En Ecuador, es común que los intereses políticos influyan en las instituciones del Estado

El nuevo escándalo en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) despertó denuncias de ciertos sectores que dicen que hay intereses de determinados grupos políticos por tomar el control en esa institución. Rumores similares han proliferado en otras funciones del Estado, como el Consejo de la Judicatura o el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

En la Judicatura, ocurrió cuando se designó a Mario Godoy como titular, luego de que el Pleno del Cpccs escogiera primero a Dunia Martínez.

En el Cpccs, en cambio, cuando la mayoría se impuso para destituir a Nicole Bonifaz y poner en la Presidencia a Andrés Fantoni.

Esos casos fueron este año, pero en administraciones pasadas ocurrió lo mismo. Las pugnas de ese tipo entorpecen el trabajo de las instituciones, provocando un retroceso de las actividades propias de su administración, como la atención de casos electorales, en el TCE; la designación y evaluación de jueces, en la Judicatura; o la selección de autoridades de control, en el Cpccs.

El lunes 12 de agosto de 2024, tres jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se autoconvocaron para remover a Fernando Muñoz de la Presidencia del organismo y poner en su lugar a la Vicepresidenta, Ivonne Coloma, así como nombar al juez Ángel Torres como Vicepresidente.

Los jueces Coloma, Torres y Guillermo Ortega argumentaron que en la administración de Muñoz había retrasos y que no se atendía temas importantes para el funcionamiento, como el abastecimiento de combustible o el mantenimiento preventivo para los vehículos que utilizan las autoridades.

Fernando Muñoz, en cambio, argumenta que los tres jueces han intentado de entorpecer su gestión, porque no acudían a las convocatorias que emitía.

En la resolución aprobada, se cita el Código Orgánico Administrativo (COA), una norma que regula el funcionamiento de los organismos que conforman el sector público, en el que consta que es atribución de los órganos colegiados el nombramiento y remoción de los titulares.

El abogado constitucionalista André Benavides considera que la actuación de los jueces del TCE, al remover a Muñoz, es arbitraria, porque la ley que les rige es Código de la Democracia, donde no hay causales por las que el presidente pueda ser removido.

Sin embargo, Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UISEK, considera que sí es una actuación legal porque el COA también rige al TCE, aunque explica que debería primar el principio de estabilidad de la administración pública, es decir, que las autoridades permanezcan en sus funciones. Además, dice que se utiliza esa ley para los fines que no están previstos.

Muñoz presentó una denuncia por arrogación de funciones y una acción de protección con medidas cautelares para que las decisiones de Coloma no tengan validez.

En la sesión de ayer, 13 de agosto, solo se presentaron los tres jueces que ahora conformarán la mayoría.

El interés por controlar el TCE está en que el organismo tiene la potestad de decidir sobre asuntos de justicia electoral, como denuncias por violencia política de género o pronunciarse ante faltas de partidos, movimientos y candidatos.

Hay casos importantes que están en manos de los jueces electorales. Por ejemplo, la denuncia que presentó el consejero de Participación Ciudadana, Esteban Guarderas, contra la vicepresidenta Verónica Abad. Esto, por una presunta campaña electoral anticipada en las elecciones seccionales de 2023, cuando era candidata a la alcaldía de Cuenca.

También hay dos denuncias contra Daniel Noboa: una por campaña anticipada, y otra por violencia política de género, presentada por Abad.

El expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Carlos Aguinaga, dice que es tradicional que las organizaciones políticas ejercen presión sobre los dignatarios de las instituciones del Estado, para conseguir beneficios particulares y detalla que no es algo que pasa solo en el TCE.

La misma figura legal se utilizó para remover a Nicole Bonifaz de la presidencia del Cpccs y poner a Andrés Fantoni. En esa ocasión, la autoconvocatoria vino de los consejeros Mishelle Calvache, Juan Esteban Guarderas y Fantoni.

Ron y Benavides temen que se pueda utilizar el mismo artículo del COA en otras instancias, como la Corte Constitucional o la Corte Nacional de Justicia.

La función de Participación es una de las que más reclamos por intromisiones externas acumula, en otras ocasiones se utilizaron medidas cautelares.

Sin embargo, el Consejo de la Judicatura no se queda atrás. Desde Gustavo Jalkh a Wilman Terán, los reclamos por las intromisiones de grupos políticos fueron recurrentes. Lo mismo ocurrió en administraciones pasadas del Consejo Nacional Electoral (CNE)

Ron dice que no se puede evitar que eso pase, aunque la designación de las autoridades viene de concursos de méritos y oposición. De hecho, la pregunta que se hace a cada nueva autoridad es a que institución responde.

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