Menos coca legal en Chapare y en el trópico de Cochabamba. Ese es el corazón de la propuesta en la que trabaja un grupo de legisladores afines al presidente Luis Arce y que tomó mayor impulso tras los resultados de las recientes intervenciones antidroga en la región del país donde el expresidente Evo Morales forjó su liderazgo político.
“Como legisladores de Yungas y como legisladores del departamento de La Paz, por todo lo que está ocurriendo con el narcotráfico, vamos a presentar un proyecto de ley para modificar la Ley 906, para que nuestra hoja de coca vaya para el consumo tradicional y no para otros fines ilícitos”, explicó el diputado Freddy Velásquez, de la facción ‘arcista’ del MAS, al momento de aclarar que el planteamiento no tiene como base “la generalización o la supuesta estigmatización” de esa zona del país respecto al narcotráfico.
La Ley 906 está vigente desde 2017. Permitió subir de12.000 a 22.000 las hectáreas de cocales permitidas y todo esto con el propósito de racionalizar el control de su producción y atender una demanda interna, especialmente en el departamento de Santa Cruz, la región que en 2021 consumió cerca de 8.000 toneladas de este producto en estado natural para acullico.
La norma autorizó a Chapare y el trópico de Cochabamba el cultivo de 7.700 hectáreas. Con la Ley 1008, vigente entre 1989 y 2017, esa zona fue declarada en transición porque el cultivo de coca debía migrar a otros productos. En el gobierno de Carlos Mesa (2003-2005) se autorizó “un cato por familia” que significó algo más de 3.000 hectáreas de producción de estas hojas que son empleadas para la producción de cocaína.
Velásquez consideró que esa debería ser la proporción porque “hasta el momento los hermanos del trópico no han sabido explicar el destino de su producción”. Eso sí, el legislador defendió las 14.300 hectáreas de coca en favor de Yugas de La Paz tras señalar que el 97% de esa producción pasan por los controles legales, pero al mismo tiempo se distribuyen en todo el territorio nacional.
“En los últimos informes de la Unión Europea, de la ONU, dicen que más del 95% de la coca del trópico de Cochabamba no sale por ningún control a su comercialización a nivel nacional, más al contrario, dice de Yungas, de aquí de la coca paceña, que más del 97% de la coca sale por los controles y sale a su comercialización a nivel nacional”, insistió respecto a los informes anuales de monitoreo de cocales que está a cargo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).
Estos informes internacionales sobre cocales se presentaban usualmente entre julio y agosto de cada año, pero el más reciente se entregó en noviembre de 2022 con datos a 2021, el primero de la gestión del presidente Luis Arce.
La Unodc reportó entonces 30.500 hectáreas de coca, 8.500 más del límite fijado en la Ley 906. El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, rechazó esas cifras y reveló que esa fue la causa de la demora en la entrega del reporte
El informe anterior estableció 29.400 y supuso un incremento del 4%, pero para el Gobierno dijo que hubo una reducción de 200 hectáreas. La presentación de los datos de 2022 deberían ser presentados antes de octubre, aunque el impasse se mantendrá a la hora de establecer la comparación, señaló una fuente cercana a este proceso.
“En 2022, en el tema de monitoreo de cultivos, a pesar del incremento exponencial de la demanda de drogas en el mundo, los datos en Bolivia, en comparación con sus homólogos regionales, muestran un incremento mucho menor”, anticipó el embajador de la Unión Europea (UE), Michael Dóczy, a EL DEBER.
El diplomático remarcó que el enfoque de la UE en Bolivia tiene que ver con el respaldo a la “política nacional de control y racionalización de cultivos de hoja de coca y lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico”, además de programas para prevenir la corrupción. El organismo ejecuta un paquete de asistencia de 114 millones de Euros a los que se sumó unos 20 millones más de asistencia adiciona, dijo Dóczy.
Esos recursos son canalizados por la Unodc y por el Ministerio de Gobierno, en el contexto de la política nacional de lucha contra las drogas que se aplica desde 2008.
“Cada año nos dicen que 10.000 hectáreas de hoja de coca ilegal se han erradicado, pero nunca se acaba, siguen los indicadores altos. Sigue habiendo coca que nadie sabe explicar a dónde va”, afirmó el legislador Velásquez.
El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (MAS), dijo que “así como se está luchando contra el narcotráfico en el trópico se debe hacer en el resto del país”. Además, aseguró que este tipo de posturas apuntan a estigmatizar a esta región del país. “Ya son 30 años que apuntan al trópico de Cochabamba con el narcotráfico y esto es desde que Evo Morales pasó de la lucha sindical a la pelea electoral”, afirmó.
Unas 10 operaciones antidroga se ejecutaron en menos de una semana en Chapare y el trópico de Cochabamba, incluso hubo un intercambio de disparos el 5 de septiembre, cuando los policías hallaron un minibús blanco “cargado con ladrillos de cocaína” listo para salir “con destino a algún punto de acopio”. El informe de esta operación también dio cuenta del hallazgo de ocho fábricas de pasta base de cocaína que luego eran refinadas en tres laboratorios.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, aseguró que estas operaciones se ejecutaron en lugares “donde nadie antes se había atrevido a hacerlo” y que se persiguen delitos y no a personas.
Fuente de esta noticias es El Deber: Leer más
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