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El Gobierno uruguayo está ultimando los detalles para sumarse a la demanda, vigente desde 2018, y presentada en primera instancia por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú
El Gobierno de Uruguay está ultimando los detalles para sumarse a la denuncia contra Venezuela presentada ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad, una medida con la que busca ejercer una mayor presión sobre el dictador, Nicolás Maduro, a medida que se ahonda la crisis política en el país caribeño.
La denuncia, vigente desde 2018, fue presentada en primera instancia por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú. Argentina, que retiró su apoyo a la misma en 2021 durante el Gobierno de Alberto Fernández, solicitó el año pasado su reincorporación.
Los países demandantes instaron ya hace seis años al tribunal a investigar posibles crímenes de lesa humanidad y abusos de Derechos Humanos ocurridos en Venezuela desde 2014 bajo el régimen de Maduro.
Ahora, el Gobierno uruguayo ha pedido también sumarse a la demanda, según han confirmado fuentes del Ministerio de Exteriores al diario uruguayo El Observador. En este sentido, el país latinoamericano se encuentra preparando los documentos y argumentos jurídicos necesarios para unirse a la denuncia.
La decisión llega a medida que el chavismo se niega a publicar los resultados electorales de los comicios celebrados a finales de julio en Venezuela y que, según la oposición, son fraudulentos.
En ese sentido, el Consejo de Seguridad de la ONU trató hoy por vez primera la situación en Venezuela tras las controvertidas elecciones del pasado 28 de julio, pero la sesión fue meramente informativa y no se atisba por el momento ninguna resolución al respecto.
![Imagen de archivo de Nicolás Maduro (EFE/ Miguel Gutiérrez)](https://www.infobae.com/new-resizer/NaF3u8mBU8j6HWA2ZxSHQOfWuFs=/420x280/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/3T45NQCMNVGL5BCRQLJWLRTUII.jpg 420w)
La sesión, a puerta cerrada, fue solicitada por Ecuador, único miembro latinoamericano del Consejo, y consistió en la lectura de un informe de la Secretaría General y de un debate posterior entre los miembros en el que salieron a relucir algunas diferencias, según reconoció posteriormente el embajador de Ecuador, José Javier De la Gasca.
De la Gasca dijo que llevó el caso de Venezuela al Consejo para que éste “cumpla con su papel de prevención de conflictos”, después de que la polémica sobre la legitimidad de las elecciones presidenciales en Venezuela se haya traducido en “la represión del pueblo venezolano que reclama se respete su voluntad expresada en las urnas”, y recordó al respecto los mandatos de arresto contra Edmundo González Urrutia y otros líderes opositores.
Según algunas fuentes, Rusia y China defendieron hoy la legitimidad de la reelección de Nicolás Maduro -ambos países ya le han felicitado por su victoria-, frente a la actitud de otros miembros. “Ellos tienen sus posturas -afirmó De la Gasca-, pero nosotros nos preocupamos por la estabilidad regional”, dijo, tras reconocer esas “divisiones naturales” entre los miembros.
Sobre la posibilidad de que se celebre un debate abierto consagrado a la situación en Venezuela y que el caso merezca incluso una resolución del Consejo, el embajador de Ecuador no lo confirmó, pero sí insistió en que “es necesario que el Consejo siga la evolución de la situación en Venezuela dadas las implicaciones en la estabilidad regional y la paz interna”.
(Con información de EP y EFE)
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