Imagen Cortesía – Jurista Colombiano , German Calderón España
El destacado jurista colombiano Germán Calderón España ha presentado una demanda ante el Consejo de Estado contra el Decreto 1077 del 23 de agosto de 2024, emitido por el Gobierno Nacional bajo la administración del presidente Gustavo Petro. Este decreto, que introduce modificaciones significativas en la estructura de la Dirección Nacional de Inteligencia, ha suscitado controversia y preocupación en diversos sectores, resultando en al menos dos demandas judiciales hasta la fecha.
Calderón España, en su demanda, argumenta que las disposiciones contenidas en el decreto afectan gravemente derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad, el debido proceso, la presunción de inocencia, y las libertades de expresión, opinión e información. Estas normas, señala el jurista, otorgan a la Dirección de Contrainteligencia amplias facultades para planear, coordinar y ejecutar actividades de recolección de información y contrarrestar riesgos para el ordenamiento constitucional, lo que podría tener implicaciones serias en la vida privada de los ciudadanos y en la labor de servidores públicos, incluidos magistrados de las altas cortes.
Según Calderón España, el Decreto 1077 transgrede el artículo 152 de la Constitución Política, que establece que cualquier regulación relacionada con los derechos fundamentales y las funciones de la Dirección de Contrainteligencia debe realizarse mediante una ley estatutaria, no a través de un decreto presidencial. Esta reserva de ley estatutaria es esencial, argumenta, para asegurar que tales medidas sean debatidas y aprobadas por el Congreso de la República, garantizando así un control democrático y una protección adecuada de los derechos fundamentales.
El jurista subraya que, de no ser anuladas las disposiciones del decreto, el Gobierno Nacional podría estar facultado para realizar interceptaciones y otras acciones de vigilancia que podrían extenderse a servidores públicos de alto nivel, como magistrados, lo que representa una amenaza directa al equilibrio de poderes y a la independencia judicial.
Además de la demanda presentada por Calderón España ante el Consejo de Estado, se espera una segunda acción legal que será llevada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según han informado fuentes cercanas al caso. Esta acción internacional busca examinar el decreto desde la perspectiva de los compromisos de Colombia en materia de derechos humanos a nivel global, lo que podría intensificar la presión sobre el Gobierno Nacional para reconsiderar la implementación de estas medidas.
El caso ha generado un debate en la esfera pública y jurídica sobre los límites de la contrainteligencia en un estado de derecho, y sobre el rol del Congreso en la creación de normas que afecten derechos fundamentales. Calderón España, conocido por su defensa de los derechos constitucionales, ha instado a las autoridades a actuar con prudencia y a respetar los mecanismos constitucionales que protegen las libertades individuales y la integridad del ordenamiento jurídico en Colombia.
carloscastaneda@prensamercosur.org
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