La sombra de la amnistía se cierne sobre la ley electoral brasileña

Mientras todo Brasil está pendiente del histórico juicio que desde la semana pasada está sentenciando a los golpistas del 8 de enero, cuando manifestantes pro-Bolsonaro invadieron los palacios del poder en Brasilia, la Cámara Baja debatió la semana pasada sin hacer mucho ruido un proyecto de reforma que da un vuelco a las reglas electorales brasileñas y amenaza con fragilizarlas.

No es casualidad que esta propuesta de reforma fuera bautizada inmediatamente como “la PEC de la Amnistía”. La PEC 9/2023 es una Propuesta de Enmienda Constitucional que altera la ley electoral, concretamente la última Enmienda Constitucional nº 117 del 5 de abril de 2022. El nuevo texto ha sido propuesto ahora por Paulo Magalhães, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSD), formación actualmente en el gobierno Lula con Carlos Fávaro, ministro de Agricultura, André de Paula, ministro de Pesca y Alexandre Silveira, ministro de Minas y Energía. Pero el relator Antônio Carlos Rodrigues del Partido Liberal (PL) de Jair Bolsonaro lo ha cambiado sustancialmente agregando la amnistía para los partidos que violaron las cuotas de género y raza en las elecciones de 2022, así como para los que el Tribunal Electoral juzgó incorrectas sus cuentas.

La lista de firmantes del proyecto de ley incluye a todas las formaciones políticas, aunque entre los partidos firmantes el apoyo no es absoluto. Tanto el PL como varios partidos del gobierno Lula, además del PSD, están a favor de esta reforma electoral, como el Partido de los Trabajadores (PT), el Partido Socialista Brasileño (PSB) y el Movimiento Democrático Brasileño (MDB). Solo dos no firmaron: el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y el Novo.

La nueva propuesta exime de castigo a los partidos que no hayan transferido la cuota mínima de fondos públicos para las candidaturas según los criterios de raza y género. A pesar de que el texto también prevé la inclusión en la Constitución de la obligación de que los partidos distribuyan al menos el 20% del fondo electoral a los candidatos negros y mulatos, supone un retroceso de facto. Para las líderes de los movimientos negros, feministas y anticorrupción, esto alejará aún más a las mujeres y a los negros de la política en Brasil.

Actualmente, la norma vigente es que los recursos sean proporcionales al número de estos candidatos, que en las últimas elecciones, en 2022 por ejemplo, fue superior al 50%. En 2021, para incentivar la participación de negros y mulatos en la política, el Congreso Nacional promulgó la Enmienda Constitucional 111, que establece que los votos dados a ellos en las elecciones serán contados doblemente para fines de distribución de fondos entre los partidos políticos. Además, por cuarta vez en la historia reciente de Brasil, se amnistía la falta de transferencia de fondos a las candidaturas femeninas. Sobre todo, y lo más grave, la propuesta dificulta la sanción de las candidaturas falsas.

La diputada Fernanda Melchionna, del PSOL, calificó la propuesta de “PEC de la vergüenza y de la autoamnistía”. Para la diputada, “la propuesta tiene como ponente a un partido político que pretende revocar de esta forma una decisión de los tribunales del estado de Ceará”. Según Melchionna, siete mujeres en el Ceará declararon ante un tribunal que eran candidatas sin su conocimiento. Fueron utilizadas simplemente para alcanzar la cuota de género, es decir, para cometer fraude electoral. Una modificación incluida por el relator prevé la no aplicación de sanciones – como la pérdida del mandato y el decreto de inelegibilidad – cuando la decisión judicial conlleve una reducción del número de mujeres electas. El proyecto de ley también establece un límite máximo del 10% del Fondo de Partidos que se utilizará mensualmente para pagar las multas impuestas a los partidos políticos tras la entrada en vigor de la Enmienda Constitucional 117 de 2022, que obliga a destinar al menos el 30% de los recursos del fondo a las candidatas.

Además, en las candidaturas de testaferros puede infiltrarse el crimen organizado. En las elecciones de 2022, según la revista brasileña Veja, el Primer Comando de la Capital (PCC), es decir el principal grupo criminal de Brasil, habría pedido a sus miembros que votaran por Fabiana Soler, la candidata a diputada federal del PT, el partido de Lula. Su marido es Evandro Andrade da Silva, también conocido como “Ceasa” (Centro de suministro), “Veinho” (Vena) y “Bondinho” (Teleférico), una figura destacada del PCC. Actualmente cumple una condena de 48 años de prisión por tráfico de drogas, homicidio, robo y porte de armas ilegales.

El otro gran grupo criminal, el Comando Vermelho, también ha hecho acto de presencia en la última campaña electoral. Según el diario O Globo la hija de su líder, Fernandinho Beira Mar, ahora en prisión, hizo campaña por Claudio Castro, candidato a gobernador del PL, el partido de Bolsonaro. Fernanda Costa, este es su nombre, concejal en Duque de Caxias, cerca de Río de Janeiro, feudo del Comando Vermelho, ha sido acusada por la prensa brasileña de ser el brazo político de su padre. El pasado abril fue condenada a 4 años y 10 meses de prisión en régimen semiabierto. Según la denuncia del Ministerio Público Federal, “Fernanda visitaba a su padre para discutir asuntos relacionados con la perpetración de crímenes. Los mensajes eran enviados en lenguaje codificado para establecer comunicación con los miembros del grupo criminal y dificultar la actuación y la identificación policial.”

Además, con la nueva propuesta de reforma electoral también hay una amnistía sobre todas las irregularidades en las cuentas de los partidos, los fondos partidarios y en las campañas electorales. Se trata de unos 23.000 millones de reales, unos 5.000 millones de dólares. Si se aprobara la propuesta de modificación de la ley, se privaría a las arcas públicas brasileñas de una suma importante. Por esto, cincuenta organizaciones de la sociedad civil que ya habían escrito una carta abierta en abril al Congreso, enviaron otra carta la semana pasada en la que definen de “irresponsabilidad inaceptable” que el Parlamento aprobara la PEC de la Amnistía. En el texto, organizaciones como Transparência Brasil, Oxfam Brasil, Educafro y Livres, entre otras, expresaron “extrema preocupación” porque la propuesta podría “comprometer locamente” la democracia. Su eventual promulgación consolidará “la total impunidad de los partidos políticos que no respeten las disposiciones de la ley”, escribieron.

Si se aprueba en la Cámara de Representantes y en el Senado y se convierte en ley, será la mayor amnistía para los partidos políticos en la historia de Brasil. De hecho, en una de sus disposiciones, la PEC exime a los partidos de sanciones por cualquier irregularidad en la presentación de informes sobre el uso de los fondos partidarios y electorales – no sólo por el incumplimiento de la distribución mínima de recursos para candidatos negros y mujeres- en las elecciones a partir de 2022. El texto también permite a los partidos obtener donaciones de personas jurídicas para el pago de deudas contraídas hasta agosto de 2015. La votación en el Senado, prevista para mañana, ha sido aplazada hasta los próximos días porque ha habido una petición colegiada de la Cámara para disponer de más tiempo para un análisis más detallado. Mientras el debate sigue acalorado, la última encuesta de Datafolha reveló que la polarización entre los votantes de Lula y Bolsonaro se mantiene sin cambios, casi un año después de las elecciones. Según el sondeo, el 25% de los entrevistados se declara incondicional del ex presidente, mientras que el 29% se dice 100% seguidor de Lula.