Las empresas del Estado

En su discurso ofrecido ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, el pasado 6 de agosto, Luis Arce Catacora ensayó dos consignas: segunda independencia de Bolivia y el gobierno de la industrialización; seguramente, ambas frases formarán parte de su campaña proselitista si es que finalmente busca su reelección con la sigla del MAS u otra organización política.

En el fondo, ambos conceptos reflejan la visión de un presidente de pensamiento socialista que apuesta por una vigorosa presencia del Estado en todos los circuitos económicos. Precisamente, sobre ese punto giran las grandes discusiones políticas de la actualidad y el desenlace de las elecciones en Argentina es un claro ejemplo de ello.

En Bolivia, el debate sobre la participación del Estado en la economía está circunstancialmente resuelto; desde 2006 el MAS ha ganado elecciones sucesivas con un programa de gobierno que apuesta por el Estado y relega al sector privado, y en consecuencia, se han aplicado regulaciones que que van desde la presión impositiva hasta restricciones para las exportaciones.

En contraposición el MAS apostó por las empresas estatales como principales fuentes generadoras de empleo y riqueza. Pues bien, ante los anuncios presidenciales de nuevas y millonarias inversiones en época de vacas flacas,corresponde hacer algunas consideraciones.

En primer lugar, como varios estudios lo han planteado, existe un manejo engañoso de ciertas cifras y conceptos. Por ejemplo, un boletín del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que data del 23 de agosto de este año, menciona que entre 2007 y 2022, las empresas estatales habrían acumulado utilidades por el monto de Bs. 49.791 millones.

Ese informe oficial no precisa, por ejemplo, si los datos incluyen el aporte de YPFB que sigue siendo la empresa más grande del país; por el contrario, anota que las empresas estatales garantizan la soberanía alimentaria de Bolivia y “a través de ellas se operativiza la subvención a los combustibles y de alimentos”, cuando para todos es conocido que la subvención a los combustibles está desangrando la economía y se cubre con dineros del Tesoro General de la Nación.

Por otro lado, el 21 de abril de 2023, Fátima Pacheco, gerente del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), informó que la institución a su cargo cuenta con un presupuesto de Bs 3.114 millones para construir hasta el 2025 más de 20 nuevas plantas industriales en diferentes puntos de Bolivia, A ellas se suman las ya existentes Ecebol, Envibol, Eepaf, Eeps, Papelbol y Cartonbol,  dedicadas a la producción de cemento, envases de vidrio, papel, cartón ecológico, abonos y fertilizantes, para el mercado interno y exportaciones.

Existen otros ejemplos bastante polémicos; por ejemplo, la empresa Mi Teleférico, de La Paz, que cada cierto tiempo bate récord de usuarios,  pero no aclara en cuánto tiempo se recuperará la millonaria inversión hecha para su construcción, o Empresa Azucarera San Buenaventura que nunca funcionó al tope de su capacidad por falta de caña de azúcar y así se podrían seguir enumerando casos.

Se desconoce a ciencia cierta cuál es la verdadera situación de esas empresas estatales. Buena parte de las ahora añoradas reservas internacionales se han destinado a esas inversiones, los estados financieros no son siempre accesibles. y en muchos casos los requerimientos de información abierta son respondidos con comunicados de prensa.

Ciertamente, el Gobierno establece sus prioridades aunque las necesidades urgentes sean distintas, pero lo mínimo que se puede exigir es transparencia y acceso a la información. Que las empresas eficientes sigan y se cierren los elefantes blancos.