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Mar. Jul 2nd, 2024
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Imagen retomada @PrensaMercosur 

Nunca se consideró el tratamiento de talúdes al construir la carretera a Quibdó, a pesar de ser una de las zonas más lluviosas del mundo. Los presupuestos asignados eran mínimos por kilómetro, muy lejos de los estándares de las 4G, y los tiempos de construcción se ralentizaron mediante el uso de “vigencias futuras”. Este mecanismo compromete a la nación hacia el futuro, permitiendo a los presidentes anunciar numerosas obras, pero comités de funcionarios deciden cuáles avanzan rápidamente y cuáles se prolongan por décadas.

Las decisiones sobre la rapidez de construcción, asignación de recursos y tipo de contrato dependen de factores políticos, lucratividad del proyecto y, lamentablemente, de la mirada excluyente de la oligarquía hacia territorios olvidados. El racismo y la exclusión también influyen en estas decisiones, perpetuando la desigualdad en la inversión en infraestructura.

El periodismo, en muchos casos, no ha profundizado lo suficiente, y los comités, liderados por tecnócratas, a menudo pasan por alto los intereses comerciales y políticos detrás de estas obras. Esto ha llevado a la creación de una pirámide financiera con los peajes y las 4G, valorizando tierras de ricos con dinero público y desvalorizando territorios de los pobres.

El resultado es un territorio excluido que continúa siendo marginado. Las inversiones se concentran alrededor de ciudades como Medellín y Bogotá, mientras que las regiones más empobrecidas quedan rezagadas. La falta de conexión con Suramérica refleja decisiones políticas y económicas que priorizan ciertas áreas en detrimento de otras.

La ampliación de contratos como Ocaña/Gamarra se vuelve jugosa, pero se descuida la conexión con regiones como el Catatumbo. Las consecuencias de estas decisiones se manifiestan en tragedias como los lamentables sucesos en el Chocó, donde la falta de análisis profundo revela que el racismo y el abandono de los territorios de los pobres son las verdaderas razones detrás de las tragedias.

Para alcanzar la paz, es imperativo cambiar este sistema que perpetúa la desigualdad, la corrupción y la exclusión. La construcción de infraestructura debe basarse en principios de equidad, inclusión y verdaderas necesidades de la población, no en intereses particulares y discriminación.

 

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