Interruptores: la problemática del delito permanece

Ante la situación de inseguridad que vive cotidianamente nuestro país, el Ministerio del Interior, ya con el tándem Martinelli/Sanjurjo en funcionamiento, puso en marcha en abril de este año un programa para prevención de homicidios de la organización internacional Cure Violence, que ya había anunciado Luis Alberto Heber antes de su renuncia al ministerio. El plan ha sido financiado para Uruguay por el Banco Interamericano de Desarrollo y, aunque lo llevan adelante ciertas ONG seleccionadas, fue el Ministerio del Interior el motor institucional que motivó que se realizara esta experiencia piloto en nuestro país.

El programa, que ya se está llevando adelante en algunos barrios periféricos de nuestra capital, pone en funcionamiento un sistema basado en la mediación de conflictos por parte de los llamados “interruptores”. Estos interruptores generalmente son personas del barrio o del lugar donde se efectúa el plan, que en su mayoría tuvieron un pasado delictivo y que tras cambiar de senda y tener nuevamente una vida digna buscan ayudar a otros mediante su experiencia. Cada equipo está conformado por 10 personas. Lo componen un trabajador social, un psicólogo y ocho interruptores, encargados de vincularse con los vecinos. El modelo Cure Violence ya está funcionando en dos zonas. La zona 1 comprende a Peñarol, Casavalle, Manga, Marconi, Las Acacias, Villa Española, y la zona 2 comprende al Cerro.

Ahora bien, ¿qué es Cure Violence? ¿Y de dónde proviene? El ideólogo o creador de este programa es un epidemiólogo, Gary Slutkin, que hizo un paralelismo o analogía en cómo se comporta un virus o una epidemia y el comportamiento de la violencia en términos generales. Su tesis fue la siguiente: “Si observamos la violencia por medio de mapas, tablas y gráficos, podemos ver que se comporta exactamente como todos los demás problemas epidémicos”. Y, al igual que con otros contagios, la violencia tiende a agruparse, ya que un evento conduce a otro. “¿Cómo sucede esto?”, preguntó. “Ocurre por exposición. Llegué a entender esto hace años. ¿Cuál era el mayor predictor de la violencia? La respuesta es: un acto previo de violencia”. Incluso, insistió, si la violencia es predecible, puede ser “interrumpida” (El Rotario de Chile, julio-agosto 2018).

Slutkin investigó cómo llevar a la práctica su tesis y de esa forma puso en marcha una iniciativa llamada “Proyecto Chicago para la prevención de la violencia”. En el 2000, implementó su primer programa, CeaseFire (Alto al fuego), en un barrio de contexto crítico y violento de Chicago, y tras una restructuración pasó en 2012 a llamarse Cure Violence (Curar la violencia).

Este programa se basa en tres pilares, que tal como funcionan con cualquier epidemia deberían funcionar sobre la violencia: interrumpir su transmisión, reducir el riesgo y cambiar las normas comunitarias. De esa forma, los interruptores de Cure Violence previenen la violencia al orientar a quienes están expuestos a ella en sus hogares o en la comunidad.

En 2008, Cure Violence Global inició su primera adaptación y réplica internacional de la metodología en Basora y Sadr City, Irak. Desde entonces, se han añadido programas internacionales en distintos países, entre los que se encuentran Colombia (Cali), El Salvador (San Salvador y San Pedro Mazawal), Honduras (San Pedro Sula), Jamaica (St. Catherine North y St. James), México (Ciudad Juárez y Ciudad de Chihuahua), Siria (oeste y norte), Trinidad y Tobago (Puerto España), etcétera. Por lo que Uruguay sería un nuevo país integrado a esta lista de perfil centroamericano, en donde este plan pudo haber bajado algún índice, en alguna zona en particular, pero no redujo y solucionó el problema de la violencia, ni de las bandas delictivas ni del crimen organizado trasnacional.

En una nota publicada hace unos días en El País, titulada “Suicidios, golpes a machetazos y homicidios: historias de violencia ‘evitadas’ por Cure Violence en el Cerro”, queda en cierta forma al descubierto el funcionamiento de este programa que obviamente no tiene ningún misterio, aunque deja en evidencia que el cerno del problema de la violencia se mantiene y es, en definitiva, el respeto por la institucionalidad y la autoridad que emana de ella.

De hecho, en dicha nota, se expresa que evitó “el suicidio de una joven que amenazó con hacerlo […]. Y a otros dos jóvenes, que los estaban buscando para matarlos por problemas en el barrio, lograron sacarlos a un país limítrofe. A otro chico en una situación similar, lo convencieron de que se interne en una chacra en otra zona para tratar sus adicciones”.

Aunque es evidente que se pueda salvar alguna vida por medio de la intermediación de los interruptores, se sigue interviniendo en la superficie, ya que las organizaciones criminales que actúan en un territorio siguen manteniendo no solo su presencia y sus actividades delictivas con total impunidad, sino también intimidando al barrio que los rodea. Por otra parte, también pueden generarse relaciones de alto riesgo, si el Estado, por ejemplo, a través de estos interruptores negocia algún tipo de tregua o zona liberada con las bandas. Porque el verdadero problema que enfrenta el Estado es la reconstrucción del entramado social y el desarrollo de un marco de resiliencia frente al avance de la criminalidad.

Es por eso que la semana pasada, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, en el ciclo de Desayunos de Búsqueda hizo referencia a que en materia de seguridad no se había cumplido con las expectativas, argumentando que deberíamos tener menos delitos que en 2019 y mencionando que su partido había llegado con el fin de restaurar la autoridad.

Si observamos un poco la etimología de la palabra “autoridad”, podemos ver que proviene del latín “auctoritas”, cuya raíz es “augere”, que significa: aumentar, hacer crecer, magnificar. En esa medida, la palabra “autoridad”, en un sentido político, sería aquello que hace que un gobierno, las instituciones y las leyes permitan hacer prosperar a un país o a una sociedad determinada. Lo mismo sucede con una autoridad intelectual que provoca en sus alumnos un crecimiento, un aumento de sus capacidades y saberes.

De esa forma, restaurar la autoridad significa restaurar no solo la institucionalidad de la República, sino también recuperar el contrato social en esas zonas donde el Estado ha perdido territorialidad frente al crimen. Y en esa línea, parecería fundamental fortalecer los vínculos de la ciudadanía no solo con el Estado y las leyes, sino también entre sí. No hay que olvidar que la familia ha sido la primera institución social.

Es por eso por lo que, en un momento en que la mayoría de los partidos políticos de este país parece no tener ideas claras acerca de qué hacer en materia de seguridad pública –y algunos buscan apoyarse en recetas foráneas de escasa probidad– parece importante valorar que el único partido que tiene un programa convincente en materia de seguridad es Cabildo Abierto. Pues como bien decía el senador Manini Ríos, en algunos barrios se han normalizado los tiroteos de tardecita, con un promedio de un asesinato por día, y es necesario realizar cambios significativos en seguridad pública, porque a excepción de lo que se hizo con la LUC, lo que ha venido haciendo este Ministerio del Interior es continuar las políticas en materia de seguridad que venía haciendo el Frente Amplio.