Código de ética y justicia firme para combatir a la corrupción

Uno de los principales retos que el presidente Santiago Peña, debe enfrentar es el combate contra la lacra de la corrupción en el país, una de las causas fundamentales de la pobreza en la que estamos sumidos y de la pésima imagen que proyectamos hacia el exterior.

Sistemáticamente, al inicio de su gestión, los últimos gobernantes han prometido tomar medidas drásticas para erradicar este flagelo que tanto perjuicio genera a las arcas públicas; sin embargo, con el transcurso del tiempo, las promesas se fueron diluyendo hasta desaparecer. Mario Ado Benítez, por ejemplo, dijo al asumir el poder que acabaría con la imagen del Paraguay como país corrupto. Desafortunadamente, los hechos no acompañaron su promesa, y bajo su gobierno el cáncer de la venalidad se siguió extendiendo de forma amplia y profunda por el tejido de la administración pública.

La gente aguarda ahora que con el acceso de Santiago Peña al poder, se pueda dar un certero cambio de timón, sobre todo en lo atinente a la lucha contra la corrupción. Esta es su responsabilidad. Lo dijo el propio Peña días pasados, que nuevos vientos soplan en el Paraguay, que la “tormenta” se estaba llevando a muchos, y seguirá llevando a otros más. Es la primera vez que un presidente de la República cuenta con el apoyo tan decidido de la ciudadanía para acabar con los corruptos.

A pesar de la euforia que siempre conlleva un nuevo titular en el Poder Ejecutivo, también es muy importante que el Poder Judicial, los jueces y fiscales, estén a la altura de las circunstancias y pueden acompañar la gestión del Ejecutivo, que busca desterrar la corrupción. Si al final los procesos se acabarán “cocinando” en instancias fiscales y judiciales, no habrá servido de nada la iniciativa.

Asimismo, una herramienta que también podría ser de mucho provecho para avanzar en esta dirección es que el nuevo mandatario implemente y haga cumplir un “Código de Ética”, un instrumento que le sirva de orientación a su entorno más cercano acerca de la forma y los métodos que deben aplicarse en el manejo transparente de las instituciones que a cada uno le toque gerenciar.

Esta herramienta, que ya existe en varias dependencias del Estado, podría permitir avanzar en términos de prevención de la corrupción, concienciando a las máximas autoridades sobre la necesidad de mantener un compromiso ético y constituir ejemplos para sus respectivos colaboradores, evidenciando de manera clara e inequívoca con su conducta que no se tolerarán actos irregulares, y que, en caso de ser detectados, los responsables serán sancionados con todo el rigor de la ley. Solo así se podrá combatir al cáncer de la corrupción en serio.