El puerto del Gran Rosario estuvo paralizado días como consecuencia de una huelga de trabajadores aceiteros y amenazan con retomar la medida de fuerza si la patronal no responde a sus reclamos.
Unos 20.000 trabajadores mantuvieron un paro y bloqueo por una semana. Como consecuencia, más de 10.000 camiones quedaron varados en cercanías de los principales puertos de exportación, con una pérdida de unos 10 millones de dólares por día, según informaron fuentes empresarias.
Los trabajadores aceiteros reclaman un salario mínimo de un millón 550 mil pesos (aproximadamente 1.150 dólares) para quien se inicie en las labores.
Sin embargo las empresas no ceden y este martes solicitaron al Gobierno nacional que llame a Conciliación Obligatoria, una figura legal que obliga a las partes a negociar y a suspender cualquier medida de acción de fuerza, tanto por parte de los trabajadores como por las patronales.
Por un plazo de 15 días hábiles establecido por la Secretaría de Trabajo, el Estado mediará entre las partes con el fin de que lleguen a un acuerdo.
“Si en conciliación obligatoria no se mejora la propuesta, vamos a volver a hacer huelga. No entiendo por qué vamos a postergar nuestras necesidades porque las empresas quieren especular con una devaluación» dijo el secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón (FTCIODYARA), Daniel Yofra.
«Las patronales pretenden mostrarnos como trabajadores que ‘ganan mucho’, cuando estamos reclamando 1,5 millones de pesos para el que ingresa a trabajar. ¿Cuánto ganan los gerentes, los empresarios, los políticos que votaron las leyes antiobreras recientemente? ¿Cuánto ganan las multinacionales aceiteras que fugan del país el fruto de nuestro trabajo? ¿Ya no somos tan importantes como fuimos durante la pandemia, en que desde el primer día trabajamos exponiéndonos y sufriendo la pérdida de compañeros?«, expresaron en un comunicado conjunto el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) y la FTCIODyARA.
El Gran Rosario se ha consolidado como uno de los nodos portuarios agroexportadores más importantes del mundo, ocupando el segundo lugar en el ranking global y siendo superado sólo por Nueva Orleans en Estados Unidos.
Este complejo portuario y oleaginoso, ubicado a lo largo de 70 kilómetros de costa en Argentina, reúne en un solo clúster (grupo de empresas e instituciones interrelacionadas, concentradas geográficamente, que compiten en un mismo negocio) 20 puertos privados y más de 30 plantas aceiteras, entre las que destaca la planta de crushing de Renova, la más grande del mundo con una capacidad de procesamiento de 32.000 toneladas diarias.
La región no solo es un motor económico vital para Argentina, sino que también juega un papel crucial en el mercado mundial de commodities, exportando productos derivados de la soja, maíz y girasol por un valor de 20.000 millones de dólares anuales.
A su vez, las cuentas del país austral dependen en gran medida por las exportaciones que salen por esa rivera. Entre enero y junio de 2024, la agroindustria representó el 60% de las exportaciones totales del país.
Esta característica posiciona a Argentina como un competidor de élite en el sector agroindustrial global; sin embargo, detrás de este orgullo nacional yace una realidad menos visible: el 90 por ciento del volumen exportado es controlado por apenas diez grandes empresas transnacionales, como Cargill, Dreyfus y Bunge. Este dominio extranjero pone en cuestión el verdadero impacto de estas cifras en la economía local y la soberanía nacional.
Mientras que el sector oleaginoso triplicó su capacidad productiva en los últimos 30 años y Argentina produce el 11 por ciento del total de los alimentos que se consumen en el mundo, un reciente informe de UNICEF alerta que actualmente en el país más de un millón de chicos se van a dormir sin cenar.
En Argentina, la pobreza afecta a 20 millones de personas, y 8 millones padecen hambre. Detrás de esta crisis, se señala a las grandes exportadoras de cereales, que han acumulado fortunas mediante la explotación obrera y prácticas ilícitas.
Empresas como Vicentín, Bunge & Born, y Molinos Río de La Plata no solo se benefician de la exportación de granos, sino que también están acusadas de maniobras fraudulentas, estafas al Estado y especulación con productos esenciales.
Su historia de poder y complicidad se remonta al golpe de Estado de 1976, cuando apoyaron a la dictadura militar entregando listas de activistas aceiteros, lo que resultó en secuestros y desapariciones. Durante esa época, recibieron beneficios como la autorización para construir puertos privados y, en 1982, el Estado asumió sus deudas privadas, un costo que aún recae sobre la sociedad.
Hoy, esas mismas empresas siguen operando bajo un manto de impunidad, involucradas incluso en actividades ilegales como el narcotráfico en la Hidrovía Paraná-Paraguay.
Además, estas grandes exportadoras ejercen históricamente una fuerte presión sobre los gobiernos con el fin de provocar sucesivas devaluaciones del peso argentino. Este movimiento les permite aumentar sus ingresos en dólares por las exportaciones, mejorando sus márgenes de ganancia en un contexto inflacionario.
Su influencia en el ámbito económico les otorga un poder significativo para influir en decisiones gubernamentales, buscando maximizar sus beneficios a expensas de la estabilidad económica del país y de los salarios de los trabajadores.
Fuente: federacionaceitera – Página 12 – REDCOM
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