Una nueva planta de celulosa en Uruguay volvió a contaminar un arroyo y se lo ocultó al gobierno durante días

El Ministerio de Ambiente uruguayo evalúa sancionar a la finlandesa UPM por no haber comunicado a tiempo el accidente y por la reiteración de estos episodios.

La segunda planta de celulosa de la finlandesa UPM en Uruguay ha protagonizado tres accidentes ambientales de relevancia desde que inició su operación, en abril de 2023. Primero, la multinacional volcó cerca de un millón de litros de soda cáustica a un curso de agua, luego se rompió una cañería que tenía celulosa y, de forma más reciente, la empresa detectó un derrame de lixiviado a un arroyo que decidió ocultarle durante ocho días al Ministerio de Ambiente.

El lixiviado es un líquido de color negro y olor fuerte que en general se forma con los residuos producto de la descomposición de los deshechos orgánicos. La cartera evalúa aplicarle dos multas a la multinacional tras este episodio.

Cuando los técnicos de esta secretaría de Estado se enteraron del accidente ambiental, fueron hasta el lugar para recoger información complementaria, según informes del ministerio informados por La Diaria.

Del análisis surge que lo vertido al arroyo era “lixiviado de la celda de disposición final de residuos industriales” y detalla, en forma técnica, los elementos químicos que tenían los deshechos: DQO, fenoles, cloruros y sulfatos. “La empresa habría incumplido con la pauta de operación oportunamente prevista para esta instalación, habiéndose acumulado lixiviado dentro del pozo de bombeo pero también de forma incontrolada en las conducciones que hasta ese pozo acceden, en una operación que no se ajusta a lo previsto en el Plan de Gestión Ambiental de Operación vigente”, expresa el informe de Ambiente.

El documento reconoce que las acciones “inmediatas” que tomó la empresa una vez detectado el problema permitieron detener “la pérdida de lixiviado desde las instalaciones del sistema de drenaje”. El análisis que pudo hacer la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental es “limitado” porque no pudo hacer un relevamiento en el campo cuando se detectó el accidente ambiental.

El ministerio –que está integrado por esta dirección– no fue notificado a tiempo de la contingencia “como correspondía”, critica el documento, y asegura que en los datos entregados por UPM fueron insuficientes. “En el informe preliminar presentado por la empresa varios días después de constatado el hecho se encuentran indefiniciones y faltantes de información de particular relevancia para una evaluación precisa de las causas de la contingencia, del alcance concreto de las áreas y las instalaciones afectadas y también de la pertinencia de las acciones que la empresa ha adoptado y fundamentalmente de las que corresponde a futuro ejecutar”, evalúa el ministerio.

Los monitoreos realizados al arroyo el día del derrame evidencian que los niveles de pH del arroyo Sauce “excedieron los estándares de calidad de agua” que establece la normativa. Así, se configuró un “impacto ambiental” y una “nueva afectación de la calidad de agua” de ese afluente. El ministerio realiza controles periódicos de la calidad del agua del arroyo desde que se detectó el accidente del año pasado.

El derrame alcanzó “todo el arroyo Sauce aguas abajo” del lugar en el que se produjo, aunque dos días después la calidad del agua volvió a estar “dentro del rango esperable”. Si bien el lixiviado tiene “potencial contaminante”, el ministerio consideró que su intensidad fue baja, la duración “acotada” y que hubo una “rápida reversibilidad” del impacto.

Por lo tanto, evaluó que no corresponde calificar que este accidente produjo una afectación grave sobre el ambiente. “(Esto) no obsta a seguir atendiendo los eventuales efectos adicionales que esta situación pudiere generar sobre las comunidades ya que están siendo objeto de monitoreo en el arroyo Sauce como corolario de una contingencia anterior”, concluye. El informe sugiere aplicar dos sanciones por dos faltas que UPM cometió en este episodio, que deben ser consideradas como “graves”.

La primera, fue no haber realizado la comunicación a tiempo; la segunda, la “reiteración a un incumplimiento a la pauta de operación prevista”.

Las dos sanciones totalizarían unos US$ 193.000. La compañía expresó en un comunicado que la variación del pH en el arroyo fue de “baja intensidad, acotada duración y rápida reversibilidad” y no tuvo “efectos visibles” en la flora y la fauna del lugar.

Consideró que este episodio se trató de un hecho “puntual” que se logró normalizar “en menos de 24 horas”.  https://www.infobae.com/