Entre la gestión y la movida electoral, pero en medio de una fuerte sequía —similar a la que se vivió en 2016— el presidente Luis Arce activó tres medidas para enfrentar esta crisis: Recursos para un plan contra la sequía (2023-2024), convocar al Consejo Nacional de Autonomías para analizar la crisis hídrica y el cambio de dos viceministros de Medio Ambiente y Agua, uno de los mandatos del “cabildo del pueblo” del 17 de octubre.
A pesar de estas señales, organizaciones sociales, políticos y agropecuarios del país, perciben una respuesta tardía y poco efectiva para enfrentar la crisis por la sequía que azota siete de los nueve departamentos de Bolivia. La reacción, aseguran, ya tiene un efecto negativo en la imagen del gobierno de Luis Arce, tal como pasó, precisamente, en estas fechas, pero hace cuatro años, al gobierno de Evo Morales con el incendio que arrasó con la Chiquitania boliviana en 2019.
En agosto de 2019, en plena campaña política y a dos meses para las elecciones generales, Bolivia enfrentó una emergencia forestal con más de dos millones de hectáreas consumidas por el fuego y casi seis millones de mamíferos muertos devorados por las llamas y a pesar de ello, el entonces presidente Morales se negó a declarar “emergencia nacional” y derogar la “ley del chaqueo”. El hecho le pasó una elevada factura en el nivel de aceptación electoral, la protesta de los jóvenes, más de 80 organizaciones ambientalistas que lo acusaron de “ecocidio” y la crítica de la oposición. Según una encuesta de la época, Morales tenía el 31% de aceptación electoral, el más bajo en las tres gestiones consecutivas de su gobierno.
Medidas
En la actualidad, en Bolivia se enfrentan tres situaciones de emergencia climática: Incendios forestales en al menos tres departamentos, la sequía y falta de agua en siete de los nueve departamentos del país. En ese contexto, el gobierno anunció estas tres acciones de emergencia.
En la primera medida, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó a EL DEBER que el 14 de octubre en Santa Cruz se lanzó el plan a corto plazo de 2023 para atender la sequía: “agua para la vida, agua para la producción” con una inversión de Bs 5.414.000.
El otro plan es de “respuesta inmediata a la sequía” de julio de 2023 a junio de 2024 para el que se destinó un presupuesto de Bs179.410.00 y “debe ser ejecutado por los ministerios de Medio Ambiente y Agua; Desarrollo Rural y Tierras y Defensa a través del Viceministerio de Defensa Civil”.
La segunda medida que puso en marcha Arce es convocar al Consejo Nacional de Autonomías el 25 de octubre en la Casa Grande del Pueblo, donde se realizará la segunda sesión de este año, pero esta vez para analizar la crisis que genera la sequía en el país.
“Entre los puntos a tocarse está (el tema) relacionado con las acciones y políticas conjuntas con respecto a la crisis climática y del agua”, explicó Calvimontes.
El Consejo Nacional de Autonomías está conformado por las nueve gobernaciones, los gobiernos autónomos regionales y de pueblos indígenas, los representantes de los municipios y las autoridades del gobierno central.
La tercera medida que hizo efectiva el presidente Arce fue través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Se cambió a dos viceministros con la misión principal de “proponer políticas para mitigar la crisis climática que enfrenta Bolivia”.
Se trata de Franz Quispe Olivera que es el nuevo viceministro de Medio Ambiente y de Yerson Carballo Montiel que es el nuevo viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico que reemplazan a Magin Herrera y Bernardo Nina Rosso, respectivamente.
El cambio de estas dos autoridades se dio dos días después del denominado “cabildo del pueblo” que se realizó en la ciudad de El Alto y en el que el Pacto de Unidad dio varios mandatos al gobierno y uno de ésos pedía ajustes en el gabinete de ministros, viceministros y directores.
Campo Margarita
La situación de emergencia por la ausencia de agua golpea a regiones que en otrora tenían suficiente agua para la explotación de gas y ahora no tienen ni para su consumo doméstico. Uno de esos casos son las poblaciones aledañas al Campo Margarita.
“El campo Margarita es el único que está sosteniendo al departamento y al país y no tenemos agua, es una pena cómo viven las comunidades en ese sector. No tenemos agua. Palos Blancos y las comunidades aledañas al Campo Margarita no tenemos agua potable, están recibiendo en turriles de los camiones cisternas. La gente en la zona no tiene gas domiciliario y no hay ayuda del Gobierno”, alertó Juan Barrios, presidente del Comité Cívico de Palos Blancos, una comunidad próxima al megacampo.
Críticas
En ese escenario, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luciana Campero, afirmó que en el Gobierno “no existe gestión, esfuerzo, mucho menos voluntad ni política ni económica para frenar el daño irreversible que vivimos por la falta de agua” y que carece de estrategia para manejar la crisis medioambiental.
La legisladora recordó un pasaje de 2019 cuando Arce era ministro de Economía y en plena emergencia por los incendios de la Chiquitanía le pidieron ayuda. “El 2019 entre lágrimas, los bomberos le pedían a Luis Arce en un vuelo de BoA, que declare emergencia nacional en el país y aun así no tuvo un milímetro de compasión por nuestro país porque nunca se declaró emergencia”.
A ello, el excandidato a la Alcaldía de La Paz, por el MAS, César Dockweiler, añadió que mientras casi 200 municipios se declararon en emergencia por la crisis del agua, el Gobierno no hace nada para frenar la contaminación minera.
“No se ha hecho absolutamente nada para proteger nuestros acuíferos y seguimos dando concesiones a un sistema que está contaminando de manera irreparable nuestro medioambiente, nuestras fuentes de agua”, dijo Dockweiler.
Manifiesto de Confeagro
La Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) que se reunió días atrás en Oruro, emitió un manifiesto en el que alerta que la sequía afectó a más de tres millones de hectáreas en el país, además de su alto impacto en la producción ganadera.
En esta emergencia, la Confeagro plantea cuatro acciones urgentes para luchar contra la sequía: el suministro de agua a las familias, apoyo al suministro de agua para animales y la implementación de tecnologías de riego, la perforación de pozos para acceder a agua subterránea, el fortalecimiento de las Unidades de Gestión de Riesgo para una respuesta más efectiva ante emergencias climáticas.
ANÁLISIS
“Esto afectará al Presidente si no da señales claras”
Franklin Pareja, POLITÓLOGO
Este es un fenómeno no imputable necesariamente a una gestión de gobierno, sino a condiciones globales. No obstante, para eso, todos los gobiernos deben tener un plan de contingencia para eventos y desastres climatológicos como el de la sequía.
Políticamente, claro que le va afectar al gobierno. Si éste no da una señal clara de mitigar y afrontar el problema con determinación, realmente los días y los años que se vienen de aquí en adelante van a ser muy duros.
El tema de la carestía de agua debería ser declarada la prioridad número uno del país. El Gobierno debería sacar una ley declarando estado de emergencia, pero vemos que las autoridades se niegan a hacerlo, no quieren reconocer que el país está atravesando una situación de crisis.
Con la demanda de las organizaciones hay un clamor desesperado de que se haga algo porque todos los días pierden cosechas, se muere su ganado y la población rural se desplaza a los centros urbanos. Vamos a vivir una crisis humanitaria espantosa.
Si no se trabaja en una política integral de coordinación entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales y anteponen la variable ideológica para favorecer solamente a los gobiernos que son afines al oficialismo, van a suceder cuestiones absolutamente dramáticas, catastróficas, peores de las que estamos viendo y ahí sí, ése sí va a ser un detonante de un altísimo costo social.
Ya se están viendo acciones de coordinación que están surgiendo desde los gobiernos subnacionales pero no se lo ve al gobierno nacional tomar acciones de coordinación efectivas y tampoco se ven a autoridades muy competentes para un momento tan complicado.
Es un crimen que estando en una crisis del agua en Santa Cruz se considere construir una carretera en medio de acuíferos, es un total contrasentido.
Fuente de esta noticia Diario El Deber Bolivia.
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