El pulso entre el Congreso y Judicatura de Perú se posterga para el próximo año

Lima, 16 dic (EFE).- El enfrentamiento que mantiene un sector del Congreso peruano con la Junta Nacional de Justicia (JNJ, el máximo órgano de la Judicatura) se ha postergado para el próximo año, cuando se verá la propuesta que pide destituir a los miembros de ese organismo que, a su vez, exigen ser sometidos a un debido proceso.

Este viernes, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, decidió aplazar, de manera sorpresiva, el debate de la moción que plantea la destitución, tras recibir la petición de los magistrados de tener “un plazo razonable” para preparar su defensa “en el marco de un debido proceso previamente establecido”.

“Se convocará en su oportunidad a los miembros de la Junta Nacional de Justicia en una nueva fecha, por única vez”, informó Soto al pleno tras ordenar la lectura de dos oficios que envió la JNJ.

Esta medida motivó la protesta de los promotores de la destitución, los legisladores ultraconservadores Alejandro Muñante y Jorge Montoya, quien anunció que presentarán una moción de censura contra el presidente del Congreso por haber tomado “una decisión arbitraria”.

La orden de Soto, que poco después clausuró la legislatura ordinaria de este año, implica que el debate y votación de la moción de destitución tendrá que ser vista en marzo de 2024, cuando comience la siguiente legislatura.

Soto remarcó, sin embargo, que no podía indicar una fecha precisa para ese debate porque se debía entregar los oficios de la JNJ a los promotores de la censura para que precisen “las faltas graves” que aseguran que cada magistrado ha cometido.

La moción acusa a los miembros de la junta de “la flagrante comisión de actos contrarios a la ley” por haber suspendido a la magistrada Patricia Benavides como fiscal general del país en medio de un escándalo de corrupción en el Ministerio Público.

Esta medida fue tomada luego de que un equipo de fiscales anticorrupción y de la Policía abrió una investigación a una presunta red acusada de influir “ilícitamente en decisiones de congresistas” para la destitución de los miembros de la JNJ, la designación del actual defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, y la inhabilitación de la ex fiscal general Zoraida Ávalos.

Este viernes, tras la decisión de Soto y antes del cierre de la legislatura, el pleno Congreso aprobó autorizar a la Comisión de Justicia para que también investigue a la JNJ por una presunta “causa grave” durante 10 días, un plazo que también será efectivo a partir del inicio de la siguiente legislatura.

Posteriormente, el vicepresidente de la JNJ, Aldo Vásquez, consideró “natural” que el Congreso “haya enmendado una situación que era manifiestamente irregular” al haberlos citado con solo un día de anticipación y dijo que aunque cuestionan el trámite abierto en su contra han mostrado su “mejor disposición, pero siempre y cuando haya un respeto al debido proceso”.