Legisladores venezolanos promueven el “sueño marxista” de Maduro

El régimen de Nicolás Maduro avanza en la aprobación de una ley que intenta protegerlo contra cualquier disidencia, estableciendo penas de 12 años de prisión a quienes sean calificados como fascistas.

El Parlamento, de mayoría oficialista, aprobó el proyecto de la Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, el 2 de abril.

“Esta iniciativa del oficialismo ataca para que prevalezca la izquierda. [Contiene] todo lo que estuvo en la reforma de la Constitución de 2007 que no fue aprobada en referéndum, y que luego fue impuesta por leyes y por decreto”, afirmó el 27 de abril a Diálogo el abogado venezolano especializado en derecho constitucional Fernando Fernández. “Quieren proteger el sueño marxista leninista implantado por el llamado socialismo del siglo XXI”.

La ley fue aprobada en primera discusión sin debate alguno. De acuerdo con la ONG Acceso a la Justicia, no ha sido divulgada para someterla a debate público, un requisito fundamental que debe cumplirse antes de su aprobación definitiva.

La propuesta, leída por la vicepresidenta Delcy Rodríguez ante el pleno de la Asamblea Nacional, hizo referencia específica a las protestas masivas contra el régimen de Maduro de 2014 y 2017. Indicó que estas acciones “reproducen los ideales y modos de actuación propios del fascismo”.

Fernández informa que el proyecto, presentado por la vicepresidenta ejecutiva, está inspirado en normas similares que estuvieron vigentes en la extinta Unión Soviética, y que abren un espacio para la discrecionalidad en la persecución penal de los ciudadanos.

“Hay una vaguedad en la definición de los términos. Esta es una excelente oportunidad para la arbitrariedad”, abundó Fernández. “Eso es lo que se llamaba en el derecho soviético el delito por analogía; es decir, abarca lo que establece este código penal y cualquier cosa que se le parezca”.

Más presos políticos

Una de las disposiciones más criticadas de esta ley prohíbe a los medios de comunicación la divulgación de mensajes catalogados como fascistas, o que según la consideración del oficialismo puedan promover el uso de la violencia como método de acción política.

“La ley contra el fascismo restringe el ejercicio de la libertad de expresión”, alertó en un comunicado la ONG venezolana Espacio Público, que promueve los derechos humanos y la libertad de expresión. “Impone obligaciones a los prestadores de servicios de radio, televisión, medios electrónicos y medios impresos, públicos, privados y comunitarios. Entre otras, [prohíbe] el deber de garantizar espacios libres de mensajes fascistas o similares”.

Un artículo de esta nueva ley establece la obligación de las autoridades para prohibir cualquier manifestación pública que pueda ser considerada como fascista, aún si tal protesta no se ha efectuado.

Desde 2014, el oficialismo venezolano calificó de fascistas las manifestaciones contra la dictadura de Maduro. En febrero de ese año Freddy Bernal, actual gobernador del estado Táchira, afirmó que el asesinato de Juan Montoya, líder de los colectivos armados, fue resultado de la acción del fascismo.

Posteriormente, las averiguaciones comprobaron que esta muerte fue el resultado de una pugna interna por el control de estos grupos. Tanto Bernal como el presidente de la Asamblea nacional Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, considerado como líder del Cártel de los Soles, califican de fascistas a líderes opositores como María Corina Machado y Juan Guaidó.

El director del Foro Penal, una ONG venezolana dedicada a la defensa de los perseguidos por razones políticas, Gonzalo Himiob, indicó que esta iniciativa, al igual que la Ley contra el Odio, forma parte de la aplicación de una doctrina conocida como “derecho penal del enemigo”, característica de los regímenes autoritarios.

“Básicamente, le permite al intérprete de la ley ampliar la extensión de las normas penales a conveniencia y con base en criterios subjetivos y normalmente acomodaticios para el poder”, afirmó Himiob a Diálogo. “Uno de los criterios no solo penales sino racionales para que una persona pueda ser considerada un preso político, es que se le detenga y se le someta un proceso penal por razones arbitrarias”, dijo.