‘Neurona’, la macrocausa contra Podemos construida sobre rumores que se deshizo como un azucarillo

Madrid, 29 de julio de 2020. Son poco más de las once de la mañana. Y en el Juzgado de Instrucción nº42 de la capital da comienzo la declaración de José Manuel Calvente. El exabogado de Podemos responde al juez José Manuel Escalonilla por videoconferencia sobre hechos relativos a su antigua formación. Lo hace durante tres horas. Pero buena parte de su comparecencia se sostiene sobre rumores. “Es lo que me dicen que está pasando, pero yo no he visto nada”. “Había estas sospechas, se estaba rumoreando esto”. “Que podrían ser simulados, tampoco es que lo afirme categóricamente”. Una declaración que termina derivando en una incisiva investigación que, después de tres años, ha terminado por deshacerse como un azucarillo en un vaso de agua.

Las llamadas Diligencias Previas 1181/2020 arrancaron tras una denuncia interpuesta por Calvente ante la Guardia Civil por hechos que podrían ser constitutivos, entre otros, de los delitos de blanqueo de capitales, administración desleal y financiación ilegal. La personación de quien fuera coordinador del equipo jurídico del partido y Delegado de Protección de Datos se produjo pocas semanas después de haber sido despedido fulminantemente de la organización a través de una carta que dedicaba buena parte de su extensión a relatar el supuesto “acoso sexual” y “hostigamiento laboral” a una de sus compañeras, unos hechos por los que no ha sido condenado –fue absuelto por la justicia–.

El caso Neurona ha supuesto el último gran quebradero de cabeza de un partido que desde su nacimiento hace casi una década ha bregado contra una incesante ofensiva en los tribunales. Esta causa, de hecho, ha perseguido a la formación morada durante toda la pasada legislatura. El partido, y buena parte de su cúpula, fue imputado en el verano de 2020, cuando apenas llevaba seis meses formando parte del Ejecutivo. Y bajo el foco judicial se mantuvo hasta el pasado mes de septiembre, cuando el juez Escalonilla lo sacó finalmente del procedimiento como persona jurídica. Más de tres años de sospechas sobre la existencia de una supuesta caja B o sobrecostes en la reforma de la sede convenientemente amplificadas desde la derecha política y mediática.

Prácticamente desde el primer momento, Neurona se convirtió en una macrocausa. En base a las declaraciones de Calvente, a las que se unieron las de otras extrabajadoras y exintegrantes de la formación, se abrieron una decena de líneas de investigación. Se indagó sobre los contratos del partido con una consultora portuguesa de cara a las generales del 28A. Se miraron con lupa las obras en la sede del partido, el uso que se dio a la llamada caja de solidaridad de la formación o las donaciones supuestamente irregulares a varias entidades. Se investigaron supuestos sobresueldos. Y hasta se escrutó durante más de un año si un par de trabajadoras de la formación habían sido utilizadas como cuidadoras de los hijos de la exministra de Igualdad Irene Montero –el caso niñera–.

Un todo que terminó en nada. El castillo de naipes se ha ido, poco a poco, desmoronando a golpe de archivo por la ausencia de indicios delictivos. De hecho, lo único que queda vivo en la actualidad de la gran macrocausa, en la que la formación de extrema derecha Vox no dudó en irrumpir como acusación popular, es la parte relativa al contrato de 363.000 euros suscrito por el partido con la firma Neurona Consulting para los trabajos de la campaña electoral de abril de 2019 de Podemos. Una línea de investigación que, no obstante, también se ha ido desinflando con el paso del tiempo. Tanto es así que el juez instructor de la causa se vio obligado a modificar la tesis inicial que mantenía alrededor de estas pesquisas.

Escalonilla consideró inicialmente que existían “indicios racionales” que llevaban a pensar que se trataba de un “contrato simulado” y que la consultora nunca había realizado los servicios para los que había sido contratada. Pero tras escuchar los testimonios de trabajadores del partido y de Neurona, así como de analizar el millar de documentos que la formación puso a su disposición, acabó considerando como “indiciariamente acreditado” que la firma había hecho esos trabajos. Pero entonces puso el foco sobre el precio pagado por los mismos. Al fin y al cabo, mantenía el juez, no solo hay delito electoral cuando existe un contrato simulado, sino también cuando se emplean fondos electorales para pagar un gasto electoral por un precio mayor a su coste real.

Con la intención de aclarar este extremo, consideró oportuna la realización de una pericial. Y se la encargó al consultor político Aleix Sanmartín. Tras varios meses de espera, el informe ya está sobre la mesa de Escalonilla. Y la conclusión del mismo es clara: lo que pagó Podemos por estos trabajos fue acorde al precio de mercado. “En relación al precio de los productos y servicios analizados debemos concluir que se encuentran dentro del rango medio, e incluso levemente por debajo, de lo establecido por los precios del mercado del sector”, recoge el informe. En el partido dan por hecho que este espaldarazo pondrá punto y final, de una vez por todas, a la pesadilla de Neurona.

Estos tres años han sido duros para los exdirigentes salpicados en el procedimiento, que desde la formación morada siempre se ha calificado como una “causa general” contra el partido. A algunos, de hecho, les ha afectado a nivel personal y profesional. Para Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, Neurona ha sido “un desvarío que demuestra la podredumbre del sistema judicial español”. “Se trataba de intentar hacer creer que Podemos hacía las mismas cosas que el PP, condenado por robar a esa España a la que tanto quieren. Pero todo era tan endeble que se fue cerrando”, señala el politólogo en conversación con infoLibre.

Monedero estuvo durante meses investigado en esta causa. Bajo la lupa, un ingreso de 26.000 euros de Neurona Consulting. Tanto instructor como la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sostenían que era una comisión y que el politólogo había fabricado una factura de consultoría para justificar el pago. “Me acusaban de haberme inventado una factura cuando en el mes de marzo me la reclamó el banco. Yo les mandé correos de enero con la factura, pero tardaron dos años en abrirlos. Y la UDEF, encima, diciendo que no había prestado ayuda cuando el primer día fui con el ordenador al juez para ofrecerle la información. Nuestras pruebas no valían porque invalidaban el caso. Y había elecciones y había que demonizar a Podemos”, explica Monedero, ya desimputado.

El cofundador de Podemos sabe bien lo que es estar bajo la lupa judicial. También de la Audiencia Nacional. En octubre de 2021, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº6, el magistrado Manuel García-Castellón, dispuso la reapertura de una causa antigua –abierta cinco años antes en base al famoso informe Pisa– para investigar la supuesta financiación irregular de Podemos. Y lo hizo en base a las declaraciones del exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo Armando ‘El Pollo’ Carvajal, quien situó el foco sobre varias de las personas ligadas al nacimiento de la formación morada: Monedero, Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez. Al final, la Sala de lo Penal entendió que las pesquisas que se pretendían llevar a cabo eran “prospectivas”. Y ordenó el archivo.

El juez acató. Pero apenas una semana después recibió varios oficios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Y abrió una nueva línea de investigación centrada en unas transferencias entre la empresa de Monedero, Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, la mercantil VIU Europa y el Banco del Alba por la elaboración de un informe de asesoría. García-Castellón puso sobre la mesa los posibles delitos de blanqueo y falsedad. A finales de octubre, fueron detenidas tres personas en el marco de esta causa, en la que la Sala de lo Penal ya se ha tenido que pronunciar en más de una ocasión: primero para avalar la investigación y luego para obligar al magistrado a facilitar a Monedero el acceso a su causa.

Con esta ya son tres las investigaciones alrededor de la formación morada que han estado en manos del magistrado de la Audiencia Nacional. Además de estas dos, García-Castellón ha sido también el instructor del llamado caso Dina, una de las piezas separadas de Tándem centrada en el robo de la tarjeta de móvil de la exasesora de Podemos Dina Bousselham y la publicación de parte del contenido de la misma en diferentes medios. En este procedimiento, el magistrado llegó a pedir al Supremo que investigara al entonces vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por revelación de secretos, daños informáticos, denuncia falsa y simulación del delito. Pero no tuvo suerte. Al final, los procesados han sido el comisario jubilado José Manuel Villarejo y dos periodistas.

Prácticamente desde que vio la luz, Podemos ha tenido que hacer frente a una ofensiva continua en los tribunales. Sobre todo, en lo que tiene que ver con la no demostrada financiación irregular, una acusación que en buena medida se apoyó en un supuesto informe policial difundido a bombo y platillo por determinados medios de comunicación tras la irrupción de la formación como tercera fuerza política. Era el denominado Informe Pisa –acrónimo de Pablo Iglesias SA–, un documento sin membrete oficial ni firma de policía alguno cuya elaboración ha terminado con el paso del tiempo atribuyéndose a la brigada política que operó durante la época de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior.

Aquel documento no tuvo, hace ya más de un lustro, recorrido judicial alguno. Su contenido fue despreciado una y otra vez por los magistrados, que ya habían frenado varias peticiones para que se investigase al partido morado. Lo intentó, por ejemplo, el pseudosindicato ultra Manos Limpias, pero el Supremo le cortó el paso recordando que las “meras afirmaciones” sin estar “mínimamente avaladas” por algún elemento que respalde su “verosimilitud” no justificaban la apertura de una causa. “Las cloacas del Estado contra Podemos es, después de los GAL, el ejercicio de guerra sucia más indigno en nuestra democracia. Con jueces corruptos, periodistas corruptos, gente de Hacienda corrupta, policías corruptos, políticos corruptos y empresarios corruptos”, apunta Monedero.

En este sentido, el cofundador de la formación morada señala que las “élites” españolas, con el “impulso” del PP y el “apoyo” del PSOE, “quebraron el Estado de derecho” para “sacar” a su partido “de la política”. “Y resulta que ahora la culpa de no estar en el Gobierno es de Podemos. Democracia de charanga y pandereta”, dice Monedero, que cree que “todo lo que le han hecho” a la formación morada “lo van a seguir haciendo”. “Esa ha sido la gran estupidez del PSOE y de Sumar: con las cloacas no puede haber ninguna connivencia, ni siquiera guardando silencio, como se ha hecho”.