La denuncia penal que presentó Comunidad Ciudadana (CC) contra los magistrados y consejeros que se prorrogaron en sus cargos más allá de sus mandatos, es avalada por el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Chuquisaca, donde una juez rechazó un recurso excepcional de incompetencia que presentó el TCP, e instruyó que se identifique a quienes decidieron autoprorrogarse en sus cargos.
No obstante, la perspectiva del presidente del TCP (Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Paúl Enrique Franco, es contraria. Según él, los magistrados “no son sujetos investigados”.
En ese plano, la ciudad de Sucre, capital de Bolivia, desde los primeros días del año se convirtió en el escenario de protestas y vigilias contra las altas autoridades del Órgano Judicial que decidieron prorrogar sus mandatos hasta que se elija mediante voto a nuevas autoridades. Ayer, plataformas ciudadanas, cívicos de tres regiones y el Conade, realizaron marchas y mitines desconociendo la autoprórroga de los magistrados y exigiendo a la Asamblea Legislativa elecciones judiciales, “¡ya!”.
La denuncia de CC
La mañana de ayer jueves, se realizó una primera audiencia en el marco de la denuncia que CC presentó contra los magistrados y consejeros del Órgano Judicial prorrogados. Y es que los magistrados del TCP (Tribunal Constitucional Plurinacional) presentaron dos recursos de excepciones de incompetencia que buscaban que se desestime la denuncia penal contra ellos.
En dichos recursos de excepción, los magistrados autoprorrogados, argumentaron que al seguir siendo magistrados, tendrían “privilegios” o algún tipo de inmunidad y que si son juzgados, la Asamblea Legislativa debiera autorizar un juicio de responsabilidades, tal como manda la Ley 044 de juzgamiento a altas autoridades.
No obstante, la juez de Instrucción Anticorrupción y de Violencia Contra la Mujer de Sucre, Mirian Flores, desestimó los pedidos e instruyó al Ministerio Público que en el lapso de 20 días se identifique a todos los magistrados prorrogados. Pasado ese tiempo se instalará otra audiencia.
“Los exmagistrados del Tribunal Constitucional, hoy (ayer) han tenido su primera derrota, ya que en un intento de querer blindarse con esas excepciones buscaron no ser investigados y han empleado esta chicana jurídica. A partir del 2 de enero todas sus acciones son de carácter ilegal y ellos son ciudadanos comunes y por ende son sujetos a procesos ordinarios tal como está haciendo el Ministerio Público”, afirmó a EL DEBER el senador Santiago Ticona de CC.
En esta fase preliminar, la comisión de fiscales a cargo del caso, pidió informes a las cuatro instancias del Órgano Judicial: TCP, Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Se busca identificar con nombres y apellidos a los magistrados autoprorrogados ya que en la denuncia de CC, que se presentó el 2 de enero, no se identificó de forma individual qué magistrados y consejeros decidieron continuar en sus cargos, más allá de sus mandatos.
TCP
En tanto, después de la audiencia, el presidente del TCP, Paúl Franco, que fue abordado por los periodistas, dijo que ellos no son investigados por el Ministerio Público, así lo habría establecido la juez Flores.
“El Ministerio Público ha hecho alusión expresa a que nuestras personas no somos sujetos investigados en el proceso que se ha abierto, lo propio ha sido mencionado por los actores que también se hicieron presente en esta audiencia, quienes también manifestaron que nosotros no tenemos por qué interponer excepciones si no somos sujetos investigados, insistió Franco, quien junto a sus colegas fue a la audiencia judicial.
En ese marco, Franco adelantó que los magistrados, juntó a él van a impugnar la denuncia en su contra para “demostrar ante el país la inexistencia de los hechos que se están presuntamente endilgando a nuestras personas”.
Horas antes, el nuevo presidente del TSJ, Marco Ernesto Jaimes Molina, en el acto de su posesión no pudo eludir hablar de la crisis del sistema judicial, de sus cargos observados por la población y demandó que en el tiempo “más breve posible” pueda allanar la realización de las elecciones judiciales. Aseguró que la continuidad de su mandato “es temporal”.
Protestas en Sucre
Mientras, un grupo reducido de ‘evistas’ del Movimiento Al Socialismo (MAS) continuaba su vigilia frente al edificio del TCP, activistas de plataformas ciudadanas, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y cívicos de tres regiones realizaron ayer, por el centro de la ciudad de Sucre, marchas de protesta y mitines en contra de la autoprórroga de los magistrados y consejeros.
No obstante, las movilizaciones no fueron de las proporciones que anunciaron los activistas. Hubo poca gente y la protesta duró unas dos horas.
Fueron dos marchas. La primera del Conade nacional junto a cívicos de Oruro, Potosí y Cochabamba realizaron una marcha con carteles de protesta, la misma que terminó en una pequeña concentración donde los activistas exigieron la “renuncia” de los magistrados y consejeros del Órgano Judicial prorrogados y anunciaron más acciones de protesta.
El presidente de Conade, Manuel Morales, anunció que presentará denuncias penales contra los magistrados y consejeros prorrogados “por los graves delitos que se están cometiendo y las vulneraciones al régimen constitucional”.
Además, en la protesta se determinó realizar movilizaciones en otras ciudades como La Paz, para “exigir que los senadores y diputados cumplan con sus obligaciones” y aprueben de una vez una ley de convocatoria a las elecciones judiciales.
La segunda marcha fue protagonizada por la plataforma El Búnker Tercera República, que también hizo un mitín en el que discursearon exlegisladores como Carlos Börth de La Paz, Wilman Cardozo del Chaco, los activistas Jorge Santistevan y Agustín Zambrana, entre otros.
Participaron además activistas indígenas de las provincias cruceñas que también pidieron la libertad del gobernador Fernando Camacho y los otros presos políticos.
Esta plataforma política anunció que hará protestas en otras ciudades y un “cabildo judicial” a nivel nacional en contra de los magistrados.
El presidente Luis Arce no cumplió con su promesa de una reforma al sistema judicial en Bolivia, cuyo gobierno desde la pasada gestión también se opone a que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU realice un monitoreo de la situación de los derechos humanos en Bolivia, son dos de las varias observaciones del informe que presentó Human Rights Watch, sobre la situación en Bolivia en 2023.
“El presidente Arce no ha cumplido su promesa de reformar la justicia para garantizar su independencia de la política”, destaca una parte del reporte internacional que se basa en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del año pasado.
La entidad internacional hace énfasis en tres casos particulares para graficar la ausencia de una reforma judicial: Fernando Camacho, Jeanine Áñez y César Apaza.
La ONG anota que la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en diciembre de 2022, es por el delito de terrorismo, entre otros casos.
“Human Rights Watch revisó los documentos de su detención y no halló pruebas que respaldaran la acusación de terrorismo. A octubre de 2023 Camacho permanece en prisión preventiva. Su familia y su abogado alegan que no está recibiendo atención médica adecuada para tratar una grave enfermedad crónica que padece”, se lee en el reporte.
En el caso de la expresidenta Áñez, otro de los personajes de la crisis de 2019 que está tras las rejas desde 2021, el informe también ve una acusación sin fundamentos.
“La expresidenta Áñez permanece en prisión desde 2021. Inicialmente fue acusada de terrorismo. Human Rights Watch (también) revisó los documentos de imputación y la proposición acusatoria y halló esa acusación infundada y manifiestamente desproporcionada”, señala el documento del ente internacional.
Sobre el dirigente cocalero, César Apaza, Human Rights Watch, lamenta la crítica situación de su salud tras ser detenido.
Ausencia de la ONU
El informe de Human Rights Watch no pasa por alto que en último tiempo, el gobierno de Luis Arce impidió la presencia en el país de un representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y en esa línea, Bolivia se opuso a que las Naciones Unidas monitoree la situación de las víctimas de siete países entre ellos Nicaragua, Siria, Burundi e Irán.
El informe de Human Rigths es tímido
Róger Cortez ANALISTA
El informe es una ratificación de lo que discutimos en Bolivia y la oposición no plantea con claridad”
El informe de Human Rights Watch lo hace en términos cautelosos como corresponde. Esa opinión de que hay judicialización en Bolivia se queda corta. En Bolivia, el Tribunal Constitucional, llamado Plurinacional, es parte de un sistema de policía política del régimen. Es decir, que hablar de judicialización es tímido.
Este Tribunal Constitucional actúa como policía represora de quien disiente, se enfrenta, critica al Gobierno, junto al Tribunal Supremo de Justicia y cualquier otro órgano, tanto los más jerárquicos como los de más baja cuantía, constituyen parte fundamental de la esencia del régimen del MAS, que ahora se conflictúa cuando el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, “descubre” lo mismo, cuando señala que se busca “patear” las elecciones judiciales con fines políticos.
Es exactamente lo que hizo el señor (Evo) Morales todo el tiempo: utilizar al aparato judicial para fines políticos.
En una palabra, el informe de Human Rights Watch es una ratificación de lo que discutimos aquí (en Bolivia), de lo que la oposición no plantea con claridad ni valentía: que existe una situación tan anormal de la justicia boliviana, que no sólo deben irse ya, los ilegales autoprorrogados magistrados, si no que tenían que haber sido juzgados por crímenes de lesa Constitución y por prevaricato, por traicionar su juramento a la Constitución.
Es un pequeño grano de arena que aporta esta ONG pero no va a cambiar nada, si ni siquiera cambia por informes de organismos como Naciones Unidas o de la Corte Interamericana de Justicia, que tiene mucho más rango y capacidad de actuación. Está claro que ninguna de las organizaciones políticas, ni los masistas disidentes, ni los oficialistas se atreven a llamar a las cosas directamente por su nombre. Es una tarea de la sociedad.
Fuente de esta noticia Diario El Deber Bolivia.
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