Ley 5295 contra nepotismo es letra muerta para los legisladores que benefician a parientes u entorno de confianza en los cargos. Es una vieja práctica institucionalizada por la clase política.
El voraz apetito con el que el cartismo colorado ingresó al poder tras un periodo de llanura, empezó a dar grandes mordiscos a la torta estatal, privilegiando principalmente familiares, ya sean esposas o hijos, de los parlamentarios quiénes ejercen en su mayoría la función de gobierno en sus distintos departamentos.
Antes que inicie el periodo de receso parlamentario, estalló la serie contratos de familiares de políticos del cartismo tanto en las Cámaras del Congreso como en otras instituciones, que salpicó también al titular del Congreso, Silvio Ovelar.
La ley contra nepotismo es letra muerta. Políticos ubican a sus parientes y otros lo acomodan en otras instituciones como una práctica común luego de ganar elecciones y lograr fidelidad política.
El nepotismo es una vieja práctica que los actores políticos (varios partidos) vienen arrastrando desde hace varios años.
El propio vicepresidente, Pedro Alliana, quedó expuesto al saberse que su hija Montserrat Alliana pasó de ganar en el Ministerio de Justicia G. 6 millones, a lograr elevar a G. 18 millones una vez comisionada en la Cámara Baja.
El escándalo tomó fuerte connotación con las declaraciones vertidas por Ovelar en un primer intento de defender el contrato de su hijo, Alejandro, descalificando la preparación académica de quiénes solo pueden recibir educación en el nivel público.
Las Esposas. Los diputados Germán Solinger y Benjamín Cantero, quien en su primer periodo no pudieron contenerse para ejercer influencia en la Cámara y reclamar un nombramiento para sus respectivas esposas, formando ya la larga lista de clanes en el Estado.
Se anota el caso de Nancy Roussillón, la hija del diputado Rubén Roussillón, quien desde que el padre formalizara su relación con el cartismo, repercutió favorablemente en ella duplicando sus ingresos en Yacyretá.
Igualmente, el diputado Miguel Del Puerto, supo aprovechar la repartija del Estado para que un cargo recayera en su familia, en particular en su esposa en Senadis. No se pueden dejar de mencionar que también miembros del PLRA fueron beneficiados. Así, los hijos de los diputados Alejo Ríos, de Caaguazú, y de Roya Torres, de Alto Paraná, también lograron nombramientos sin concurso. La hija del diputado con salario de G. 10.300.000. El hijo de la diputada, con G. 9 millones.
Aplanadora. La frágil democracia en la Cámara también fue quebrantada por la mayoría que, pese a tener la legalidad de los votos, no supo ganarse la legitimidad en la defensa de proyectos que, en la mayoría de los casos, se llevó a base de fuerza, prepotencia y censura. Algunos proyectos de ley y medidas que impuso de forma arbitraria la aplanadora cartista en el congreso fueron, por ejemplo, mutilar la ley de conflicto de intereses que busca evitar el tráfico de influencias en el Estado. Con esto también inutilizaron el instrumento para impedir que funcionarios una vez que dejan la función pública y van a empresas privadas (puertas giratorias) puedan llevarse informaciones de privilegio sin reparo alguno.
Entre otros proyectos que se finiquitó primero en la cámara baja sin debate, está el proyecto de ley de perdón para los corruptos, que busca suavizar las penas a quienes meten la mano en la lata del erario público. La ley propuesta por Yamil Esgaib contempla que a condenados que devuelvan el dinero robado se le reduzca la pena hasta un 50%. En esa sesión, además, con una ajustada cantidad de votos cartistas, se aprobó la polémica ley de superintendencia de jubilaciones y pensiones, la cual se llevó a cabo sin debate alguno y con un tímido dictamen a favor sacado a medida ese mismo día. 11 minutos tardaron en sancionar la ley que generó el malestar de varios sectores que se manifestaron.
Otro aspecto que no pasó por alto en la forma arbitraria de la mayoría, es como las normas no escritas, que siempre prevalecieron, se fueron perdiendo. Ejemplo, tanto Diputados como Senado siempre votó a favor de los pedidos de informes, independientemente a quién se dirija y quiénes lo pidan. En este nuevo período, en cambio, los pedidos de esta naturaleza que podrían incomodar a autoridades sencillamente se votan en contra. Un ejemplo es lo que sucedió semanas atrás con el pedido hecho por el diputado Raúl Benítez, con respecto a la gestión realizada por los representantes de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento, pedido que fue enviado a comisiones para simple y llanamente no tratarse.
Otra de las normas de convivencia dentro de la Cámara que en este periodo fue muchas veces bastardeada, fue la de abrir periódicamente las sesiones con el espacio de oradores. Según el humor de la mayoría cartista y de aliados, este espacio se habilita o no. La estrategia de la mayoría para acallar directamente la crítica a la gestión del Ejecutivo es optar porque el titular de la Cámara de turno, llame lista en la ordinaria y, al no tener cuórum, pasar a una extraordinaria para evitar debate.
ultimahora.com
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