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El Ministerio de Justicia y del Derecho ha dado un paso significativo hacia la implementación del artículo 246 de la Constitución Política de Colombia, que reconoce las justicias propias de los pueblos indígenas. Después de 33 años, se ha firmado la protocolización del Proyecto de Ley de Coordinación, marcando un avance en la armonización entre la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional.
El ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Osuna, afirmó que este proyecto representa un esfuerzo por saldar una deuda histórica y fortalecer la justicia en Colombia. “Las jurisdicciones indígenas tendrán un piso, una plataforma segura para resolver conflictos de manera pacífica. Celebro llegar a este acuerdo y lo defenderemos en el Congreso a partir del 20 de julio”, expresó Osuna. Esta iniciativa se presenta como una respuesta a la necesidad de reglamentar y coordinar las funciones jurisdiccionales que ejercen las autoridades indígenas en sus territorios, conforme a sus propias normas y procedimientos, siempre que estos no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República.
El artículo 246 de la Constitución establece que las autoridades indígenas pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, conforme a sus propias normas y procedimientos. Sin embargo, hasta ahora no se habían establecido los mecanismos de coordinación necesarios entre las dos justicias, lo que ha generado vacíos y barreras de acceso, especialmente en casos de delitos graves como feminicidios, narcotráfico y extorsión. La ausencia de una regulación clara ha dificultado la interacción entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, creando incertidumbre y limitando el acceso a una justicia efectiva para muchas comunidades indígenas.
Este proyecto de ley busca crear puentes de comunicación y colaboración entre las autoridades indígenas y el Sistema Judicial Nacional, promoviendo diálogos interculturales que faciliten la resolución de conflictos y fomenten una cooperación armónica. El marco legal propuesto establece lineamientos generales para la coordinación interjurisdiccional, respetando la autodeterminación de los pueblos indígenas y atendiendo a la diversidad étnica del país. Esto implica la creación de espacios de diálogo y concertación donde las autoridades de ambas jurisdicciones puedan interactuar y buscar soluciones conjuntas a los problemas que surjan en la práctica.
El acuerdo alcanzado en Bogotá entre la Mesa Permanente de Concertación Indígena, entidades del Sistema Nacional Judicial y el Ministerio de Justicia establece también los criterios interpretativos para la práctica jurisdiccional y define los elementos necesarios para resolver conflictos de competencia entre las diferentes jurisdicciones. Estos criterios son fundamentales para garantizar que las decisiones judiciales se tomen de manera coherente y respetuosa de las particularidades culturales y legales de cada jurisdicción.
Además, el proyecto de ley incluye disposiciones específicas para asegurar que los derechos de las mujeres y los niños sean protegidos de manera efectiva dentro de los sistemas de justicia indígena. Se busca que los delitos graves, como los feminicidios, no queden impunes y que haya una respuesta adecuada y coordinada entre las autoridades indígenas y el sistema judicial nacional. Este enfoque integral pretende asegurar que todas las personas, independientemente de su origen étnico, tengan acceso a una justicia que respete sus derechos y dignidad.
Con esta iniciativa, Colombia avanza hacia una justicia más inclusiva y respetuosa de las diferencias culturales, garantizando que todas las personas, independientemente de su origen étnico, tengan acceso a un sistema judicial equitativo y adecuado a sus necesidades. La implementación de este proyecto de ley no solo representa un avance en términos de justicia y derechos humanos, sino que también refuerza el compromiso del Estado colombiano con la diversidad y el respeto a las culturas ancestrales que enriquecen la nación.
La firma de la protocolización del Proyecto de Ley de Coordinación es un hito que marcará el inicio de una nueva etapa en la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, promoviendo una justicia que refleje la pluralidad y complejidad de la sociedad colombiana. Esta ley, cuando sea aprobada, será un instrumento vital para asegurar que las comunidades indígenas puedan ejercer su derecho a la justicia de manera plena y efectiva, en armonía con el sistema judicial nacional.
carloscastaneda@prensamercosur.org
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