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El Ministerio de Justicia y del Derecho celebra la ratificación del “Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes” (Opcat, por sus siglas en inglés). Con esta ratificación, Colombia se une a los 92 Estados parte que han adoptado este protocolo crucial para prevenir tratos crueles, inhumanos y degradantes contra las personas privadas de libertad.
El protocolo, presentado ante el Congreso por los ministerios de Justicia y del Derecho y de Relaciones Exteriores, establece un sistema de vigilancia y control sobre la política penitenciaria. Camilo Umaña, Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, destacó que “este mecanismo permitirá un esquema de vigilancia dedicado a controlar actos de malos tratos o tortura. Para el Estado colombiano, significa un avance significativo hacia la garantía de los Derechos Humanos en el Gobierno del Cambio”.
Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2002, el Opcat introduce un enfoque preventivo mediante visitas periódicas a lugares de detención por entidades independientes. Estas visitas tienen como objetivo evaluar las condiciones de detención y recomendar mejoras.
Los Estados que ratifican el Opcat asumen dos obligaciones principales: colaborar con el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura y designar mecanismos nacionales de prevención. Estos órganos tienen amplias facultades para acceder a lugares de privación de libertad y pueden presentar informes y recomendaciones a las autoridades competentes.
El Opcat, que complementa la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, fue adoptado el 18 de diciembre de 2002 y entró en vigor el 22 de junio de 2006. Solo puede ser ratificado por Estados que ya son parte de la Convención contra la Tortura, a la cual Colombia se adhirió en 1987.
La Convención contra la Tortura es el tratado internacional más completo dedicado a la prohibición de este crimen en cualquier circunstancia. Obliga a los Estados a adoptar medidas legislativas, administrativas y judiciales para impedir la tortura y asegura que todos los actos de tortura sean delitos conforme a la legislación penal interna, castigados con penas adecuadas.
Además, los Estados deben revisar constantemente sus normas y prácticas de custodia e interrogatorio, capacitar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y garantizar que todos conozcan la prohibición de la tortura.
Con esta ratificación, Colombia reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la tortura, avanzando hacia un sistema de justicia más humano y respetuoso de la dignidad de todas las personas.
carloscastaneda@prensamercosur.org
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