Santa Cruz cumplirá este viernes un paro 24 horas en rechazo a los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2024, de acuerdo a una de las determinaciones asumidas por la Asamblea Extraordinaria de la Cruceñidad, convocada por el Comité pro Santa Cruz.
Según la Universidad Gabriel René Moreno, a Santa Cruz le escamotearon más de 300 mil habitantes, según un estudio realizado por esa casa de estudios superiores con base el censo de 2012.
El informe que mostró la omisión de 373.562 habitantes fue explicado por la demógrafa Melvy Vargas, quien lideró un comité técnico del que fueron parte profesionales de la Uagrm, de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra y de la Gobernación de la región.
Ante ese informe, en el documento leído por el presidente del ente cívico, Fernando Larach, se rechazó los resultados del Censo, difundido por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y se denunció que hubo un “fraude” que afectó a cientos de miles de habitantes en la región y el país.
“Como medida de protesta, ante el fraude Censal del INE y promovido por el Gobierno central, se declara paro cívico departamental de 24 horas, el mismo que se hará efectivo a partir de las 00.00 de este viernes 6 de septiembre”, señala la medida asumida.
Otra de las acciones asumidas es la conformación de una comisión técnica integrada por la Gobernación, la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) y el Comité Pro Santa Cruz para continuar con los trabajos técnicos, encuestas o conteos “que sean necesarios” para documentar y corroborar la “irregular y dolorosa ejecución del Censo”.
Con esa información, según la resolución, se busca gestionar la apertura de un proceso penal y, si corresponde, un juicio de responsabilidades contra “quienes resulten implicados en semejante estafa”.
También se exigió a los miembros de la Brigada Parlamentaria Cruceña la elaboración y trámite, en las instancias que correspondan, de una ley que viabilice la encuesta intercensal correctiva para que en la próxima legislatura se tengan indicadores demográficos “confiables y actualizados” para su aplicación inmediata en la asignación de recursos económicos a las entidades territoriales autónomas.
Se pidió además a los legisladores nacionales cruceños extremar las gestiones para lograr la abrogación y derogación de las leyes “incendiarias”, mientras que al Ejecutivo nacional, se demandó la abrogación de los decretos supremos que hacen parte de las “normas incendiarias”.
Otro de los puntos aprobados fue construir e impulsar en todo el país la concertación de un proyecto de pacto fiscal que, junto al resto de los departamentos y municipios de Bolivia, para generar una nueva estructura de distribución porcentual de recursos públicos que “acapara el centralismo en perjuicio de los departamentos, municipios y universidades”.
De cara a las próximas elecciones generales de 2025, se reiteró la exhortación a los partidos políticos a conformar una alianza nacional para derrotar al Movimiento Al Socialismo (MAS).
hoybolivia.com
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