El caso del juez Penal de Sentencia de Boquerón, Amado Arsenio Yuruhan, ha generado gran controversia en el ámbito judicial y ha levantado serias dudas sobre el respeto a los derechos constitucionales y legales en el proceso que enfrenta. La denuncia de Yuruhan de ser víctima de una persecución por parte del ministro de la Corte, Dr. César Garay, ha puesto en tela de juicio la imparcialidad y el respeto al debido proceso en el sistema judicial.
En una misiva enviada a la Cámara de Diputados, el juez Yuruhan expone detalladamente la supuesta persecución que ha enfrentado por parte del Dr. Garay, la cual, según afirma, se ha intensificado desde que fue imputado por acoso sexual. En su relato, Yuruhan señala que el ministro Garay habría solicitado la apertura de un sumario y la remisión del caso al Ministerio Público, lo cual considera como una violación grave de la carta magna. Asimismo, argumenta que el ministro Garay habría actuado como instigador y persecutor penal, desconociendo principios constitucionales y legales en su afán por perjudicarlo.
Es importante destacar que el juez Yuruhan hace referencia a disposiciones constitucionales y legales para respaldar su posición, citando el Art. 268 de la Constitución sobre deberes y atribuciones, así como el Art. 133 del Código Penal en relación al acoso sexual. Esta fundamentación legal es relevante para evaluar el caso desde una perspectiva jurídica y constitucional.
Además, Yuruhan también señala al ministro Garay por haber pretendido actuar como juez y parte ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, buscando ser él mismo el proponente de la suspensión del juez. Estas acusaciones plantean interrogantes sobre la imparcialidad y la ética en el ejercicio de funciones judiciales.
Cabe resaltar que el juez Yuruhan fue despojado de sus fueros por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados el año pasado, a raíz de la imputación por acoso sexual. Este hecho ha generado debate en torno a la independencia judicial y la transparencia en los procesos disciplinarios que involucran a magistrados.
En este contexto, es fundamental garantizar el respeto a los derechos fundamentales de todas las partes involucradas, incluyendo tanto al juez Yuruhan como a la presunta víctima de acoso sexual. El debido proceso, la imparcialidad y la objetividad son pilares fundamentales del sistema judicial, y su aplicación rigurosa es esencial para preservar la confianza en la administración de justicia.
Ante las acusaciones planteadas por el juez Yuruhan, es crucial que se realice una investigación exhaustiva e imparcial para esclarecer los hechos y determinar si efectivamente ha existido una persecución injustificada por parte del ministro de la Corte. Asimismo, es necesario asegurar que el proceso judicial en el que está involucrado el juez Yuruhan se lleve a cabo con estricto respeto a los principios legales y constitucionales, garantizando su derecho a la defensa y a un juicio justo.
En última instancia, este caso pone de manifiesto la importancia de fortalecer las garantías de independencia judicial y transparencia en el sistema de justicia. La confianza en las instituciones judiciales es esencial para el Estado de Derecho y para asegurar que todos los ciudadanos reciban un trato justo y equitativo ante la ley.
Esperamos que este caso sea abordado con la seriedad y responsabilidad que merece, con el fin de preservar la integridad del sistema judicial y reafirmar el compromiso con los principios fundamentales de justicia y legalidad.
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