a El Salvador, por lo que en “los discursos pueden funcionar muy bien; aún mejor desde la operativización del marketing electoral y mucho más como respuesta a las expectativas y a las repercusiones ciudadanas; pero de ahí a que eso pueda concretarse es otra cosa”.

Este tipo de gobierno genera preocupación en organismos de derechos humanos por la pérdida de libertades y garantías

Claudio Elórtegui

Pero el problema no es el “efecto Bukele”, asegura José Valdez, analista político salvadoreño, sino los políticos, porque no han sabido resolver los problemas de la ciudadanía: la inseguridad y el desempleo. Y para ello solo se necesita voluntad política, expresa.

Valdez resalta que en democracia muchos políticos han cubierto casos de corrupción y en su opinión, aunque al Gobierno de su país se lo acuse de ser autocrático, en el último año y medio de gestión, cerca del 97% de la inseguridad de su país ya se ha solucionado. Aún así, cree que ese modelo no es fácil de aplicarlo en otros países, ya que las realidades son diferentes. A su criterio, Ecuador debería enfocarse en fortalecer a la Policía Nacional, en dotarla de armas y de vehículos, porque “es difícil enfrentar a los criminales si no tienes balas”. Además, dar mejores y mayores opciones a los jóvenes, que “son el caldo de cultivo” de estos grupos; de esta forma no tienen razón para unírseles.

Adicional, Ospina sostiene que el próximo gobierno ecuatoriano debe centrarse en reducir la desigualdad y la pobreza extrema, pero debe ser un programa más a largo plazo. A esto, Téllez le suma que debe fortalecer las instituciones de justicia, judicial y legislativa.

Por otra parte, Elórtegui invita a tener presente que “los remedios que pueden funcionar en unos países, en otros podrían ser peor que la enfermedad”.

Por lo tanto, los gobernantes deben ser muy cuidadosos con esas políticas, insiste Samaniego, ya que no deben pensar únicamente en aquello que le va a redituar en términos de aprobación, porque trabajarían en una agenda de popularidad. “Además, hay que preguntarse: ¿si los mandatarios no consideran los derechos humanos, al final, qué los distingue de los criminales que dicen combatir?”.

Hay que fortalecer el aparato de justicia para evitar la impunidad o la sanción injusta por supuestos delitos.

Andrea Samaniego

FLOR LAYEDRA, ESPECIAL PARA EXPRESO