Libertad de prensa en Latinoamérica y el roll maligno de China y Rusia

Detenciones arbitrarias, desinformación, intimidación y violencia, son algunas de las amenazas a las que se enfrentan cada vez más los medios de comunicación independientes en Latinoamérica, especialmente en países autoritarios como Cuba, Nicaragua y Venezuela, que cuentan con el apoyo de China y Rusia.

La libertad de prensa en estos países se deteriora hasta el punto que decenas de periodistas en Cuba y Venezuela fueron detenidos arbitrariamente y otros en Nicaragua fueron obligados a exiliarse, mientras los regímenes estrechan el cerco sobre los medios de comunicación locales y reprimen lo que consideran disidencia. El “sector de los contenidos falsos”, en el que China y Rusia figuran entre los principales infractores a escala mundial, también socava enormemente la libertad de prensa y desestabiliza las sociedades.

“El régimen nicaragüense desmanteló prácticamente a la prensa independiente, confiscando, encarcelando y luego exiliando a editores y periodistas. También persigue a familiares y saquea las casas y cuentas bancarias de quienes mantienen una voz crítica”, dijo a Diálogo Carlos Lauría, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Argentina. La SIP es una organización sin fines de lucro con sede en Miami, y tiene como objetivo promover la libertad de prensa y expresión en las Américas. “En Cuba y Venezuela, la persecución contra los pocos periodistas que logran hablar y otros ciudadanos que quieren expresarse libremente, se traduce en sanciones que bloquean los canales de expresión con estigmatización y hostigamiento”.

Nicaragua destaca por su represión a la prensa mediante leyes armadas. Entre ellas, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, adoptada en 2020, que obliga a los medios de comunicación y a los periodistas independientes a registrarse como agentes extranjeros si reciben financiamiento o pagos desde el extranjero. Esta ley, inspirada en Rusia y apodada la Ley Putin entre los medios de comunicación, no sólo restringe y controla a los medios, sino que esencialmente les impide operar. La Ley Especial de Ciberdelitos, también aprobada en 2020, permite al régimen regular el contenido de las redes sociales y perseguir a quienes expresen ideas u opiniones contrarias al régimen.

Nicaragua se apoya cada vez más en los medios estatales rusos RT y Sputnik, firmando memorandos de cooperación con ambos medios en los últimos dos años y avanzando en la difusión de sus contenidos. Esta cooperación no hace sino silenciar aún más las voces críticas, bloquear el libre flujo de información y promover la narrativa y la desinformación rusas.

En Venezuela, los observadores documentan cientos de violaciones de los medios de comunicación y advierten que el régimen de Nicolás Maduro utiliza la represión selectiva, contra los periodistas que contradicen la narrativa oficial. Los medios de comunicación independientes sufren acoso, detención y censura, y muchos de ellos se ven obligados a cerrar, mientras el régimen califica a la prensa de enemiga. Según el grupo estadounidense de defensa de la libertad Freedom House, la tecnología y los conocimientos de China permiten a Venezuela y a Cuba ejercer un control asfixiante sobre los medios digitales, bloqueando el acceso a Internet y a las redes sociales.

Se descubrió que cientos de sitios web operados desde China se hacen pasar por medios de noticias locales en Latinoamérica, para difundir desinformación favorable a Pekín, atacar a Occidente y a la democracia y manipular al público, con efectos potencialmente devastadores. China también es conocida por invitar habitualmente a periodistas a trabajar y estudiar en el país, que luego regresan con un mensaje sesgado favorable a China.

“En resumen, existe una compleja situación derivada del declive democrático y la polarización política, que se traduce en restricciones de todo tipo a la prensa, agravadas por un discurso público en el que circulan muchas mentiras y desinformación”, afirmó Lauría. “La intolerancia hacia la prensa crítica es una característica que está generando problemas y que también corre el riesgo de traducirse en actos de violencia contra periodistas y medios de comunicación”.

Con el objetivo de reafirmar su compromiso por una prensa libre, un discurso público vibrante y el florecimiento de las sociedades democráticas  en el hemisferio, organizaciones internacionales y nacionales de libertad de prensa firmaron el 2 de mayo, en Santiago de Chile, la Declaración de Santiago + 30, que aborda los nuevos retos políticos, sociales y tecnológicos, a los que se enfrenta el periodismo en todo el mundo. El texto es una revisión de la Declaración de Santiago de 1994 y fue presentado durante el Encuentro Internacional de Medios de Comunicación Santiago-Chile 2024, organizado por la UNESCO para celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Entre los firmantes se encuentran, además de la SIP, la Asociación Nacional de Diarios, la Asociación Mundial de Editores de Noticias y el Comité para la Protección de los Periodistas, así como asociaciones nacionales de medios de nueve países latinoamericanos y europeos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Perú y Portugal.

“La Declaración de Santiago + 30 llama a los Estados a evitar narrativas de polarización política, proteger a los periodistas, garantizar el libre flujo de información, el acceso a la información pública y apoyar la sostenibilidad del periodismo independiente”, dice Lauría.  “Al mismo tiempo, fomenta condiciones de negociación equilibradas entre los medios de comunicación y las empresas de tecnología en la distribución de contenidos”.

Lauría señala que la Declaración también pide a las organizaciones intergubernamentales que fomenten políticas públicas a favor de una prensa plural e independiente, que promuevan la creación de medios de comunicación en zonas rurales, y que fomenten campañas públicas de alfabetización mediática y digital.

“A los medios periodísticos se les pide que se resistan a la censura, la autocensura y la influencia indebida; que defiendan los principios de calidad y transparencia; que creen protocolos de seguridad para sus profesionales; y que refuercen sus políticas de inclusión de género, raza y diversidad”, finalizó Lauría.