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Gran parte de la cocaína que llega a Europa involucra la ruta desde los puertos de Ecuador al puerto de Amberes, en Bélgica.
Además de la recesión mundial, la caída de la demanda y los bajos precios, los exportadores ecuatorianos enfrentan los crecientes problemas de infiltración de sus contenedores con drogas.
Esa infiltración representa altos costos de seguridad y reputación, debido a que sus actividades formales y honestas se ven enturbiadas con la red de corrupción y de intereses que han tejido las mafias.
Uno de los mercados de la droga más creciente es el europeo. Según los resultados de la operación Sky ECC, que tomó dos años, cada vez más cocaína y metanfetaminas producidas en Colombia y Perú se esconden en contenedores de exportaciones legítimas y llegan a Europa siguiendo la ruta de puertos de Ecuador, al puerto de Amberes, en Bélgica.
El negocio es inmensamente lucrativo. El principal beneficio no está en la venta al por menor o la producción, sino en el transporte.
El margen de un productor de cocaína puede ser de hasta el 150% sobre el costo mientras el margen de la venta al consumidor llega al 300%.
Sin embargo, el transporte desde el origen al mercado final genera un retorno de 1.500%
Esto permite que, dentro del modelo de las mafias, se busque enviar la mayor cantidad posible de contenedores infiltrados con droga; a pesar de que se puede perder entre el 10% y 20% de la carga en los controles aduaneros.
Cargas predilectas
Los narcotraficantes aprovechan los envíos de fruta fresca, como el banano ecuatoriano, para llevar droga desde Sudamérica a Europa.
Esto se debe a que la fruta fresca es una de las principales exportaciones desde Sudamérica, por lo que a priori no despiertan alertas al entrar a Europa.
Además, son productos perecederos que necesitan una distribución rápida y normalmente se gestiona para que pasen sin mucho trámite e inspección.
A mediados de 2023, PRENSA MERCOSUR publicó una nota en la que se reflejaba la creciente preocupación de que se infiltre cocaína u otro tipo de sustancias ilícitas dentro de contenedores con exportaciones lícitas.
El problema se ha agravado desde ese momento. Desde el Gobierno de Lasso y Novoa se impulsa la instalación de escáneres de inspección en los puertos nacionales.
Según Felipe Ribadeneira, presidente de la Federación de Exportadores del Ecuador (Fedexpor), se ha calculado que solo el costo de escaneo será de $25 millones anuales.
Ese costo será asumido por todo el sector exportador, pero sin contar obviamente con todos los otros recargos logísticos. La situación pondría a los exportadores ecuatorianos en desventaja frente a otros países en los que la seguridad es asumida por el Estado.
“Ya venimos asumiendo el costo de las inspecciones pre embarque, en donde abren el contenedor de forma manual. Eso tiene un costo más o menos de 200 dólares por contenedor”, dijo Ribadeneira.
Trabajo conjunto
El sector exportador ha aclarado que no está en contra de los controles y los escáneres. Es más, su preocupación ha llegado a propiciar reuniones con el Director de Antinarcóticos de la Policía y el Director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Esas reuniones tuvieron como objetivo impulsar el trabajo en dos frentes. Por un lado, la capacitación en prevención para todos los empleados y los exportadores: manual de buenas prácticas, estrategias y alertas.
Por otro lado, el establecimiento de mecanismos más eficientes, debido a que la Policía notifica de una inspección con dos horas de anticipación y las empresas exportadoras no pueden enviar a tiempo un delegado al puerto.
Esto hace que se posponga la inspección, se pierda tiempo e incluso el espacio en el buque, con consecuencias perjudiciales para las exportaciones perecederas.
En los puertos
Ribadeneira explicó que la contaminación, en muchos casos, se genera dentro de los puertos, donde el sector exportador ya no tiene responsabilidad.
Xavier Rosero, vicepresidente ejecutivo de Fedexpor, recalcó que todavía no tiene un cálculo completo de a cuánto asciende la afectación al sector exportador.
No solo están los costos de una eventual incautación de la mercadería o que la mercadería quede congelada. También, se debe tomar en cuenta la pérdida de clientes en el exterior; además de todos los procesos legales como ir a la Fiscalía y contratar abogados para enfrentar el proceso donde se debe determinar cómo se produjo la contaminación y si es responsabilidad de la empresa.
De acuerdo con Rosero, todos estos procedimientos multiplican hasta 10 veces los $200 que ya se incurren por cada contenedor inspeccionado.
“Se puede superar el propio costo de la carga. Estamos hablando de contenedores que pueden llegar a costar $20.000 o $100.000”, afirmó.
Ribadeneira complementó que esta situación está desalentado a muchas empresas que quieren exportar; pero no quieren verse involucradas en todos estos problemas.
Fedexpor está preparando un informe especial sobre los costos y los impactos totales del creciente problema de infiltración de contenedores con droga.
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