Investigación en Argentina: Acusaciones de crímenes de lesa humanidad contra el ex Presidente de Colombia Álvaro Uribe. - Prensa Mercosur El diario online del MERCOSUR

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Álvaro Uribe Ex Presidente de Colombia- Imagen Cortesía

La Justicia argentina ha iniciado una investigación penal contra el ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, por presuntos delitos de lesa humanidad ocurridos entre 2002 y 2008. El fiscal Carlos Stornelli imputó a Uribe por una serie de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones de personas cometidas por las Fuerzas Armadas colombianas durante ese período.

Stornelli ha solicitado al juez Sebastián Ramos que tome una serie de testimonios, incluyendo familiares de las víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales. Entre los denunciantes se encuentran Osmaira Nieves Oñate, Laura Vanessa Pina, Wilmer Andrey Pérez Betancourt y Bertina Badillo Herazo, quienes formularon la denuncia ante el fiscal.

La acusación busca determinar la presunta responsabilidad penal de Álvaro Uribe Vélez en crímenes de guerra y lesa humanidad, que supuestamente permitió, autorizó, incitó e incluso promovió durante su mandato. Se señala que estas acciones resultaron en 6112 ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, conocidas como “falsos positivos”, en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil en un contexto de conflicto armado.

En su requerimiento de instrucción, Stornelli detalla casos específicos de asesinatos y desapariciones, como los de Luís Eduardo Oñate, Álvaro Adolfo Pina Londoño, Beyer Ignacio Pérez Hernández y Didier Eduardo Durant Badillo, así como el asesinato y desaparición forzada de otras siete víctimas aún no identificadas, a manos de las Fuerzas Armadas en Colombia.

La denuncia ante los tribunales judiciales argentinos se basa en el principio de jurisdicción universal, invocando la ley 26.200, El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y los artículos 174 y 176 del Código Procesal Penal de la Nación. El fiscal también ha solicitado exhortos internacionales de cooperación a Colombia en el marco de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal de la OEA. Estos exhortos están dirigidos a instancias como la Presidencia de la República, el Gobierno nacional, el Ministerio de la Defensa y el Ministerio del Interior, solicitando documentos relacionados con conductas vinculadas a los crímenes investigados entre 2002 y 2010.