Intendencia de Maldonado podrá demoler varias viviendas en Punta Colorada

En una decisión de primera instancia, el juez Federico Rodríguez ha desestimado la acción de amparo presentada por una familia de Punta Colorada, cuyas viviendas la Intendencia de Maldonado planea demoler, alegando que están construidas sobre terrenos públicos, una afirmación contraria a la posición de los residentes.

En el fallo judicial se ordenó archivar el caso. Sin embargo, se establece que en caso de que la parte demandante decida apelar la decisión, el asunto podría llegar a una segunda instancia. El texto sostiene que no sería “preceptivo” el proceso judicial de demolición y la intendencia se encontraría legalmente habilitada a ejecutar la medida.

En este contexto, se destaca que “no correspondería” atribuir a quien ejerce la policía territorial “un accionar manifiestamente ilegítimo”, según lo indica la sentencia. Además, se enfatiza que “no se acredita un accionar de la Intendencia de Maldonado que pueda calificarse de manifiestamente ilegal o manifiestamente ilegítimo”.

La IMMA habilitada para demoler viviendas

Por el contrario, el juez considera que el actuar de la intendencia fue adoptado “en ejercicio de las facultades que la ley expresamente le confiere, adecuando su accionar a los mandatos legales y constitucionales”.

Se subraya que se han preservado especialmente las garantías de los administrados y que “el procedimiento administrativo ha sido ajustado a derecho, no evidenciándose ilegitimidad alguna que sustente el acogimiento de la pretensión”.

Tras la demolición, la visión es transformar la zona en un paseo, liberando así el área de playa. El intendente fernandino Enrique Antía asegura que existe un proyecto de desarrollo integral para Punta Colorada.

En defensa de los moradores, los abogados Marcelo Güinle y Hugo Costa presentaron una demanda en el ámbito civil buscando anular la demolición que estaba programada para el pasado viernes.

Simultáneamente, los abogados del estudio Donnángelo, Durán, Sasson presentaron una denuncia penal contra el intendente de Maldonado y otros funcionarios municipales en representación de los hermanos (residentes de las viviendas), alegando “abuso de funciones”.