Las fiscalas Ruth Benítez e Irma Llano tomaron la declaración indagatoria a dos de los tres agentes de la Interpol detenidos tras el levantamiento del código rojo que pesaba contra la esposa de Sebastián Marset.
La fiscala Ruth Benítez informó a los medios que se verificará todo lo aportado, si se ajusta a la verdad y coinciden con otros elementos de convicción con los que cuentan y a partir de ahí decidirán qué requerimiento presentar.
En el caso de uno de los agentes, los tipos de hechos punibles que se ajustan, a su supuesto actuar, son alteración de datos, frustración, cohecho pasivo y lavado de activos. Se presume que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset pagó USD 40.000 para el borrado.
Contra otro de los uniformados podría enmarcarse dentro de los hechos punibles de alteración de datos, acceso indebido y frustración, en tanto que la mujer oficial sería por frustración de la persecución penal.
La fiscala Irma Llano indicó que otras personas también serán llamadas a declarar y que no solo las personas que tenían usuarios, incluso también van a verificar quiénes realizaron consultas, no solo de la Interpol en el sistema.
Manifestó que por el momento no configuran el tipo punible de asociación criminal. El suboficial Kevin Eduardo Montiel Sanabria y el oficial Hugo Javier Vallejos Rivas se encuentran recluidos en la Agrupación Especializada, mientras que la agente Gabriela Vazos Mosqueria se encuentra en la Comisaría de Mujeres.
Suboficial se declara inocente
El abogado César Bóveda, que representa al suboficial Kevin Montiel, señaló que el relato de su defendido ante las fiscalas fue muy coherente y niega su participación en el hecho, mientras que señala que los documentos hallados en su casillero pudieron haber sido plantados.
El defensor sostuvo que el sistema utilizado es muy permeable, por lo que es difícil responsabilizarlo así no más. Además, remarcó que se trata de un agente joven, de 22 años, el menos antiguo y que no encontraron nada tras el allanamiento a su vivienda.
El profesional dijo que su defendido no responsabilizó a nadie directamente, pero detalló que los usuarios no eran exclusivos y que el personal no tenía una computadora asignada, mientras que también hay personal policial asignado a la misma función.
En cuanto al vehículo que compró, afirmó que tuvo que sacar dos préstamos para adquirirlo recientemente.
Los agentes fueron detenidos por el levantamiento del código rojo que pesaba sobre Gianina García Troche y José Estigarribia, esposa y secretario del presunto capo narco Sebastián Marset.
La Fiscalía, luego de acceder al informe de la central de Interpol en Lyon, Francia, dispuso la detención de los involucrados.
El comisario Víctor Flores, jefe de Gabinete de Interpol, oficina de Asunción, fue apartado del cargo, luego de que su usuario haya sido utilizado para borrar el código rojo. Aparentemente, el mismo había facilitado a los agentes su contraseña.
Flores Montiel y los oficiales Raúl Concepción Páez López y Liz Mabel Damet Jara serán convocados a declarar ante el Ministerio Público.
Operativo a UltranzaPy
Marset había huido de Paraguay antes del Operativo A Ultranza y se estableció en Bolivia, de donde también terminó escapando. En ambos países había formado una estructura delictiva dedicada al tráfico internacional de drogas.
En Paraguay, su principal socio, Miguel Insfrán, alias Tío Rico, se encuentra recluido en la cárcel de Viñas Cué, luego de ser detenido en Brasil.
Marset había escapado de Paraguay antes del operativo A Ultranza, que desbarató una extensa red de empresas y bienes valorados en millones de dólares.
El operativo hizo temblar a una estructura empresarial y política en Paraguay, en la que se vieron salpicados reconocidos empresarios y políticos, como el diputado Galeano Erico Galeano, quien le vendió un departamento a uno de los buscados por el operativo.
También aparecen el ex diputado Juan Carlos Ozorio, el empresario Alberto Koube y el pastor José Insfrán, quien se entregó recientemente.
A Ultranza Py, la mayor operación contra el crimen organizado y el lavado de dinero en Paraguay, se ejecutó en el 2022, con más de 100 allanamientos, con el objetivo de detener a 43 personas, y con unos USD 100 millones en bienes incautados.
ultimahora.com
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