La guerra por tierras cocaleras en Bolivia y la cruda confesión de Evo Morales: “Si no incendiamos, ¿de qué vamos a vivir?”

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La pelea interna del MAS, el incremento de los combustibles y el fantasma de un “gasolinazo” ponen contra las cuerdas al gobierno de Luis Arce.

Dos personas murieron en Guarayos, Santa Cruz, en una guerra por tierras recién incendiadas por agentes de Evo Morales, quien acaba de preguntar “si no chaqueamos (incendiamos) ¿de qué vamos a vivir?”

Las ambulancias no han podido llegar al lugar porque grupos armados les cerraron el paso, mientras el gobierno de Luis Arce busca el momento de anunciar un incremento del precio de los combustibles por primera vez desde principios de siglo.

El cocalero Morales está en Buenos Aires como fuerza auxiliar boliviana para la guerra contra Javier Milei, en coordinación con la tendencia K del peronismo y usando el argumento cubano de que es preciso luchar contra la “doctrina Monroe”.

En su emisora de radio, que es de propiedad del Estado, pero el cocalero la usa como suya propia, dijo que el capitalismo es enemigo de los pueblos y que este es el momento de frenar a los neoliberales en toda la región.

La confesión del cocalero sobre los “chaqueos” confirma las sospechas de que la tierra que dejan los incendios de bosques es concedida por el gobierno a los incendiarios que, a su vez, las venden al mejor postor.

Evo Morales agita una bandera durante una concentración de campesinos, cocaleros e indígenas afines al Movimiento al Socialismo (MAS) en Shinahota, Cochabamba, Bolivia (EFE/Jorge Abrego/Archivo)

Los cocaleros son los más interesados en esas tierras, pero también pujan por ellas los enviados del Primer Comando da Capital (PCC) de Sao Paulo, que tienen cultivos de coca y fábricas de droga en territorio boliviano, según O Globo.

Este periódico brasileño dijo directamente que el jefe operativo del PCC, Gilberto Aparecido dos Santos, alias Fulminho, opera en Bolivia, con cultivadores de coca, fabricantes de droga y agentes de transporte.

O Estado de Sao Paulo había informado que el PCC es el proveedor de la mafia calabresa ‘Ndrangheta, encargada de llevar la cocaína a toda Europa.

Este año, los incendios provocados en Bolivia han acabado con 3,3 millones de hectáreas de bosques, sobre todo en parques nacionales, lo que obligó al gobierno a pedir ayuda y aceptar la llegada de bomberos de Francia y Chile.

Conductores esperan para cargar combustible en una estación de servicio en La Paz (Bolivia). EFE/Luis Gandarillas

Entretanto, el presidente Arce reconoció que el precio que paga Bolivia por el petróleo que importa para el consumo interno es “descomunal”, ya que ahora paga 80 dólares por barril, pero lo vende en 27 dentro del país, con una diferencia que debe ser cubierta por la subvención.

El exministro Álvaro Ríos dio las cifras precisas de este drama: “De 2012 a 2015 las exportaciones de gas sumaron un promedio anual de 5.300 millones de dólares. Y las importaciones tuvieron un promedio anual de 990 millones de dólares. Una balanza energética positiva promedio anual de 4.365 millones.”

“Este año 2023, nuestras exportaciones de gas llegarán a 2.112 millones de dólares y nuestras importaciones, a 2.530 millones, un déficit de 418 millones, con un subsidio aproximado de 1.468 millones”.

Esto confirma que hay una bomba de tiempo amenazando al gobierno de Luis Arce, porque los aumentos del precio de la gasolina, un “gasolinazo”, suele derribar gobiernos en Bolivia.

Una iniciativa para someter a Arce a un referéndum revocatorio fue rechazada por Morales, que la considera inoportuna. El analista Carlos Chalup dice que Morales desea que Arce sea devorado por la crisis económica que ambos sembraron, el uno como presidente y el otro como ministro de economía.

Foto de archivo del presidente de Bolivia Luis Arce. EFE/STR

La crisis económica se suma a otros desarreglos que afectan a Bolivia, además de las guerras por la tierra y los incendios.

Las cárceles son controladas por grupos de reos que cobran fuertes sumas a los presos que van llegando, y lo hacen con la complicidad de la policía.

Un informe de la agencia ANF dice:

“Los delegados (organización de los presos) dan plazo de tres días para que el nuevo interno pague la extorsión (entre 200 y 1.000 dólares), incluso facilita el celular para que el recluso llame a su familia. De lo contrario es sometido a tratos crueles, golpizas y azotes con cables gruesos, es llevado a sectores donde las condiciones de subsistencia son infrahumanas como en el caso de cocina, un lugar de hacinamiento y enfermedad. O los mantienen como limpieza de las secciones, no les dejan dormir o les aplican ahogos con agua, como ocurre en la sección Chonchocorito, considerado la “mina de plata” del coronel del penal.”

Los aduaneros son agredidos por los contrabandistas y sus cómplices cerca de las fronteras, los ladrones de autos en países vecinos cobran por entregar los vehículos que han robado, los policías son detenidos por la fuerza antidrogas, como les ocurrió a tres de ellos que llevan 6 kilos de cocaína.

Antonio Saravia, del Partido Liberal, dice que Bolivia ya es un “Estado fallido” y propone aplicar políticas más severas que las de Javier Milei en Argentina.

infobae.com