El Gobierno del Cambio ha lanzado un Memorando de Política Pública sobre Empresas y Derechos Humanos, enfocado en asegurar que las empresas en Colombia cumplan con garantías fundamentales, tales como las laborales, el derecho a la vida, la movilización, la sindicalización y la protesta social.
La Consejera Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, Lourdes Castro García, subrayó que el memorando está diseñado para enfrentar los desafíos que impiden el respeto y la protección de los derechos humanos dentro de las actividades empresariales. “El documento aborda garantías laborales, el derecho a la vida, la movilización, la sindicalización y la protesta social, áreas donde es crucial asegurar el respeto de los derechos humanos,” afirmó.
El memorando fue discutido durante el primer semestre de 2024 con diversas instituciones del Gobierno Nacional, incluidas reuniones bilaterales con ministros y viceministros de sectores clave. Asimismo, fue presentado a la Comisión Intersectorial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), encargada de fortalecer la cooperación entre el Estado y el sector privado en la promoción y respeto de los derechos humanos.
Según lo expresado en la presentación oficial, “las empresas deben desempeñar un papel fundamental en la generación de empleo, la creación de riqueza, el bienestar social y la protección ambiental. Sin embargo, cuando no se respetan los derechos humanos, las actividades empresariales pueden tener graves impactos negativos en la sociedad y en comunidades específicas.”
Conflictos socioambientales y derechos humanos
Lourdes Castro destacó que Colombia, a nivel internacional, enfrenta serios desafíos en materia de derechos humanos vinculados a la actividad empresarial. “Lamentablemente, nuestro país se encuentra entre los primeros en el mundo en cuanto a asesinatos de líderes medioambientales, muchas veces como resultado de conflictos socioambientales con empresas que no respetan los derechos de las comunidades, pueblos étnicos y el medio ambiente”, señaló.
El memorando también identifica barreras como la débil implementación de políticas públicas, la presencia de conflicto armado, la baja rendición de cuentas y la priorización de beneficios económicos sobre los derechos humanos, todas ellas contribuyendo a la escalada de conflictos socioambientales.
El Gobierno del Cambio espera que la aplicación efectiva de este memorando ayude a desescalar la conflictividad, promover prácticas empresariales responsables y asegurar el acceso a la justicia y reparación para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
carloscastaneda@prensamercosur.org
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