Vice Ministro de política criminal, Camilo Umaña. @MinjusticiaCo
En el departamento del Tolima, un acontecimiento sin precedentes ha marcado un cambio trascendental en el sistema judicial. Por primera vez, una mujer cabeza de familia, inicialmente privada de su libertad por un caso de hurto, ha obtenido la concesión de servicio de utilidad pública. Este revolucionario fallo, dictado por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, Tolima, permite a la beneficiaria reintegrarse a la sociedad a través de un plan de trabajo comunitario.
La decisión del juez no se basó únicamente en criterios legales, sino que evaluó a fondo las condiciones de la madre, exigiendo pruebas sólidas de sus vínculos familiares y su responsabilidad afectiva, económica y social sobre hijos menores o personas con discapacidad. Este enfoque humano y personalizado distingue este caso de cualquier otro, mostrando el compromiso del sistema judicial con la reintegración efectiva de aquellos que han cometido delitos.
La mujer beneficiaria asume compromisos especiales, comprometiéndose a trabajar 18 horas semanales de lunes a viernes en proyectos comunitarios de desarrollo social, con un enfoque especial en huertas comunitarias, conservación ambiental y promoción de convivencia. Estas actividades no solo le permitirán redimir su condena, sino también aprovechar su potencial para sostener a sus hijos, quienes estaban a la deriva durante su privación de libertad.
La figura de servicio de utilidad pública no solo implica la concesión de libertad, sino también la imposición de obligaciones adicionales y una supervisión judicial estricta. La condenada deberá cumplir con comparecencias regulares ante la autoridad judicial, permitir visitas de servidores públicos del INPEC y abstenerse de participar en cualquier acto delincuencial. Este enfoque busca garantizar una reintegración exitosa y la contribución positiva de la beneficiaria a la comunidad.
Este caso pionero marca un hito en el sistema judicial, alineándose con la legislación contenida en la Ley 2292 de 2023. La posibilidad de sustituir la privación de libertad por contribuciones comunitarias destaca la evolución del sistema legal hacia enfoques más humanos y efectivos para la rehabilitación y reinserción de aquellos que han cometido delitos. La transformación judicial es evidente, y esta historia brilla como un ejemplo inspirador de cambio y esperanza.
Aquí lo explica el Vice Ministro de política criminal, Camilo Ureña
carloscastaneda@`rensamercosur.org
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