Bolivia sufre una crisis de derechos humanos

“Por favor salven mi vida”, fue el grito desesperado de César Apaza, dirigente campesino de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), detenido desde septiembre de 2022. El líder yungueño tiene medio cuerpo paralizado, sufrió una embolia y fue torturado por la Policía, según su denuncia. La situación de Apaza pone en evidencia la grave crisis de los derechos humanos en Bolivia.​

Apaza es un líder campesino que se opone al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). Su detención es parte de una ola de represión contra los opositores al Gobierno, que incluye a políticos, activistas y periodistas. En los últimos años, al menos 10 presos políticos han muerto en las cárceles bolivianas. La mayoría de ellos eran opositores al gobierno del MAS.

Esta semana, la activista Jhanisse Vaca visitó al dirigente que enfrenta un cuadro de salud delicado debido a que el 15 de febrero de este año en la cárcel de Chonchocoro, sufrió una embolia. Y cuatro meses después Apaza fue devuelto a San Pedro con su salud totalmente deteriorada.

Su estado crítico no ha conmovido a las autoridades judiciales ni de Gobierno. Vaca pudo constatar que Apaza está inválido, no puede levantarse de la cama y depende de otros presos para todas sus necesidades. Además de esto, advierte que tiene la glicemia alta y puede entrar en un coma diabético en cualquier momento, pero se le ha negado la atención médica que sus abogados solicitaron. Más grave todavía, porque en este momento no está tomando ningún tipo de medicamento pese a su estado delicado.

En Bolivia, los administradores de justicia juran al momento de asumir sus cargos, el cumplimiento de las leyes que rigen el estado de derecho. Sin embargo, la mayoría, presionados por los intereses políticos, olvidan que la Constitución Política del Estado establece el derecho a la vida. En el Artículo 15 dice: “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, sicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes”.

Entonces, ¿qué espera el Gobierno? ¿Apaza es la forma de mostrar su poder contra los opositores? ¿Dejará que muera para que sean 11 los presos políticos fallecidos en cárceles a través de procesos inventados?

Este crimen tendrá un costo político para el gobierno del MAS. La situación de indefensión del detenido ha generado indignación en la sociedad boliviana y debilita la imagen del Ejecutivo. Esto, en la misma semana en que se cuestionó la adhesión de Bolivia al Mercosur por tener ‘presos políticos’.

No olvidemos que la negligencia del gobierno del MAS sentencia a muerte a Apaza porque sabe que padece una enfermedad cerebrovascular y aún así lo mantiene detenido en condiciones precarias. Este atropello es una muestra del desprecio por los derechos humanos que cada vez es más notorio en Bolivia.

Los presos políticos son víctimas de tortura, malos tratos y negligencia. El gobierno del MAS los utiliza como rehenes políticos, tal como ocurre con el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que este mes cumplirá un año de reclusión por exigir que se realice un censo.

Es momento de que la administración de Luis Arce haga respetar los derechos humanos de todos los bolivianos, independientemente de sus opiniones políticas.