Mineras quieren impedir demandas de municipios en el extranjero

El Instituto Brasileño de Minería (Ibram), que representa a las mayores empresas mineras del país, ha solicitado al Supremo Tribunal Federal (STF) impedir que los municipios brasileños presenten demandas en tribunales extranjeros. La organización afirma que es inconstitucional que entidades federales se involucren en litigios en otros países.

La maniobra de los empresarios inauguró una batalla legal. Dos días después, pidió sumarse a la demanda el Consorcio Público para la Defensa y Revitalización del Río Doce (Coridoce), formado por los alcaldes de los municipios implicados en un pleito en el Reino Unido en el cual se discute la indemnización por los daños causados por el derrumbe de una presa de la compañía Samarco. En el episodio ocurrido en la ciudad de Mariana, en noviembre de 2015, se liberó una avalancha de relaves mineros que causó 19 muertes y afectó a centenares de localidades de la cuenca del Río Doce.

Insatisfechos con el proceso de reparaciones en Brasil, cerca de 700 mil personas afectadas y 46 municipios, así como empresas e instituciones religiosas, han demandado a BHP Billiton ante los tribunales británicos. La minera anglo-australiana, con sede en Londres, es uno de los accionistas de Samarco. Posteriormente se incluyó en el proceso a la multinacional brasileña Vale, otro accionista. Las audiencias previstas para octubre de este año evaluarán la responsabilidad de las dos compañías.

Los argumentos del Ibram

Según un comunicado divulgado por el Ibram, la acción presentada ante la Corte Suprema busca salvaguardar la soberanía nacional. La organización afirma que, sin pasar por el escrutinio de los tribunales brasileños, la transparencia de las demandas presentadas en el extranjero se ve comprometida. También argumenta que la participación del Ministerio Público en las demandas que involucran a entidades federales es obligatoria, lo que sería inviable en los casos que tienen lugar fuera del país.

“Las acciones judiciales iniciadas en el exterior por los municipios escapan al control del Ministerio Público y no se ajustan a los principios constitucionales y a la organización del Estado brasileño. Como no pasan por el tamiz del Poder Judicial brasileño y se tramitan ante una jurisdicción extranjera, se ponen en peligro la transparencia de los procesos y la participación del Ministerio Público, que son esenciales para defender el orden jurídico brasileño y promover la paz social”, afirma el texto.

El Ibram también afirma que la judicialización fuera del país viene afectando a la minería y trae consecuencias adversas para el sector. Añade que es competencia exclusiva del Gobierno Federal tratar asuntos internacionales y que los municipios tienen prohibido tratar directamente con Estados o jurisdicciones extranjeras. “Por lo tanto, cualquier acción legal emprendida en el extranjero por los municipios debe contar con el consentimiento del Gobierno  Federal”, concluye la organización.

Afectados

El bufete Pogust Goodhead, que representa a los afectados y a los municipios en la demanda presentada en el Reino Unido, publicó una nota en la que el abogado Tom Goodhead califica la acción del Ibram de “jugada aparentemente orquestada” y de “cortina de humo” para desviar la atención del crimen socioambiental cometido en la cuenca del Río Doce.

También menciona procesos en otros países. Siete municipios afectados por la tragedia de 2015 han demandado a Vale y a filiales de Samarco con sede en los Países Bajos. En otro caso, el municipio de Brumadinho forma parte de una demanda presentada en Alemania contra Tüv Süd, la consultora que firmó el informe de estabilidad de la presa de Vale que se rompió en 2019. En el episodio murieron 272 personas, incluidos los bebés de dos víctimas que estaban embarazadas. “No es casualidad que las mineras que demandamos en el extranjero estén asociadas al Ibram”, dijo.