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El cambio necesario en Colombia debe reflejarse mediante la implementación de políticas diferentes a las ya existentes, las cuales no han arrojado resultados positivos. Un ejemplo paradigmático es la necesidad de ajustar la estrategia en la lucha contra el narcotráfico. En lugar de centrarse en perseguir a los consumidores de estupefacientes, el enfoque debería dirigirse hacia la captura de los grandes capos de la droga en Colombia.
En este sentido, el gobierno de Colombia, bajo la administración del actual presidente Gustavo Petro, ha derogado las multas contra el consumo de pequeñas cantidades de droga como parte de un cambio de enfoque en la lucha contra el narcotráfico. El decreto ejecutivo, divulgado recientemente por medios locales, anula las sanciones relacionadas con “el porte de sustancias estupefacientes” destinadas al uso personal y no para la venta.
Es importante destacar que esta medida no afecta las penas establecidas por la ley colombiana para delitos de narcotráfico, que pueden llegar hasta 20 años de prisión. No obstante, elimina las multas impuestas por la policía a los consumidores, las cuales equivalían a unos doscientos mil pesos colombianos.
El presidente Gustavo Petro, a través de sus redes sociales, explicó que, si la Constitución permite la dosis personal, la actividad de la policía debe enfocarse en perseguir a los grandes capos de la droga. El decreto, fechado el 7 de diciembre, subraya la necesidad de evitar la criminalización de personas consumidoras de drogas mediante medidas correctivas.
Es relevante señalar que las sanciones económicas por el porte y uso de pequeñas cantidades de marihuana, cocaína y algunas drogas sintéticas ya habían sido despenalizadas por la Corte Constitucional en 1994. Sin embargo, las multas fueron reinstauradas por el gobierno del expresidente Iván Duque en 2018.
Gustavo Petro, quien también ha ordenado a la fuerza pública cesar los operativos contra pequeños cultivadores de hoja de coca, aboga por un cambio de enfoque en la lucha antidroga en Colombia. A pesar de estas decisiones, la oposición sostiene que tales medidas limitan la capacidad de las autoridades para combatir el narcotráfico, especialmente en un momento de expansión de los cultivos ilícitos y aumento del consumo a nivel local.
Petro lucha contra una prensa militante y una oposición no muy inteligente
En Colombia, la prensa ha sido un obstáculo para todas las iniciativas gubernamentales, especialmente después de la derogación de un decreto que le quita a la policía la competencia para perseguir a los consumidores de drogas. En lugar de enfocarse en políticas que brinden apoyo a aquellos seres humanos atrapados en la espiral de las drogas, el gobierno ha preferido eliminar las multas por posesión personal, una decisión dictada por las cortes.
El presidente ha advertido a la población que no se dejen engañar por aquellos que desinforman sobre la situación. Sin embargo, hasta ahora, las acciones del gobierno han sido limitadas a la derogación de multas por posesión personal, sin implementar medidas efectivas para ayudar a quienes luchan contra esta enfermedad.
Es esencial destacar que, a pesar de la derogación, las demás restricciones continúan vigentes. La prohibición del consumo en lugares públicos queda a discreción de cada municipio, siguiendo un mandato de la Corte Constitucional que el gobierno acata y respeta.
En lugar de simplemente eliminar sanciones, sería crucial que el gobierno pusiera en marcha programas integrales de apoyo y tratamiento para aquellos afectados por el consumo de drogas, brindando soluciones a largo plazo en lugar de medidas paliativas.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha enfrentado críticas sorprendentes, como la expresada por el exministro de Justicia, Wilson Ruiz en su cuenta X. Ruiz expresó su preocupación sobre la eliminación del Decreto 1844 de 2018, que facultaba a la fuerza pública para vigilar el expendio y porte de sustancias.
Sin embargo, Petro aclaró al exministro que el decreto derogado no estaba relacionado con el expendio o la comercialización de drogas. Su objetivo era detener prácticas que ocurrían durante su gobierno, como la revisión forzada de pertenencias de jóvenes pobres por parte de la policía, llevándolos a Centros de Atención Inmediata (CAI) donde sufrían acosos, golpizas, aplicaciones de electricidad e incluso casos de quemaduras vivas en Soacha. La derogatoria buscaba evitar que los jóvenes fueran encerrados y maltratados en CAIs, así como prevenir conflictos entre jóvenes excluidos y la policía, además de disparos desde dichos centros.
El presidente enfatizó que en su gobierno no tolerará falsos positivos, jóvenes sin ojos, mujeres violadas ni miles de jóvenes encarcelados por protestar. La percepción de la juventud como enemigo interno no es compartida, a diferencia de otras perspectivas. Su administración busca abordar la situación con políticas que ofrezcan apoyo y soluciones reales para aquellos afectados por la drogadicción.
carloscastaneda@prensamercosur.org
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